Jenny Oropeza B.
El director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, aseguró que se ha incrementado la violencia en los diversos centros penitenciarios del país, independientemente del esfuerzo del Estado.
Según las estadísticas aportadas por Prado el número de reclusos muertos en las prisiones sólo en el mes de abril ascendió a 40, mientras que otros 49 internos resultaron heridos en los hechos de sangre «si lo sumamos con el primer trimestre del año tenemos que heridas han resultado 244 personas y 117 han sido asesinados… el Estado debe resguardar el estado físico de las personas privadas de libertad», dijo.
Ante ello afirmó que en Venezuela lo que existe es la pena de muerte en las cárceles porque el Estado no tiene capacidad para resguardarlos. En su opinión, se tiene que reclasificar a los internos para que cese la violencia «hacia allá deben estar dirigidos los esfuerzos por lo menos hasta que merme estas situaciones de violencia que nos tienen de primero en Latinoamérica y quizás a nivel mundial», aseguró que en comparación con el 2005 la violencia se ha incrementado». Recordado a los 10 reclusos que murieron recientemente en la cárcel de Santa Ana estado Táchira, «este hecho está impune y las autoridades no le han puesto coto a esta situación», afirmó.
El director del Observatorio informó que le propuso a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) que se realicen mesas interinstitucionales carcelarias en las distintas regiones y no hacerlas centralizadas.
En su recuento inmediatamente anterior, la organización de Prado dijo que entre enero y octubre del 2005 otros 314 presos murieron y 517 resultaron heridos, situación que calificó de «holocausto».
El Gobierno anunció en marzo pasado que invertirá entre este año y hasta el 2011 el equivalente a 930,2 millones de dólares en un plan para «humanizar» las cárceles y transformar el sistema penitenciario, que cuenta con unos 20.000 reos.
El ministro del Interior y Justicia, Jesse Chacón, dijo entonces que el «Plan de Transformación del Sistema Penitenciario 2006-2011» incluye la construcción de 15 «comunidades penitenciarias», la primera de las cuales estará terminada en septiembre próximo, con una inversión de 66 millones de dólares.
Chacón destacó entonces que el plan se basa en una «experiencia española adaptada a la realidad de Venezuela» y advirtió de que será «inviable acometer un proceso de humanización si no se transforma la infraestructura del sistema penitenciario», que en la actualidad no pasa de ser «un depósito de personas», admitió.
En las «comunidades penitenciarias desaparecerá el concepto de contacto físico entre reo y custodio», al sustituirse las «garitas» policiales por modernos equipos de seguridad, y además los internos podrán formar «cooperativas de producción», sostuvo.
El Ejecutivo declaró en diciembre del 2004 la emergencia carcelaria nacional y creó una comisión presidencial, que preparó el plan, en respuesta a la creciente violencia en las cárceles del país.
Los «ajustes de cuentas» entre bandas y los «secuestros masivos» de familiares de los reclusos que acuden a visitarlos, así como motines y huelgas de hambre en protesta por las demoras en los procesamientos, el hacinamiento y las malas condiciones de las infraestructuras, se repiten de forma intermitente en las 29 cárceles y 16 internados judiciales del país.
