WANDA J. DeMARZO y JAY WEAVER
The Miami Herald
The Miami Herald
Ken Jenne, alguacil del Condado de Broward. La investigación de un año sobre el trabajo extra como consultante del alguacil del Condado de Broward, Ken Jenne, ha dado un paso de avance después que se asignaron dos importantes fiscales federales.
Las investigaciones estatales y federales podrían deponer, o exonerar, a uno de los políticos más poderosos de Broward.
Ahora, la adición del conocido fiscal federal de Miami, Michael «Pat» Sullivan como líder del equipo investigativo, señala la seriedad del caso de Jenne. Sullivan logró la convicción del ex dictador panameño Manuel Noriega a principios de los 1990.
«Su cuidado tan meticuloso para investigar un caso antes de llevarlo a la corte es legendario», dijo el veterano abogado criminalista de Miami Jack Denaro, que no está involucrado en el caso de Jenne.
Sullivan está trabajando con el fiscal federal adjunto Brian Frazier.
La fiscalía federal –con la asistencia del Departamento de Policía de la Florida (FDLE)– está tratando de determinar si Jenne usó su cargo público para ganancia personal o si defraudó al público. El FDLE lanzó la investigación después que el gobernador Jeb Bush emitió la orden.
Jenne, que gana $156,395 al año como alguacil del BSO con 6,100 empleados, ha negado una conducta impropia.
«El Departamento de la Policía de la Florida entrevistó al alguacil [jefe] hace un año y él ha estado cooperando completamente con ellos», dijo el abogado de Jenne, David Bogenschutz. «Recientemente acordó voluntariamente entregar su correo electrónico, libros de citas y diarios. Creo que cuando se termine esta investigación mostrará que el alguacil no ha hecho nada impropio».
Las autoridades están profundizando sobre los siguientes asuntos:
* En un trabajo, Jenne recibió $4,000 de un contratista de BSO, Innovative Surveillance Technologies, para proveer servicios de entrenamiento para la policía de la isla de Barbados. Los comandantes del BSO, Tom Carney y Tom Brennan –socios de Jenne en su firma de consultoría, Havloc LLC– supervisaron el desarrollo de los cursos de entrenamiento y proveyeron una lista de alguaciles calificados para conducir las clases.
Fuentes familiarizadas con el negocio le dijeron a los investigadores que los planes para las lecciones antiterroristas y antidrogas fueron redactados por tres alguaciles en las oficinas de BSO mientras estaban en sus horas de trabajo. Al menos siete alguaciles –incluyendo esos tres– se llevaron computadoras, manuales de entrenamientos, teléfonos de satélites y radios de BSO a las sesiones de clases en Barbados.
Además del pago a Jenne, Innovative pagó a cada uno de los alguaciles unos $1,00 por entrenar a los policías de Barbados.
La firma de consultoría de Jenne también efectuó trabajos para T&M Protection Resources, una compañía de seguridad con sede en Nueva York que asesoró a la tribu de indios seminoles y pagó al alguacil de Broward [Jenne] $60,000.
Jenne otorgó un contrato de cinco años de $127 millones a una compañía contectada políticamente, para dirigir los servicios de salud para presos de BSO, aunque no tenía experiencia anterior en ese campo, de acuerdo con un artículo reportado por el Miami Herald a finales de 2004.
El médico que dirige esa compañía, Armor Correctional Health Services, dio a Jenne $8,000 para su última campaña de reelección en 2004, haciendo la donación a través de varias compañías y empleados para evitar excederse al límite de $500 impuesto por el estado. Un ex auxiliar de Jenne, John deGroot, dijo que Jenne propuso la compañía del doctor José Armas a la Oficina del Alguacil del Condado St. Lucie, que decidió no contratar a Armor.
La fiscalía federal ha estado investigando a Jenne bajo secciones de una ley federal sobre «fraude postal y servicios honestos», el mismo estatuto que se está usando para enjuiciar a Jack Abramoff y sus cabilderos en el caso de Washington, D.C.
La ventaja de esta ley para los fiscales es que no tienen que probar quid pro quo por un acto oficial, como forma de soborno para un voto. Sólo tienen que mostrar que el público fue defraudado, es decir, que no se rindieron servicios honestos a su nombre.
Sullivan se unió a la investigación después de terminar el pasado otoño un trabajo de dos años para la sección antiterrorista del Departamento de Justicia, donde continúa procesando el único caso de abuso de prisioneros de la CIA en el país.
Sullivan, conocido como un fiscal fuerte a lo largo de una carrera de tres décadas, obtuvo la convicción de Noriega, así como de los capos de la droga en Miami Sal Magluta y Willie Falcon.
El segundo fiscal al frente de la investigación de Jenne es Frazier, que también está ayudando en el notorio caso de conspiración de terrorismo del acusado José Padilla, un ex residente de Broward.
Jenne, además, podría enfrentarse a violaciones del código de ética del estado, incluyendo posibles multas hasta de $10,000, suspensión o remoción de su cargo, o por el contrario, no tomar acción alguna. También se enfrenta a posibles cargos criminales por mala conducta.
Aunque la investigación está entrando ahora en su segundo año, las autoridades dijeron que se ha tomado tiempo en investigar y entrevistar a los testigos.
Dijo el portavoz de FDLE, Tom Berlinger: «Tenemos la responsabilidad de ser cuidadosos y detallados para asegurarnos de que lo hemos consideramos todo».
