Tráfico de niños es cifra negra en Perú

RICK VECCHIO / AP LIMACuando hace cinco meses se descubrió el cadáver de Claudina Herrera a la vera de un camino, doblado en posición fetal dentro de una caja de cartón, la causa de la muerte resultó evidente: el vientre de la muchacha de 18 años a punto de dar a luz había sido abierto de un tajo y el bebé ya no estaba.
Días después, la bebé nacida prematuramente fue localizada en la sala de terapia intensiva de un hospital público, y la mujer que había aparecido con la recién nacida –cubierta de sangre y diciendo que había dado a luz en un taxi– fue arrestada junto con otras cuatro personas. Más adelante se descubrió que era estéril.
El asesinato de Herrera para robarle la hijita por nacer estremeció a Perú y sirvió de macabro recordatorio de la situación a principios de la década del 90, cuando la corrupción en los procedimientos de adopción provocó una ofensiva para contrarrestarlos.
También sugiere que una industria ilegal sigue floreciendo: el Dr. Luis Bromley, jefe del Instituto de Medicina Legal, dependencia del Ministerio Público o Fiscalía, dijo que los supuestos perpetradores pertenecen a una de por lo menos una docena de bandas que trafican bebés en el país.
La policía peruana, en colaboración con Interpol, el FBI e investigadores de España, Colombia y otros países, dicen que han desbaratado una de las operaciones clandestinas.
El mes pasado un alemán y su esposa peruana fueron acusados de vender un bebé por $16,870 a una alemana, que fue detenida con la criatura en Ecuador. La policía cree que durante más de un año la pareja ha estado comprando recién nacidos a mujeres pobres y luego sobornando a funcionarios en los pueblos aislados de la selva para falsificar certificados de nacimiento.
A fines de la década del 80 y comienzos del 90, Perú era notorio por sus adopciones relativamente rápidas y fáciles. Miles de parejas extranjeras llegaban al país y sólo los estadounidenses adoptaron más de 720 bebés peruanos en 1991. Eso cambió después de una serie de escándalos en los que supuestamente fueron secuestrados bebés de familias pobres y sobornados abogados y jueces para falsificar documentos.
El gobierno peruano creó la Secretaría Nacional de Adopciones para hacer cumplir nuevas regulaciones tan burocráticas y engorrosas que el número de adopciones legales de extranjeros cayó a sólo 92 en el 2004. Pero los activistas dicen que las restricciones sólo pueden haber sumergido la industria en una mayor clandestinidad.
»Es una situación que favorece la proliferación de esas bandas de traficantes y crea los mercados y las condiciones para que operen esas redes internacionales», opinó Sandra Soria, directora ejecutiva del Instituto para la Infancia y la Familia, organización sin fines de lucro. Dijo que era imposible saber cuántos niños son vendidos cada año, no solamente para adopción sino también para trabajos forzados y trata de blancas.
»La mayoría de los casos de tráfico de niños no se reporta», dijo Soria. «Por lo general son vendidos voluntariamente por sus padres».
Soria añadió que el caso de Herrera era un ejemplo típico de cómo las bandas sofisticadas infiltran las clínicas de salud pública en busca de mujeres vulnerables. Bromley explicó que en el caso de Herrera «no debe haber una ni dos ni cinco personas, sino más bien una mafia».
Lo que agrava ese caso es que Herrera apareció muerta. »No existe un precedente similar para la muerte de Claudina Herrera», dijo Bromley. «Estas mafias no funcionan asesinando mujeres para obtener bebés».

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