El fiscal general de Bolivia pidió el procesamiento de cuatro ex presidentes; tres por presuntas irregularidades en los contratos firmados con empresas petroleras internacionales y uno acusado de traición.
Si los cargos son considerados pertinentes por la Corte Suprema, serán remitidos al Congreso.
Los ex mandatarios, acusados de violar la Constitución, son Jorge Quiroga (2001-2002), Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y Carlos Mesa (2003-2005).
«Se han establecido suficientes indicios de culpabilidad para pedir a la Suprema que tramite ante el Congreso la autorización correspondiente para iniciar un juicio de responsabilidades», dijo el fiscal Pedro Gareca a los periodistas.
La semana pasada se presentó otra denuncia contra Eduardo Rodríguez -el último presidente antes de Evo Morales- por sometimiento a dominio extranjero y espionaje, lo que implica que los cuatro ex mandatarios del país andino podrían enfrentar la justicia.
Rodríguez está acusado por haber autorizado la destrucción de 41 misiles de las fuerzas armadas bolivianas en Estados Unidos.
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Por otra parte, Sánchez de Lozada tiene pendiente una acusación de genocidio por la muerte de 60 personas en la represión contra las marchas en su contra en 2004.
Todas las denuncias fueron presentadas originalmente ante la fiscalía por el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido del actual mandatario.
Los próximos pasos
Los contratos investigados por la fiscalía fueron firmados, entre otras, con la empresa hispano-argentina Repsol YPF, las británicas British Petroleum y British Gas, la estadounidense Exxon, la brasileña Petrobras, la argentina Pluspetrol y la francesa Total.
Según la Cámara de Hidrocarburos de Bolivia, estos acuerdos permitieron inversiones por más de US$3.000 millones.
También acusan a 8 ex ministros de Hidrocarburos y 4 ex presidentes de la petrolera estatal.
Los cargos presentados por el fiscal general incluyen, además de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y encubrimiento.
Las denuncias incluyen a ocho ex ministros de Hidrocarburos y a cuatro ex presidentes de la empresa petrolera estatal boliviana.
Si los cargos son considerados pertinentes por la Corte Suprema, serán remitidos al Congreso, donde hacen falta los dos tercios de los diputados y senadores -en sesión conjunta- para autorizar al máximo tribunal a comenzar los procesos.
En el Parlamento, el MAS tiene mayoría, pero dos partidos de la oposición -el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y la Acción Democrática Nacionalista (ADN)- ya han calificado las denuncias del fiscal de jugada política.
