Tras enterarse por EL MUNDO de que había redactado hace 17 meses un informe sobre los hechos, el juez tomó declaración el jueves al policía responsable de la recogida y control en la estación de El Pozo – El inspector Miguel Angel Alvarez aseguró a Del Olmo que aquella mañana sólo vio una bolsa del peso y las características de la que sirvió para realizar las primeras detenciones tras el 11-M – Cuando el magistrado le mostró la que fue descubierta en la comisaría de Vallecas, el policía negó rotundamente que se tratara de ésa, y concretó que había diferencias en la forma, el color y las asas
El jueves día 9 de marzo el instructor del caso 11-M recibía en su despacho de la Audiencia Nacional, para tomarle declaración, al inspector jefe de Policía Miguel Angel Alvarez.
Juan del Olmo se había enterado por EL MUNDO (6-3-2006) de la existencia de Alvarez y también de que este funcionario, encargado de la custodia de los objetos recogidos en el tren que hizo explosión en la estación de El Pozo, había remitido un escrito precisamente a la Dirección General de la Policía, nada menos que el 25 de octubre de 2004, en el que ponía de manifiesto algunos hechos que podían poner en cuestión la validez de la prueba fundamental sobre la que se asienta la investigación de todo el caso: la mochila, mejor dicho, la bolsa que contenía la bomba desactivada por los Tedax en la comisaría de Puente de Vallecas en la madrugada del 12 de marzo de 2004.
Del Olmo tomaba declaración al inspector Alvarez el mismo día en que la Dirección General de la Policía remitía al juez instructor y a todos los medios de comunicación una nota calificando de «falsedades» dos informaciones de gran alcance publicadas por EL MUNDO,
Tras leer la información que publicó este diario el pasado lunes, el juez Del Olmo pidió a la Dirección General de la Policía que le remitiera el escrito del inspector jefe Alvarez y, a la luz de lo expuesto en el mismo, pudo comprobar no sólo que se correspondía fielmente con lo publicado por EL MUNDO, sino algo mucho más preocupante para él: que dicha Dirección General se lo había ocultado durante ¡casi 17 meses!
Eran las 13.00 horas del jueves 9 de marzo cuando el funcionario se encontró frente a frente con el juez. Tranquilamente, como si quisiera comenzar de nuevo la instrucción del sumario, Del Olmo fue repasando punto por punto lo sucedido el día 11 de marzo de 2004. Desde que estallaron las bombas en los trenes de cercanías que se dirigían hacia Madrid alrededor de las 7.30 de la mañana, hasta que, por fin, y tras un trasiego de difícil explicación, la famosa bolsa recaló en la comisaría de Puente de Vallecas poco antes de las 22.00 horas de ese mismo día.
Alvarez le explicó su función el día de autos: custodiar todos los objetos que se encontraron en torno al tren que saltó por los aires en la estación de El Pozo tras la explosión de dos bombas colocadas en los vagones cuarto y quinto con un trágico balance: 67 muertos.
El funcionario de Policía le dio detalles de cómo se fueron amontonando los objetos, después de ser revisados por los Tedax. Ese paso previo es muy importante, ya que antes de transportar cualquier objeto, tras una masacre provocada por bolsas o mochilas bomba, es preceptivo que los técnicos en desactivación de explosivos los revisen uno a uno, para evitar, lógicamente, que cualquiera de ellos pueda provocar más muertes al contener un nuevo artefacto.
De no haberlo hecho, los Tedax hubieran cometido una gravísima negligencia que podría acarrearles un expediente disciplinario, como poco.
Hay que tener en cuenta que en la estación de Atocha había aparecido una bomba sin explotar sobre las 8.30 horas y que en la propia estación de El Pozo, más o menos sobre esa hora, un miembro de la Policía Municipal de Madrid (Jacobo Barrero) había localizado una mochila que contenía unos cinco kilos de dinamita. Las dos fueron explosionadas por los Tedax.
Una vez que éstos inspeccionaron los objetos que había en el interior de los trenes, efectivos del Cuerpo de Bomberos de Madrid los fueron sacando al andén y, por orden del inspector Alvarez, se fueron agrupando en dos grandes montones.
