El terrorismo obliga a unas 2.000 personas a recurrir a los escoltas para asegurar su vida. Pese a la tregua, los próximos seis mese aún tendrán trabajo. Luego…..
Algo tan cotidiano y normal como ir al mercado, al cine asistir a un concierto de música o pasear se ha convertido para muchos en el País Vasco en un problema a veces insalvable.
La “socialización de sufrimiento” impuesta por ETA en los últimos años –que implicó extender sus amenazas y atentados contra empresarios, periodistas, militantes políticos, jueces, etc.- supone un drama diario para miles de personas que, en algunos casos, se han visto obligadas a huir del País Vasco y, en otros, han optado por negarse a abandonar sus casas, sus familiar y sus trabajos. Estos últimos han tenido que aprender a convivir diariamente dependiendo de los servicios de los escoltas.
Pero este drama humano tiene también, como todo en esta vida, su traducción económica. Más de 2.000 personas necesitan protección las 24 horas al día, los 365 días al año. Proteger a este colectivo les cuesta a los españoles cada año unos 152 millones de euros (más de 25.000 millones de las antiguas pesetas), presupuesto que es sufragado por el Ministerio de Interior y por el Gobierno Vasco.
Dado el volumen de gente amenazada, los servicios de escolta se subcontratan a las empresas de seguridad. En algunos casos, la persona a proteger debe llevar un escolta y, en otros casos, dos o más, dependiendo del grado de peligro al que esté sometido según los cálculos de las autoridades.
Datos de la Asociación Española de Escoltas (ASES) indican que en el País Vasco trabajan 1.800 escoltas, en Navarra otro 700 y en Madrid otros 850. El coste de la protección de los amenazados en Madrid y Navarra lo costea íntegramente el Ministerio del Interior, mientras que el coste del País Vasco es sufragado a medias por el Gobierno vasco y el Ministerio. En resumen, el Gobierno central “invierte” en esta materia 90 millones de euros al año y el Gobierno vasco otros 61,7 millones al año.
Pero además de este coste fácilmente cuantificable, habría que sumar los otros costes que implican la lucha antiterrorista, en la que participan el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, la Ertzaintza y las policías locales.
La cifra total del precio que supone el terrorismo no se puede calcular, pero si que estos recursos, que sufragan todos los españoles con sus impuestos, no se están pudiendo dedicar a otras cuestiones como sanidad, carreteras, protección social, etc. Por tanto, los beneficios económicos de la desaparición de la violencia terrorista serían inmediatos: lo que el Estado se ahorraría en un lado podría ser invertido en otro.
Protección y tregua
A pesar del “alto el fuego permanente” anunciado por ETA y que entró en vigor el viernes, tanto el Ministerio del Interior, como el Departamento de Interior del Gobierno vasco, tiene claro que inicialmente no rebajarán el nivel de protección de los amenazados.
Pero si la tregua se prolonga en el tiempo y se dan “avances” en lo que se ha dado en denominar “proceso de pacificación” podrían empezar a plantearse algunas disminuciones en los servicios de escoltas. Esto no se planteará, en ningún caso, antes de seis meses y si así fuera se procedería con la reducción de los escoltas situados en destinos considerados de menor riesgo.
Tampoco se espera que los propios amenazados pidan que se les retire el servicio de escolta, a pesar de lo complicado que es llevar una vida normal de esta forma. El verano pasado, cuando ETA anunció que dejaba de considerar objetivos prioritarios a los cargos electos de PP y PSOE, fueron muy pocos, sólo algunos casos anecdóticos, los que pidieron que se les retirasen los servicios de vigilancia.
Es indudable que todo demócrata que se precie desea que se termine la lacra que supone el terrorismo, pero unido a dicho proceso se planteará un nuevo problema, esta vez de índole laboral.
El número de profesionales que se dedican a las labores de escolta ronda las 3.000 personas, personas que han arriesgado sus vidas a diario, que han tenido que realizar una especialización muy cualificada y que han requerido dedicación exclusiva a su trabajo. Si la paz se convierte en una realidad, muchos de estos profesionales se van a quedar sin empleo y a pesar de su formación no presentan una recolocación laboral sencilla.
Como no son agentes de la autoridad no pueden pedir su incorporación en las Fuerzas de Seguridad del Estado. Si optan por integrarse en los servicios de seguridad privada generales, dado que se trata de un trabajo de mucha menor exigencia de especialización y mucho menor riesgo, su tabla salarial se rebajaría de forma sustancial.
