Yudith Díaz Gazán
Redacción Central, 6 abr (PL) Angela, niña salvadoreña de 10 años, vive una infancia mutilada por la violencia, que cobró la vida de sus familiares en una riña entre pandillas o maras hace apenas dos años.
Ella, como otros infantes del subcontinente, carece de asistencia social y financiera, que cubra sus demandas elementales de alimentación, sanidad y enseñanza.
Angela y muchos menores residentes en las calles de las ciudades de la subregión, integran bandas delictivas como alternativa de subsistencia.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) probó que el costo de la violencia superó los mil 700 millones de dólares anuales en El Salvador, equivalentes a 11,5 por ciento del Producto Interno Bruto, y duplicó el capital destinado a salud y educación.
Testificó que la nación centroamericana es catalogada como la más violenta de América Latina, con una tasa de 55 homicidios por cada 100 mil habitantes, después de Honduras, Guatemala y Colombia.
Durante el año anterior, 43,5 por ciento de los tres mil 812 homicidios reportados, fueron atribuidos al accionar de las organizaciones delictivas Mara Salvatrucha y La 18.
Los datos señalaron que la mayoría de los crímenes (80 por ciento), se cometieron con armas de fuego, en una nación cuyo circulante bélico es de cerca de medio millón, más de la mitad de manera ilegal.
Números oficiales, difundidos en enero de 2006, demostraron que la extrema agresividad sigue imparable y sólo en ese mes se contabilizaron 316 asesinatos, para un promedio de 10.2 diarios.
La Policía Nacional Civil (PNC) se afana en luchar contra las pandillas o Maras en un esfuerzo por desarticular el fenómeno, extendido como plaga social en la nación centroamericana, con casi 70 por ciento de su población bajo el límite de la pobreza.
Muchos hogares salvadoreños escucharon este jueves un reporte radiotelevisado del subdirector policial, Pedro González, quien confirmó la captura de 17 integrantes de una peligrosa banda.
Esas personas actuaban despiadadamente en San Salvador, sede de la II Convención Internacional Antipandillas.
El funcionario aseguró que 16 de los capturados, pertenecen a la llamada «Clica Las Palmas de la 18» y 10 tenían órdenes de captura por homicidio, robo, asociación ilícita, narcotráfico y lesiones.
Tras la operación, efectuada esta madrugada, se logró apresar a Pablo Antonio Renderos (27 años), alias «Gato Pablo», inculpado de ejecutar 15 crímenes.
«Es menester contrarrestar de manera efectiva el movimiento del crimen organizado, alcanzar la seguridad ciudadana, y desterrar a las pandillas del seno de las sociedades regionales», apuntó González.
En la última sesión del encuentro internacional, el presidente de El Salvador, Antonio Saca, instó al pleno de la Convención a crear una alianza internacional para combatir los grupos delictivos que pululan en el subcontinente.
«La iniciativa deberá involucrar al pueblo e instancias judiciales, fiscales y policiales», aseveró el gobernante.
El evento, iniciado el martes anterior bajo fuertes medidas de seguridad en San Salvador, discutió mecanismos encaminados a frenar el mal de las Maras, que incluyen a unos 200 mil jóvenes marginados.
Afirmó que su administración incentivará la implementación de un fondo regional, a fin de ser utilizado en la prevención del flagelo.
Rodrigo Avila, director de la PNC, aclaró que la zona precisa de instrumentos cada vez mejores para enfrentar el crimen y advertir otras manifestaciones del problema.
Recordó que la primera cita de este tipo, realizada en 2005 en San Salvador, sugirió reorientar la lucha antipandillas a partir de sus estructuras criminales, y no con las capturas masivas de sus integrantes.
Las Maras, adicionó, tienen su origen en la pobreza, la marginación y la desintegración familiar, por lo cual se requieren soluciones globales.
«Debe existir una corresponsabilidad de los sectores para neutralizar el flagelo, y dar un tratamiento particular a los jóvenes en su doble condición de víctimas e infractores», apuntó.
En el caso salvadoreño, los registros reflejan la existencia de nueve mil 700 integrantes de las Maras, entre ellos tres mil 500 encarcelados luego de ser condenados por diferentes delitos.
Las políticas de mano dura, aplicadas en varias de las naciones regionales, demostraron ser ineficaces para resolver una problemática considerada ya estructural y extendida con extraordinaria rapidez por toda el área.
Estados Unidos, el mayor consumidor de estupefacientes del mundo, reporta dentro de su territorio nacional alrededor de 800 mil delincuentes de origen latinoamericano, unos seis mil de la Mara Salvatrucha y La 18.
Para los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, las Maras son el enemigo número uno de la seguridad pública.
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