El inspector jefe Alvarez, que en todo momento supervisó la colecta de objetos, llamó la atención a la titular del Juzgado número 49 de Madrid, Josefa Bustos, que actuaba como juez de apoyo en el levantamiento de cadáveres, sobre la posibilidad de que alguna de las bolsas que se estaban apilando pudiera contener algún explosivo. Sin embargo, la juez ordenó al inspector jefe que no revisaran el interior de los bolsos y mochilas que se habían apilado en el andén. De hecho, ese trabajo ya lo habían hecho los Tedax.
Alvarez llama la atención sobre un hecho. Entre todos los objetos, la mayoría no muy pesados, una bolsa como la que le mostró el juez le hubiera llamado la atención, como lo hizo la que él recordaba, pero que no se parecía a la que apareció en la comisaría de Puente de Vallecas.
Posteriormente, empleados del Selur (Servicio Especial de Limpieza Urgente), siempre bajo la supervisión del inspector jefe Alvarez, los introdujeron en 12 bolsones de basura de color verdoso.
Una vez hecho esto, sobre las 15.00 horas, los bolsones se depositaron en dos furgones policiales que los llevaron, primero a la comisaría de Villa de Vallecas y, posteriormente, siguiendo una orden del jefe de Sala del 091, se trasladaron al Pabellón 6 de Ifema, donde permanecieron durante más de cuatro horas hasta que, finalmente, fueron llevados a la comisaría de Puente de Vallecas, al frente de la cual se encontraba Rodolfo Ruiz Martínez.
El funcionario de Policía insistió ante el juez en la imposibilidad de mantener que la bolsa que contenía la Goma 2 Eco, con la metralla, el detonador y el teléfono móvil, formara parte de los objetos recogidos en El Pozo, ya que en el lugar de los hechos la juez no ordenó que se hiciera un inventario de los mismos.
Aun así, el juez Del Olmo inquirió al policía si podría reconocer, de entre los objetos que se amontonaron aquel día tras el atentado, la bolsa que contenía la bomba.
Alvarez le dijo al instructor que él se acordaba de una bolsa que pesaba mucho, y que le llamó la atención porque la mayoría de los enseres que se recogieron durante esa trágica mañana eran poco pesados: bolsos de señora, libros, pequeñas mochilas, carteras, etcétera.
Del Olmo insistió en que el inspector jefe Alvarez le asegurase si podría reconocer la bolsa que a él, de entre los objetos recogidos en El Pozo, le llamó la atención por su peso (hay que recordar que, además de los más de 10 kilos de Goma 2, había otro kilo de clavos, el móvil, el detonador, etcétera). El funcionario le respondió afirmativamente, así que el juez mandó traer la bolsa en la que se encontraba la bomba desactivada para comprobar si era, en efecto, la misma.
Para sorpresa del juez, Alvarez fue rotundo: aquélla no era la bolsa que él recogió de El Pozo. La que se amontonó junto al resto de objetos el día 11 de marzo era, según declaró el inspector jefe al juez, más alargada y más baja, tenía las asas más cortas, era de un color azul distinto y, sobre todo, era mucho más vieja.La bolsa que le mostró Del Olmo era prácticamente nueva, impecable.
El juez decidió incorporar al sumario su escrito remitido a la Dirección General de la Policía el 25 de octubre de 2004 y, por supuesto, su declaración, que deja en evidencia la prueba fundamental del caso 11-M.
La famosa bolsa azul que contenía la bomba que terminó en la comisaría de Puente de Vallecas fue exhibida sorprendentemente, a las pocas horas de ser encontrada, por la cadena de televisión norteamericana ABC. Sin que los Tedax se lo explicaran muy bien, sobre las cuatro de la madrugada del día 12 de marzo, cuando se trasladaron desde la Comisaría de Puente de Vallecas a la sede central de la Policía Científica, situada en el complejo de Canillas, había esperando un equipo de la cadena de televisión norteamericana. A dicho equipo se le dieron todas las facilidades para filmar la bolsa, el móvil, la Goma 2 y el detonador. Algo que no sólo no se permitió a ningún periodista español, sino que va contra toda la lógica en una investigación abierta y cuyos pasos deben mantenerse en el más absoluto secreto. ¿Quién tenía tanto interés en que la bolsa se exhibiera a todo el mundo?
