Armando Vidal.
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La Cámara de Diputados aprobó anoche la reforma del Consejo de la Magistratura, luego de un extenso debate que mostró posturas irreconciliables entre legisladores oficialistas y opositores.
La iniciativa en general registró 148 votos a favor, 89 en contra y 2 abstenciones.
Después, y con rapidez, se votaron todos los artículos en particular, con resultados similares a los de la votación en general, en base a alianzas logradas por el kirchnerismo.
Fue además una muestra de poder logrado desde el poder, con el apoyo clave de ex duhaldistas que integran un bloque que boya en aguas internas agitadas. Entre los súbitamente mutantes estuvo la ex macrista Paola Spatola, desde ayer kirchnerista.
El nuevo Consejo de la Magistratura regirá a partir de las designaciones que se realicen desde el 16 de noviembre. Y la nueva integración del Jurado de Enjuiciamiento lo hará a partir del 1º de marzo de 2007.
Al Consejo —que se reduce de 20 a 13 miembros— lo compondrán tres jueces; tres senadores y tres diputados (en ambos casos dos por la mayoría y el restante por la minoría); dos abogados de la matrícula federal elegidos por voto directo entre los matriculados; un representante del Poder Ejecutivo y, por último, otro proveniente del ámbito académico.
El Jurado de Enjuiciamiento tendrá siete integrantes: dos jueces de cámara (uno del fuero federal del interior y otro de la Capital); cuatro legisladores (dos por cada Cámara, representantes de la mayoría y minoría) y un abogado de la matrícula federal también elegido. Tendrá una actuación sólo cuando lo convoque el plenario del Consejo y, en consecuencia, deja de ser permanente como el actual.
El salteño Juan Manuel Urtubey, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y el bonaerense Luis Cicogna, ambos kirchneristas, fundamentaron el voto afirmativo. Urtubey desestimó de plano toda posibilidad de consenso porque en tal caso en lugar de disminuir el organismo «saldría de aquí el doble de grande». Cigogna, que hizo esfuerzos para moderar su estilo pasional, cotejó al Consejo local con el de Francia, cuyo vicepresidente es el ministro de Justicia y el de Italia, donde las acusaciones a jueces deben provenir del Ministerio de Justicia. «Un poco de tino, un poco de silencio», pidió a corporaciones de abogados que «colaboraron» con la dictadura y hoy rechazan los cambios.
Fue en esa instancia que Elisa Carrió, la líder del ARI, logró una interrupción para explicar cómo la bancada radical que ella integraba en 1998 logró incorporar la representación parlamentaria de la segunda minoría que es la que ahora se pierde. Luego amplió la visión y señaló la diferencia entre la discusión de la ley en la era menemista, que la posibilitó, a la circunstancia actual donde se hace, dijo, lo contrario.
El radical cordobés Mario Negri cargó contra el proyecto por «violar» la Constitución al instalar dentro del Consejo el principio de que la mayoría electoral debe gravitar en un organismo de control. «¿Por qué el apuro?», inquirió abriendo una duda que luego hizo suya su comprovinciana Norma Morandini (partido Nuevo, de Luis Juez). «Hablemos de los males, no de los malos», dijo en evocación a un respetado maestro de periodistas. Uno de esos males, según la legisladora, es el apremio con que el proyecto de Cristina Kirchner se votó el 22 de diciembre cuando la ley que se modifica se votó cuatro años después de la reforma de la Constitución.
Federico Storani, radical y miembro del Consejo de la Magistratura, pidió un intermedio de 90 días para la conciliación, mientras que Claudio Lozano (ATE) comparó la diferencia de lo que se consagra con esta reforma a los Consejos de Santa Cruz, Chubut y Entre Ríos, donde algunos de los consejeros son elegidos por voto de la gente.
En nombre del macrismo habló Jorge Vanossi para profundizar argumentos del rechazo. La arista Marcela Rodríguez, que integró el Consejo, explicó que con 5 consejeros del Gobierno se pueden bloquear decisiones que requieran los dos tercios para promover o acusar a un juez.
