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WASHINGTON
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EL COMANDANTE Charles Swift habla después de presentar los argumentos del gobierno sobre los tribunales militares.Los magistrados del Tribunal Supremo parecían preocupados ayer sobre los planes del presidente George W. Bush de efectuar los juicios de extranjeros por crímenes de guerra en Guantánamo, Cuba.
Varios parecían furiosos por la reclamación del gobierno de que una nueva ley le había quitado autoridad a esa instancia judicial para escuchar un caso presentado por Salim Ahmed Hamdan, un yemenita que trabajó como chofer de Osama bin Laden.
Hamdan lleva casi cuatro años en la prisión norteamericana de Guantánamo y se ha pedido al Tribunal Supremo que decida si puede llevarse a juicio, con menos protecciones legales, ante un tipo de tribunal militar que se usó por última vez durante la II Guerra Mundial.
La apelación podría preparar el cuadro para un fallo decisivo. La atmósfera de la corte estuvo tensa.
»El uso de comisiones militares para tratar a combatientes enemigos ha sido parte esencial de los poderes de guerra por 200 años», declaró el fiscal federal Paul Clement a los jueces.
Hace dos años, el Tribunal Supremo dictó que «un estado de guerra no es un cheque en blanco para el Presidente cuando se trata de los derechos de los ciudadanos de la nación».
El abogado de Hamdan, Neal Katyal, declaró a los magistrados que la administración de Bush actúa como si tuviera »un cheque en blanco» para hacer lo que quiera con los extranjeros detenidos en Guantánamo.
La prisión ha sido motivo de intensas críticas internacionales porque cientos de personas que se sospechan de tener lazos con al Qaida y el Talibán –incluyendo algunos adolescentes– fueron apresados por el ejército estadounidense y enviados secretamente allí desde el 2002.
Al principio, la administración de Bush no permitía que los detenidos vieran abogados o que notificaran a sus familias donde estaban y los interrogadores usaron estrategias agresivas contra los detenidos.
El magistrado Stephen Breyer, resumió el argumento del gobierno de EEUU contra Hamdan –que se enfrenta a un solo cargo por conspiración– de esta manera:
»Ustedes [el gobierno] quieren juzgar un crimen de guerra y quieren que este sea un tribunal de crímenes de guerra», afirmó Breyer. «Primero, esta no es una guerra, al menos una guerra convencional. Segundo, no es un crimen de guerra porque no cae bajo leyes internacionales. No hay un tribunal o comisión de crímenes de guerra porque no hay una emergencia».
Los magistrados Antonin Scalia y Samuel Alito dieron señales de apoyar a la administración de Bush sugiriendo que el Tribunal Supremo debe demorar una decisión hasta después que el juicio se termine, muy parecido a como las cortes lidian con acusados criminales comunes.
