El Departamento de Defensa de Estados Unidos presentó un documento en el que por primera vez dio a conocer nombres de detenidos en la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba.
La ONU ha pedido el cierre del centro de detención.
Se trata de las transcripciones de las audiencias en los Tribunales de Revisión de Condición de Combatiente, en los que se determina si el detenido puede ser considerado «enemigo combatiente» y eventualmente sometido a juicio.
El documento, de aproximadamente 6.000 páginas, se publicó en el sitio de internet del Pentágono, que se vio forzado a hacerlo de conformidad a la Ley de Libertad de Información, a raíz de una demanda de la agencia de noticias Associated Press (AP).
No es la primera vez que se publican las transcripciones, sólo que ahora los nombres de los procesados no están tachados como en ocasiones anteriores.
Sin embargo, es posible que no se sepa el nombre de todos los recluidos en la base naval, la mayoría de ellos capturados durante la guerra en Afganistán.
Los Tribunales de Revisión no han analizado los casos de todos los que todavía están detenidos -unas 500 personas- por lo que algunos nombres no serán revelados en las transcripciones.
¿Qué cambia?
Durante casi los cinco años que Guantánamo funciona como centro de detención, el gobierno estadounidense se había negado a identificar a los detenidos, aduciendo razones de seguridad nacional.
Con esto se podrá saber dónde fue detenida la persona, si efectivamente se trataba de un combatiente, si estaba en el campo de batalla o no
José Miguel Vivanco, Human Rights Watch
Ahora presentaría esa información por una confluencia de razones: la creciente presión internacional, con voces que incluso piden el cierre de la instalación, y el que posiblemente ya se ha obtenido la información necesaria.
El director de la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, le aseguró a BBC Mundo que es un paso «útil desde el punto de vista humanitario y jurídico».
«Con esto se podrá saber dónde fue detenida la persona, si efectivamente se trataba de un combatiente, si estaba en el campo de batalla o no», dijo.
Para un coronel retirado del ejército de EE.UU., Erick Rojo, la nueva información no va a representar un peligro a la seguridad de los EE.UU.
«Al-Qaeda no tiene confirmación de quién está allí y qué información proviene de estas personas. (…) Pero a estas alturas la mayor parte de la información que nos pudiesen dar ya está a la mano y no va a ser tan crítico que ellos sepan quienes son nuestros prisioneros», le explicó a BBC Mundo.
«Hasta Saddam tiene abogado»
Esta semana empezaron en Guantánamo las audiencias del tribunal militar que analizará las acusaciones contra los primeros 10 detenidos a quienes se les ha abierto juicio.
Se calcula que hay cerca de 500 prisioneros en Guantánamo.
Uno de ellos es el argelino Sufyian Barhoumi, acusado de entrenar a miembros de al-Qaeda en la fabricación de explosivos para ser usados contra tropas estadounidenses en Afganistán.
Otro es el yemení Ahmad Sulayman al Bahlul, supuesto guardaespaldas de Osama Bin Laden, a quien se le acusa de conspirar para atacar propiedad y objetivos civiles.
Sulayman se ha negado a aceptar el abogado militar que le asignó el tribunal para su defensa y pide ser representado por un yemení.
Las reglas del tribunal exigen que la defensa la ejerza un ciudadano estadounidense, con licencia para trabajar en el país, y que sea militar, porque manejará documentos que pueden afectar la seguridad nacional y que no podrán ser vistos por el acusado.
«Hasta Saddam Hussein tiene su propio abogado», declaró Neal Sonnett, encargado de seguir el proceso en nombre de la Asociación de Abogados Estadounidenses.
La legalidad de los tribunales militares, los primeros establecidos desde la Segunda Guerra Mundial, será analizada por la Corte Suprema de Justicia a finales de marzo.
¿Alimentar o torturar?
Mientras tanto en Washington, un tribunal federal analiza si la alimentación forzada de prisioneros que se han declarado en huelga de hambre puede ser calificada como tortura.
Un tribunal analiza si la alimentación forzada puede calificarse como «tortura».
Según el Pentágono, desde agosto de 2005, 43 prisioneros han sido alimentados «a la fuerza» usando tubos nasogástricos.
Los abogados que piden el fin de la práctica dicen que ésta resulta dolorosa y es equivalente a torturar al detenido, pero el Pentágono niega que la intención sea infligir dolor.
El director de Human Rights Watch le dijo a BBC Mundo que obligar a alguien a comer «no es tortura» y que el Estado tiene la obligación de evitar que una persona se quite la vida, pero que «todo depende de cómo se hace».
«Si eso se hace de un modo degradante, con el afán de castigar al prisionero para que no le queden ganas de seguir con su huelga de hambre, evidentemente que estaríamos frente a una práctica cruel e inhumana» dijo Vivanco, quien reconoce que no hay información que permita concluir que ese sea el caso.
Según asociaciones médicas, hay un principio ético según el cual se presta ayuda sólo con el consentimiento del paciente. Pero en todo centro de detención, las autoridades deben velar por evitar el suicidio de los reclusos.
«Si yo tuviera como oficial la responsabilidad, no dejaría que se murieran y, dentro de lo humanamente prudente, les daría los sistema de sustento para que no se vayan a morir», le aseguró a BBC Mundo el coronel retirado Erick Rojo.
