RAMON ALMANZAR
Associated Press
SANTO DOMINGO – El debate por la reinstauración de la pena de muerte en República Dominicana se vio atizado por un aumento de la delincuencia y los resultados de una encuesta que indicó que el 67% estaría a favor en casos de violadores de menores.
La controversia surge en medio del fragor de la campaña política para las elecciones legislativas del 16 de mayo y por lo menos dos candidatos han anunciado proyectos encaminados a endurecer el castigo para asesinos y violadores.
El debate se agudizó luego de la divulgación de la encuesta Gallup-Diario Hoy que indicó que dos de cada tres dominicanos, 67,3% de los entrevistados, favorece la pena de muerte para los violadores sexuales de menores de edad.
La encuesta fue realizada entre el 7 y el 11 de abril, a 1.200 personas mayores de 18 años, tiene un margen de 2,8 puntos porcentuales y el nivel de seguridad es de 95%.
En los últimos tiempos, la sociedad dominicana ha sido sacudida por frecuentes casos de secuestros, asesinatos y otros actos delictivos asociados a la delincuencia común y al narcotráfico. La policía dijo que en los últimos doce meses, los casos han aumentado de un promedio de dos por día a cinco diarios.
El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez afirmó: «Que se tenga la cadena perpetua para cualquier tipo de crimen y no que se justifique nunca la pena capital, la pena de muerte, eso fue lo que el Papa dispuso».
El candidato a senador Víctor Gómez Bergés anunció que si llega al Congreso someterá un proyecto de ley para que la cadena perpetua sea aplicada, «principalmente a los violadores de mujeres y los asesinos vulgares».
El candidato a diputado Luisín Jiménez también se ha distinguido por enarbolar un discurso de campaña en la dirección de que se imponga la pena de muerte.
«El grado de criminalidad que registra el país y la profesionalidad que tienen ahora los delincuentes requiere sanciones más severas», dijo el miércoles Jiménez a la AP.
Para el catedrático universitario Belarminio Ramírez Morillo calificó de ilusos a quienes sustentan la teoría de endurecer las penas para disminuir la delincuencia.
«Todo el que tiene dos dedos de frente sabe que el principal factor generador de eso es el desempleo», sostuvo Ramírez Morillo en declaraciones a la AP.
«Con un panorama de incertidumbre económica la violencia seguirá aumentando y la pena de muerte no será el remedio», agregó.
Una reforma judicial en 1908 suprimió la pena de muerte en 1924. Para cualquier delito, por grave que sea, la pena máxima en el país es de 30 años de cárcel.