Si la furgoneta Renault Kangoo encontrada en las cercanías de la estación de Alcalá, con los detonadores, un pedazo de envoltorio de cartucho de dinamita y una cinta con versos coránicos, supuso un mazazo para la teoría que mantenía el Gobierno de Aznar sobre la responsabilidad de ETA en el atentado del 11-M, la bolsa de Vallecas (o la mochila de Vallecas, como se la conoce popularmente) iba a ser la puntilla para esa teoría.
En el interior del teléfono que servía de temporizador de la bomba había una tarjeta prepago de la compañía Amena que se correspondía con el número 652282963. A partir de esa tarjeta, que se había activado en la tarde del día 10 de marzo, la Policía llegó el viernes 12 por la tarde a la tienda de Alcorcón de los indios Vinay Kohly y Suresh Kumar.
En la tarde de ese mismo día fue cuando se produjeron las gigantescas manifestaciones en toda España en repulsa por el atentado. Tras la que tuvo lugar en Madrid, José Blanco se fue a cenar al restaurante La Hacienda (cercano a la sede socialista de Gobelas) con otros dirigentes socialistas. En el curso de la misma, recibió una llamada de Margarita Robles (magistrada de la Audiencia Nacional), quien le informó de que la juez antiterrorista francesa Laurence Lebert le había dicho que, al día siguiente, se iban a a producir detenciones de islamistas en España, según le habían transmitido fuentes de los servicios secretos españoles.
Efectivamente, durante el mediodía del sábado 13 de marzo, la Policía detuvo al marroquí Jamal Zougam, propietario del locutorio Nuevo Siglo, situado en Lavapiés, y a otros dos compatriotas que trabajaban con él, Mohamed Chaoui y Mohamed Bekkali. Los dos ciudadanos indios de la tienda de Alcorcón, que habían vendido las tarjetas de móviles de Amena a Zougam, también fueron detenidos.
La noticia de las detenciones corrió como la pólvora esa misma tarde y llevaron a la inaudita politización de la jornada de reflexión electoral.
Esa misma tarde se produjeron concentraciones ante las sedes del PP, en las que los manifestantes acusaron al Gobierno de Aznar de mentir sobre la autoría de los atentados.
A las 21.00 horas, Mariano Rajoy (candidato del PP) convocó una rueda de prensa en la sede del partido en Madrid para protestar por las concentraciones ante sus sedes.
Media hora después, Alfredo Pérez Rubalcaba aparecía ante las cámaras de televisión: «Los ciudadanos españoles merecen un Gobierno que no les mienta, que les diga siempre la verdad. El Partido Socialista conoce las líneas de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A pesar de ello, por sentido de Estado, por respeto a las familias de las víctimas, hemos estado callados».
La bolsa de Puente de Vallecas fue fundamental en dos sentidos.
La tarjeta del móvil condujo no sólo a la detención de Zougam, sino a la casa de Morata de Tajuña y, no menos importante, al número de teléfono 656526727, propiedad de Carmen María Toro Castro, es decir, a la trama asturiana.
Pero no sólo eso. Tuvo la virtualidad política de demoler al Gobierno de Aznar unas horas antes de las elecciones generales del 14 de marzo.
Por ello es tan importante todo lo que rodea a esta prueba clave del caso.
Las primeras dudas sobre la bolsa azul fueron puestas de relieve por las propias Fuerzas de Seguridad del Estado. Como ya se ha publicado en este periódico, fue el inspector jefe de la Sección de Informes Técnicos y Periciales de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos quien puso en cuestión en su informe, remitido al juez, la posibilidad de que la bomba que se encontraba dentro de aquella bolsa pudiera hacer explosión, ya que, según su versión, uno de los cables que salía del móvil no tenía conexión «con ningún otro elemento». Ese hecho no le quitaría ningún valor al Tedax que, arriesgando su vida, desactivó el artefacto con sus propias manos, pero supone un elemento más de duda sobre esta prueba capital para la instrucción.