Un escolta profesional en algunos casos, dependiendo de los turnos y de la peligrosidad de su labor, puede llegar a cobrar unos 3.000 euros mensuales, mientras que la tabla salarial base de un trabajador normal de empresa de seguridad ronda los 600 euros mensuales.
El Gobierno debe ayudarnos
Y es que, al parecer, los propios escoltas son los únicos que se han preocupado de prever un posible escenario de paz. Según asegura el presidente de ASES, Vicente de la Cruz, el Ministerio del Interior nunca ha contestado a las demandas formuladas por el colectivo en el sentido de ofrecer posibles salidas profesionales.
“Los escoltas son una gente que han hecho un servicio formidable por este país, que se han jugado la vida y que requieren un reconocimiento por parte de los poderes públicos; como mínimo una salida laboral”, exigen De la Cruz.
¿La más demandada? Continuar trabajando para la Administración. El colectivo considera que la protección de mujeres víctimas de la violencia de género sería una salida muy apropiada para los escoltas que dejen de trabajar en el País Vasco, si es que termina por consolidarse el proceso de paz.
Un ejemplo de este tipo de iniciativas tuvo lugar el pasado mes de febrero en la localidad guipuzcoana de Zarauz. Allá la Asociación Española de Escoltas (ASES) organizó un curso específico para la formación de especialista en protección de víctimas de la violencia de género, al que acudieron cerca de una treintena de escoltas del País Vasco. A pesar de que esta pueda ser una de las alternativas de recolocación, el mercado que se presenta no tiene la dimensión suficiente para recoger a todos los escoltas del terrorismo que se queden sin empleo.
También piensan en otros empleos, que ahora desempeñan números del Cuerpo Nacional de Policía, pero que podrían realizar ellos sin grandes problemas. Por ejemplo, la protección de testigos. Según el presidente de ASES, la ley de seguridad privada habilita al Gobierno a subcontratar determinados aspectos de la seguridad pública, aunque para ello se necesita la autorización expresa de la Secretaría de Estado de Seguridad.
No intentar alguna de estas soluciones condenaría a la inmensa mayoría de los 2.600 escoltas que a día de hoy trabajan en el País Vasco y Navarra al paro.
El propio Vicente de la Cruz lo admite sin ambages. “Nosotros hemos proporcionado cursos de reciclaje en algunos ámbitos a nuestros socios para formarse en materias como la violencia de género o la coordinación de grupos de seguridad en el ámbito privado” asegura, pero éstos, unidos quizá a casos concretos de escoltas que decidan continuar desarrollando el mismo trabajo en otros países en conflicto (sobre todo, Sudamérica y Oriente Próximo), únicamente alcanzarían para colocar a un 3 por ciento del colectivo afectado. Su conclusión es clara: “Si se va a reinsertar etarras a nosotros no pueden dejar de ayudarnos”.
Lo que temen es que el Gobierno trate de recolocar a los escoltas en el sector de la seguridad privada. “No somos vigilantes jurados”, advierte De la Cruz, que explica los motivos de su rechazo: es un sector de gran precariedad, tanto en salarios como en condiciones de trabajo, que no se ajusta a su perfil profesional.
La polémica
2.600 escoltas “parados”
Si se consolida la declaración de tregua realizada por ETA y la paz llega a Euskadi y Navarra, 2600 escoltas se quedarían sin empleo, según los datos de la Asociación Española de Escoltas (ASES).
Sólo 78 encontrarían empleo
El presidente de ASES, Vicente de la Cruz, asegura que las iniciativas puestas en marcha por la asociación de forma autónoma sólo servirían para recolocar el 3 por ciento de los escoltas. ¿Las alternativas? Cambiar de empleo, recolocarse como mandos intermedios en la seguridad privada o explorar las posibilidades de seguir escoltando en otros países.
Apoyo de la Administración
Los escoltas esperan un gesto del Gobierno para ver más claro su futuro. Hasta ahora los contactos previos mantenidos con el Ministerio del Interior se han resuelto con la callada por respuesta. El colectivo entiende que la Administración les tiene que ofrecer una solución a sus problemas.
Seguridad privada
Al parecer el Gobierno ha mantenido contacto con el sector de la seguridad privada para ver la posibilidad de recolocar a los escoltas en este sector. El colectivo se niega. Por los bajos salarios del sector y por que creen que no se ajusta a su nivel de cualificación.
Fuente: El Economista
25.03.06
