Redacciones Guayaquil y Judicial
El dictamen del fiscal Jorge Solórnazo confirmó las investigaciones policiales, que llevaron a la detención de 10 sospechosos de lavodo internacional de dinero.
Solórzano, quien es parte de la Unidad Antinárcoticos del Ministerio Público, consideró que los lituanos Algirdas Boradaitis, Bernardas Ziniauskas y la ecuatoriana Cecilia S. (esposa de Ziniauskas) son los autores de presunto lavado de dinero. Mientras que Gintaras Vaiciulis y los ecuatorianos Rocío S., Betshabé S., Antonio P., Joe B., Hugo V. y Belkys M.R. fueron acusados de complicidad. En el dictamen también fue implicado como encubridor Luis S..
Los 10 primeros fueron detenidos en diciembre pasado por la Policía, luego de una investigación que contó con el apoyo de los gobiernos de EE.UU. y Gran Bretaña. Los agentes estaban tras la pista de una organización delictiva dedicada al lavado de dinero proveniente de Rusia, Lituania y Letonia. Sin embargo, todos fueron liberados por el presidente de la Corte de Guayaquil, Armando Cervantes, en febrero pasado.
El judicial aceptó un amparo de libertad que presentaron los abogados de los acusados. Las quejas de la Embajada británica sobre la actuación del juez que se hicieron públicas esta semana generaron la reacción del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Velasco, quien suspendió a Cervantes, luego de un pedido de la Comisión de Quejas del Consejo Nacional de la Judicatura. Además, dispuso que se remita toda la documentación a la Fiscalía. La primera denuncia del Embajador de Gran Bretaña llegó a la Presidencia de la Corte el 23 de febrero pasado, pero el magistrado Jaime Velasco admitió que nunca revisó el documento “porque se traspapeló” en su oficina.
Las investigaciones policiales y fiscales determinaron que los principales implicados utilizaban las operaciones de dos compañías de ‘courriers’ para enviar a Ecuador grandes cantidades de dinero desde las tres naciones de la ex Unión Soviética.
En el país, ese dinero era retirado de las agencias de esas empresas por ecuatorianos y extranjeros. La Fiscalía detectó que en 314 envíos había ingresado al país más de un millón de dólares, entre los años 2000 y 2005.
Los principales remitentes eran Ziniauskas y su padre. Ellos afirmaron en sus declaraciones que el dinero era producto de los trabajos realizados en su empresa HV Auto Servisas, dedicada a la reparación y compraventa de vehículos en Lituania y la Unión Europea, y que esos recursos fueron destinados para comprar una casa en Ecuador y ayudar a sus familiares en Guayaquil.
Pero, los investigadores policiales establecieron que esa coartada era falsa, pues esa empresa, además de otras mencionadas, no podía generar las cantidades de dinero que llegaron a Ecuador. También se señaló que Ziniauskas no salió del país desde inicios del 2005 y que no era gerente de la empresa HV Auto Servisas, como señaló en su defensa.
En su fallo, el fiscal Solórzano señala que hasta el momento los acusados no han podido justificar la procedencia legal del dinero enviado a nuestro país.
Ayer, el dictamen fue remitido a Marco Torres, juez decimocuarto de lo Penal del Guayas. El judicial aseguró que lo analizaría inmediatamente y que en las próximas horas pudiera llamar a los diez implicados a una audiencia preliminar, para comenzar el juicio.
Cervantes bajo indagación
Entre tanto, la situación judicial para el presidente de la Corte de Guayaquil, Armando Cervantes, se complica. Ayer, la ministra fiscal (e) Cecilia Armas, inició una indagación previa para analizar las razones por las cuales aceptó el amparo de los 10 implicados.
La decisión se tomó, según un comunicado, luego de que el magistrado Alfonso Zambrano presentó varios documentos para que se inicie la investigación.
El judicial permanecerá suspendido hasta que termine la investigación, sostuvo Velasco en su resolución, pues “podría haber actuado con falta de idoneidad”.
Mientras tanto, desde el jueves Cervantes fue reemplazado por su subrogante Miguel Félix López, hasta que acabe la investigación.
