Hallan fosa común en noroeste de Argentina

STELLA CALLONI CORRESPONSAL
Buenos Aires, 18 de mayo. Sorpresivamente en Uruguay, diez ex comandantes del ejército que actuaron durante la pasada dictadura militar (1973-1985) asumieron su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en ese país, en una carta que se divulgó en coincidencia con el aniversario de la creación del ejército. El ex dictador Gregorio Alvarez aclaró con vehemencia que la carta no era un «pedido de perdón».
La misiva apareció el día en que se cumplen 30 años del secuestro en Buenos Aires, de los ex legisladores uruguayos, Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario del Carmen Barredo y William Withelaw Blanco, cuyos cadáveres aparecieron dos días después de ser secuestrados, con signos de tortura, en lo que se considera una de las primeras acciones de la dictadura argentina(1976-1983) en lo que se conoce como Operación Cóndor.
En la nota dirigida por los ex comandantes «a los poderes del Estado y a la opinión pública», sostienen que «asumen plenamente las responsabilidades institucionales y sus eventuales consecuencias por los actos del servicio cumplidos por los integrantes del ejército, como compromiso solidario e intransferible».
Alvarez, quien encabeza las firmas, enfatizó ante la prensa: «¡Qué pedir perdón! ¡Qué pedir perdón! Antes caer de espaldas que de rodillas».
En la carta se señala que «la primera y más vieja consigna del mando militar, a la que nos aferramos de por vida, establece que el jefe del ejército es responsable de lo que hacen sus subordinados».
Los militares critican la política de derechos humanos del actual presidente, Tabaré Vázquez, del Frente Amplio de izquierda que a quien acusan de hacer una «interpretación diferente» de la Ley de Caducidad, y lo fustigan por abrir investigaciones acogiéndose a la norma de que los familiares de las víctimas tienen derecho a conocer la verdad.
En cambio, reconocieron a los ex presidentes Julio María Sanguinetti, Jorge Batlle (Partido Colorado) y Luis Alberto Lacalle (Partido Blanco), por respetar el verdadero «espíritu de la ley» de caducidad de 1986, votada por ambos partidos, con el rechazo del Frente Amplio.
Ex marinos se niegan a declarar
En tanto, en Buenos Aires, los ex marinos, Alfredo Astiz, Jorge Tigre Acosta y Ocar Antonio Montes, símbolos trágicos de los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura, se negaron a declarar en el juicio que investiga los secuestros, torturas y la desaparición de unos cinco mil detenidos desaparecidos en ese lugar.
Ante el juez Sergio Torres, a cargo de esta gran causa en la cual quedaron detenidos esta semana 12 militares, los tres se negaron a responder toda pregunta.
En Santiago del Estero, en el noroeste argentino, las organizaciones de derechos humanos denunciaron el hallazgo de cadáveres enterrados sin identificación en un cementerio de Quimilí, y sospechan que se trata de personas desaparecidas durante la dictadura militar.
Estas organizaciones, que integran la Asamblea por los Derechos Humanos en esa provincia, solicitaron «una investigación hasta las últimas consecuencias», así como la intervención directa del equipo de antropología forense.
Antes habían apelado la decisión del juez federal, Angel Toledo, quien antes de dimitir para ser sometido a juicio político, ordenó excarcelar al ex militar Jorge D’Amico, quien fue jefe de inteligencia en esa provincia y bajo proceso en la causa que investiga desapariciones y violaciones a los derechos humanos.
En el mismo juicio se ha pedido el procesamiento de quien fuera cinco veces gobernador de Santiago del Estero, Carlos Juárez, y su ex jefe de Inteligencia, Antonio Musa Azar. En la causa están imputados los ex jefes militares Luciano Benjamín Menéndez, Domingo Antonio Bussi y varios policías detenidos en el lugar.

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