JENNIFER MOONEY PIEDRA/The Miami Herald
TALLAHASSEE
Ofensiva contra los depredadores sexuales.
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En un intento por calmar a los padres preocupados, atrapar a los malhechores y hasta conseguir algunos votos en este año de elecciones, los legisladores del estado están promoviendo por lo menos 26 proyectos de ley este año para imponer mayores restricciones a los depredadores y delincuentes sexuales.
Entre las medidas proyectadas están prohibir que los mismos puedan obtener drogas tales como Viagra, vivir a menos de 2,500 pies de distancia de lugares donde se congregan menores y convertir en un delito que no tengan una marca distintiva en sus licencias de conducir.
La Legislatura estatal ha convertido en prioritarios otros proyectos de ley similares relacionados con delitos sexuales, debido al alto número de casos notorios ocurridos en la Florida en años recientes.
»Esto ha adquirido grandes dimensiones porque sabemos que [la amenaza de los depredadores sexuales] es una realidad», afirmó la representante Arthenia Joyner, demócrata de Tampa que participa en varios comités judiciales de la Cámara de Representantes del estado. «De ahí esta avalancha para tratar de controlarlo».
Sólo quedan tres semanas hasta el final de la sesión legislativa de 60 días, y no hay audiencias programadas para muchos de los proyectos de ley contra los depredadores sexuales, por lo que probablemente no se hará nada con ellos.
Pero algunos tienen respaldo bipartidista y están avanzando en ambas cámaras legislativas.
Los legisladores respaldan una medida para convertir en ilegal que los 5,500 depredadores sexuales convictos del estado puedan obtener o tomar drogas para la impotencia como Viagra, Cialis y Levitra. Los infractores podrían estar sujetos a cargos de delito menor en primer grado, punible con un año de cárcel y multas de hasta $1,000.
»Se trata de malhechores que no deben tener acceso a esa clase de drogas», comentó el representante estatal Aaron Bean, republicano de Fernandina Beach, quien presentó la versión del proyecto de ley en la Cámara baja con el respaldo unánime de sus miembros.
La versión del Senado, presentada por el senador Carey Baker, republicano de Eustis, está en espera de ser llevada a votación.
Pero hay quienes tienen dudas de que leyes como ésas ayuden a la policía o a los fiscales.
Jill Levenson, miembro del consejo de la Asociación para el Tratamiento de Abusadores Sexuales, declaró que los legisladores están presionados por sus constituyentes, y por los medios de noticias, para que aprueben leyes contra los depredadores sexuales. Pero añadió que hay que realizar más estudios para determinar una mejor estrategia para lidiar con el problema.
»No dudo de sus buenas intenciones», indicó Levenson. «Pero creo que se debe pensar más en las posibles consecuencias».
Por ejemplo, prohibir que los depredadores sexuales vivan a menos de 2,500 pies de los lugares donde se congregan niños parece un modo lógico de alejarlos.
Hay ciudades y condados del estado que ya han promulgado leyes parecidas, pero la legislación ahora propuesta se aplicaría al estado entero, lo cual desplazaría a los depredadores de las zonas metropolitanas llenas de escuelas, paradas de autobuses y parques, y tendrían que irse a zonas más rurales.
Según el representante estatal Dan Gelber, demócrata de Miami Beach y ex fiscal federal, obligar a los depredadores sexuales a mudarse no sería una solución.
»Tenemos que asegurarnos de no empujar a los depredadores hacia las sombra, donde sería más difícil encontrarlos», comentó. «No es tan simple como parece».
Los detractores de la propuesta de los 2,500 pies de exclusión, que tiene poco respaldo en la Legislatura, aseguran que pondría más presión sobre los depredadores, porque tendrían que separarse de sus familias y de sus empleos.
Ted Shaw, un sicólogo de Gainesville y uno de los principales expertos de la Florida en el tema, subrayó que las leyes propuestas están «mal concebidas, sólo fueron creadas para hacer que algunos se sientan bien y van a arrojar pocos beneficios».
Los legisladores también están pensando hacerle ajustes a la Ley Jimmy Ryce, aprobada en 1998 para crear el programa civil de tratamiento de depredadores violentos.
La ley lleva el nombre de un niño de 9 años que fue secuestrado, violado y asesinado a sólo unas cuadras de distancia de su casa en Redlands, en el sur de Miami-Dade, y su objetivo era crear una instalación segura de tratamiento para albergar a depredadores sexuales que padecen de enfermedades mentales, una vez que ya hayan cumplido sus sentencias de cárcel.
Pero una serie de artículos publicados por The Miami Herald en enero expusieron serios problemas en la instalación condal de DeSoto, entre ellos falta de control por parte de la administración y problemas de disciplina entre los depredadores sometidos a los tratamientos. Muchos de lo que cometieron delitos sexuales violentos contra menores se niegan a someterse a tratamiento en el centro.