También resulta, cuanto menos curiosa, la irresistible ascensión del responsable de la comisaría de Puente de Vallecas, nombrado jefe de la Brigada Provincial de Información tras la remodelación llevada a cabo en la cúpula policial por el Gobierno del PSOE tras su victoria del 14 de marzo. Como es sabido, Rodolfo Ruiz fue el responsable de la investigación policial sobre la presunta agresión al ministro José Bono durante una manifestación contra el terrorismo que tuvo lugar en Madrid en enero de 2005.
La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado que existen indicios «más que suficientes» para acusar a este funcionario de detención ilegal y de falsedad documental en el caso de dos militantes del PP acusados de agredir al ministro Bono. Ante la negativa del inspector jefe encargado del caso a practicar detenciones por falta de pruebas, Rodolfo Ruiz afirmó: «Si el ministro dice que le han pegado, le han pegado y eso no se cuestiona».
Cuando faltan tan sólo unas semanas para que el juez Del Olmo haga público su auto de procesamiento, pasados ya más de dos años desde la comisión del mayor atentado de la Historia de España, las lagunas sobre el mismo no sólo no se han aclarado, como afirma el Gobierno, sino que han ido progresivamente en aumento.
El agente que vigiló la mochila bomba del Pozo dice que siempre la tuvo controlada
El inspector jefe Miguel Ángel Álvarez Martínez, quien se encargó de asegurar la cadena de custodia de la única mochila bomba que fue desactivada, ha declarado ante el juez Juan del Olmo que dicha prueba nunca se perdió de su vigilancia, a pesar del extravagante viaje que realizó. El policía relata que la única persona que el 11 de marzo se saltó los cordones de seguridad de la estación del Pozo -donde fue hallada la mochila-, a pesar de ser apercibida por decenas de policías, fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que incluso aparcó su vehículo oficial «precisamente donde se encontraba la bomba».
El juez tiene en su poder un informe, fechado el 7 de marzo, sobre la mochila bomba, sobre la que varios medios han asegurado que es una prueba falsa. El principal motivo para cuestionar dicha prueba era que se había roto la cadena de custodia de la prueba y que, por tanto, cualquiera podría haberla colocado allí para desviar la atención sobre una posible autoría de ETA, el mismo 11-M.
El inspector jefe Álvarez afirma que los efectos (mochilas, bolsas de deportes, abrigos…) que quedaban en los trenes fueron sacados al andén mientras él seguía «controlando en todo momento la operación». No miró qué llevaban las bolsas extraídas «al no considerarlo oportuno la autoridad judicial». Luego metió todo en bolsas del servicio de limpieza urgente (Selur) y los efectos fueron llevados, «siempre bajo su control», a varios coches policiales desplazados al efecto. «Ante la sorpresa» de Álvarez, las bolsas fueron llevadas al Ifema (el depósito de cadáveres improvisado), por lo que rápidamente informó al juez Del Olmo, quien ordenó que se llevasen los efectos a la Comisaría de Puente de Vallecas y se hiciese inventario.
El ‘incidente’ Aguirre
La bomba fue localizada durante el inventario. Esta versión ha sido ratificada, desde el mismo 12 de marzo, por decenas de agentes (nacionales y municipales), el Selur, testigos… El único incidente que relata Álvarez es el citado de Esperanza Aguirre y su chófer, quienes desobedecieron las advertencias de los agentes.
Los que cuestionan la prueba también dicen que la bomba desactivada tenía metralla y las demás, no. Esa tesis se sostiene a pesar de que Construcciones Auxiliares de Ferrocarriles, Alstom Transportes y Fainsa (fabricantes de los trenes y sus asientos), tras revisar los vagones el 18 de marzo de 2004, explicaron en sus informes los efectos de la metralla (con fotos de los impactos). Y afirmaron que, gracias a los asientos de fibra de vidrio, «los proyectiles de metralla fueron sensiblemente amortiguados, evitando mayor número de víctimas».
