Seguridades pública y privada tienden a fusionarse

Se busca. Muchas películas del Oeste, y algunas que extienden ese género a problemas más contemporáneos (las de secuestros, por ejemplo) nos recuerdan que la seguridad sólo se hizo pública a partir del fortalecimiento de los Estados modernos, y que con el paso del tiempo ha sido imposible que esos mismos Estados pudiesen garantizar de forma plena la creciente demanda de seguridad de sus ciudadanos. Hace pocos días una importante empresa privada del sector ofrecía una recompensa de tres millones de euros por dar pistas para detener a los ladrones del banco que aquélla custodiaba. El ofrecimiento no niega la función pública de persecución de los delincuentes, pero está en la misma línea de curioso efecto que produce ver a la puerta del Tribunal Supremo o en los controles de los aeropuertos vigilantes de seguridad privada, los mismos que pueden ser contratados por unos grandes almacenes.
Pocos sectores económicos de grande y creciente importancia son tratados de forma tan tangencial por los analistas económicos como el de la seguridad. Incorporada tímidamente en el siglo XIX al catálogo de los derechos y libertades públicas del naciente Estado de Derecho, la mayor parte de las Constituciones del XX deberán ser reformadas, si quieren tener en cuenta el lugar relevante que los ciudadanos otorgan a algunas certezas: por supuesto lo son gozar de un entorno seguro desde un punto de vista institucional (la paz social) o jurídico (la previsibilidad en la actuación del poder público y la capacidad del individuo común de reaccionar frente a ella); pero poco a poco se ha ido exigiendo que la seguridad pública en general (desde la viaria a la aviaria) y la ciudadana en particular también sean garantizadas. La prevención de riesgos laborales, de catástrofes y de sabotajes acaba de construir lo que la seguridad privada conoce como seguridad integral.
Al crecimiento de esa demanda coadyuvan sin duda unos medios de comunicación que en general tienden a hacer noticia de la excepcionalidad, de modo que la percepción de inseguridad es mayor que la inseguridad en sí. El número de accidentes de de tráfico en general no aumenta de forma relativa al creciente parque móvil y los conductores temerarios no son los que mayor número de accidentes provoca, pero su presencia en los medios aumenta la alarma social, la demanda de seguridad, y, en consecuencia, la necesidad de desviar contingentes excesivos de policía hacia ese tipo de infractores.
También provoca paradojas la necesidad de terciar entre dos derechos fundamentales en intrínseco conflicto, como el de manifestación y el de circulación: centenares de policías apostados en las estribaciones de una de las vías que circunvalan Barcelona desatienden otros cometidos y encarecen el presupuesto teóricamente asignado a esa partida de la seguridad.
Tal vez la decisión responde a que alguien ha calculado el coste económico de una retención mastodóntica de tráfico, pero permítame el lector que lo dude, entre otras cosas, por lo complicado de la operación (no sólo gasolina y tiempo consume el atasco).
Lo que sí pone de manifiesto un conflicto como ése, o como el que desvía recursos hacia un objetivo parcial (un cordón policial enorme par detener a un delincuente de poca monta, por muy mediático que sea) es que la ciudadanía requiere seguridad y los poderes públicos no pueden satisfacerla entera. A pesar de la concepción paternalista que caracteriza al Estado social de Derecho, éste no puede, y tal vez no deba, atender cualquier requerimiento en tal sentido. Pero el sector crece, y el propio Estado es su principal cliente, a pesar de la matización que en el caso de España introduce la privatización de muchas empresas públicas.
La seguridad fue mínima y privada, luego se hace pública, ya en el Estado se hace máxima, y como consecuencia de esa ampliación, se privatiza. Ése sería, descrito vulgarmente, el recorrido. Pero la irrupción del Estado ha cambiado el contexto. El héroe que interpreta y dirige Clint Eastwood en Sin perdón fue antes tildado de fascista cuando reaccionaba de un modo similar en Harry, el sucio. La seguridad privada se normativiza desde el Estado, incluso en uno como el nuestro en que se distribuyen entre el aparato central y el autonómico lo que a cada uno corresponde regular en la materia.
Se pone así de manifiesto, como ocurre en otros sectores con trascendencia económica, la difuminación de la frontera entre lo público y lo privado, no sólo por el modo en que la seguridad privada cubre de forma eficaz y eficiente las carencias de la pública, sino también por el modo en que intenta captar para sus cargos de responsabilidad a quienes antes jugaron ese mismo papel en el ámbito policial, militar o de inteligencia.
Se considera, creo que razonablemente, que alguno de los que antes han sido parte de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado pueden contribuir a afrontar el gran reto de la seguridad integral demandada por los individuos para el siglo XXI, la seguridad preventiva, ésa que de forma tan sutil pone en cuestión los consagrados valores de la libertad y la intimidad individuales, convencidas las víctimas de que la venganza no palia el estrago.
Fuente: El Economista
Fecha: 14/03/06

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