SOLBELLA PEREZ RODRIGUEZ
EL UNIVERSAL
La Corte Interamericana de Derechos Humanos convocó una audiencia para conocer el cuarto caso que entabla la Comisión Interamericana contra Venezuela. Esta vez las víctimas son 18 internos presuntamente ejecutados en el desaparecido retén de Catia, durante la segunda intentona golpista contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, ocurrida el 27 de noviembre de 1992.
En una audiencia que se celebrará mañana en la sede de la Corte Suprema de Buenos Aires (Argentina), el Tribunal Interamericano escuchará los testimonios de dos víctimas, así como a un perito en materia carcelaria, promovidos por la Comisión y por los representantes de las víctimas, las organizaciones no gubernamentales Cofavic y Cejil. Venezuela estará representada por la agente del Estado, María Auxiliadora Monagas.
Liliana Ortega, directora de Cofavic, recordó que la denuncia fue elevada ante la Comisión Interamericana en 1996, cuando habían transcurrido cuatro años y el caso se mantenía en la «más absoluta impunidad». En esta instancia se celebraron cuatro audiencias.
El Estado reconoció los hechos el 3 de marzo de 2000, por lo cual se procuró una solución amistosa que invitaba al Estado a reparar de forma integral a las víctimas. «El Estado venezolano tuvo numerosas oportunidades durante cinco años para cumplir el acuerdo amistoso, lamentablemente ese proceso no tuvo resultado concreto», recordó Ortega.
Ante el incumplimiento del acuerdo, la Comisión Interamericana demandó el 24 de febrero de 2005 al Estado venezolano por la violación de los derechos a la vida, la integridad personal y las garantías judiciales de los 18 internos asesinados en el retén de Catia, quienes fueron víctimas del uso desproporcionado de la fuerza pública por parte de funcionarios de la Policía Metropolitana, Guardia Nacional y los custodios del Ministerio del Interior (actual MIJ).
En sus alegatos, las ONG también denunciaron la violación del derecho a conocer la verdad. «Luego de trece años las víctimas todavía no conocen las circunstancias en las que murieron sus seres queridos. La falta de información desde el mismo día que ocurrieron los hechos obligó a los familiares a congregarse los días 27 y 28 de noviembre en los alrededores del retén de Catia. Y en vez de recibir información, fueron atacados con gases lacrimógenos, disparos de perdigones y muchos de ellos resultaron lesionados», denunció Ortega.
Condiciones vigentes
Carlos Ayala Corao, quien también participará en la audiencia como representante de las víctimas, explicó por qué este tema resulta vigente en el país. «Este caso no es solamente importante para que se haga justicia a las víctimas, sino además para poner un alerta de que las condiciones carcelarias que imperaban en el retén de Catia se convirtieron en los hechos generadores de la violencia ocurrida el 27 de noviembre. Y esa situación no ha variado sustancialmente desde 1992».
A juicio de Ayala Corao, la Corte Interamericana debería pronunciarse sobre la situación de los centros de reclusión en el país. «En la actualidad se han reportado importantes índices de asesinatos y heridos, los cuales son los más altos en las cárceles en América Latina. Es importante que quede establecido en la sentencia la vinculación existente entre las condiciones de detención y la violencia que se generó. En ese sentido, el Estado debería implementar ya correctivos y reparaciones al sistema carcelario».
Las partes
A las nueve de la mañana se iniciará la sesión. Tomarán la palabra los familiares de las víctimas: Nelly Madrid, esposa de Víctor Aranguren Montero; y Giovanny Gavidia, hermano de Néstor Gavidia. En nombre de la Comisión, su representante para los casos de Venezuela, Paulo Sérgio Pinheiro. Por Cejil intervendrá Tatiana Rincón, y por Cofavic, Ortega y Ayala Corao.
