La situación del nuevo casino flotante de Puerto Madero volvió a quedar en el centro de una polémica judicial. Esta tarde, el juez Contencioso Administrativo y Tributario porteño Roberto Gallardo había ordenado la clausura del «Princess”, en el marco de una acción de amparo. Pero esta noche un juez federal dispuso dar marcha atrás con la medida.
La medida de Gallardo fue solicitada por el abogado Ricardo Monner Sans, quien cuestionó el funcionamiento del barco en ese lugar. La resolución ordenaba además a los titulares del barco que se abstengan de “generar despido alguno de personal». La medida fue comunicada al jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman.
Pero esta noche juez federal Sergio Fernández ordenó levantar la clausura impuesta al casino que funciona en el buque Princess.
La información fue suministrada por fuentes judiciales que dijeron que Fernández ya ordenó a la Prefectura Naval quitar las fajas de clausura colocadas en el barco por orden del juez Gallardo.
Según Fernández, Gallardo no tiene competencia para disponer la clausura del casino debido a que es juez porteño, sin jurisdicción en asuntos federales.
El conflicto con los dos casinos flotantes tiene ya muchos capítulos. En marzo del año pasado, Gallardo le ordenó al Gobierno porteño que clausurara el casino «Estrella de la Fortuna» (inaugurado en el 99), ya que la ley local Nº 538 prohíbe que haya explotación privada de juegos de azar en el ámbito de la Capital. Pero como en 1999 el juez federal Luis María Márquez había fallado que el barco se encontraba en territorio nacional y por ende el Gobierno porteño no podía cerrarlo, el casino siguió funcionando.
Mientras, la causa que maneja Gallardo avanzó y la Cámara de Apelaciones de la Capital confirmó lo actuado por el juez porteño: les ordenó a Lotería Nacional y el Instituto porteño que definieran un cronograma de cierre del primer casino y determinó que no podía abrir el segundo.
No obstante, el 19 de enero de este año comenzó a operar el «Princess», el segundo barco-casino. ¿Qué pasó? Otra vez, la empresa consiguió el aval de la Justicia federal. El juez Fernández argumentó que la Ciudad no tiene injerencia en ese territorio. Mientras tanto, en el Gobierno porteño explicaron que aún no tienen poder de policía para cerrar los establecimientos.
Detrás de la disputa jurisdiccional, hay una pelea económica: según la empresa Cirsa, que administra ambos casinos, el «Estrella de la Fortuna» factura al año $ 3.760 millones, de los cuales el 20% debe ir al Estado.
