8 detenidos en España por fraude con multipropiedad

ELMUNDO.ES
MADRID.- La Policía ha detenido en Málaga a los ocho responsables de un grupo organizado de fraudes multimillonarios y masivos en la reventa de multipropiedad con el que supuestamente obtuvieron beneficios de unos 18 millones de euros. Más de 15.000 personas podrían haberse visto afectadas.
Todos ellos han quedado en libertad con cargos tras prestar declaración en el juzgado de guardia, según confirmaron a Europa Press fuentes cercanas al caso.
Según informó la Dirección General de la Policía, en esta operación denominada ‘Trafalgar’ ha quedado desmantelada la cúpula de esta red, que operaba desde la Costa del Sol y que utilizó a 300 empresas y a más de 1.000 personas para cometer sus fraudes.
Estas cifras podrían representar, según la Policía, más del 90% de la estafa en la reventa de multipropiedad anglosajona establecida en la Costa del Sol en los últimos años.
El sistema de tiempo compartido nació en Suiza en 1963 como procedimiento para comercializar bienes inmuebles destinados a alojar turistas en distintos intervalos vacacionales. Consiste esencialmente en dividir en periodos de tiempo (por lo general una semana) el uso de un condominio, lo que implica su copropiedad.
Los arrestados son originarios del Reino Unido, Sudáfrica, Bélgica y Noruega y han sido detenidos en las localidades malagueñas de Fuengirola, Mijas y Coín.
Los detenidos son Willenm Marthinus P., sudafricano de 58 años, artífice fundamental del fraude; Malcom David K., británico de 32, encargado de confeccionar la documentación y de conseguir las listas de los miles de propietarios de tiempo compartido; Johannes V., belga de 51, actual encargado de la distribución de la documentación necesaria para articular este fraude; Gunn Iren K., noruega de 48, esposa de Willenm; Willy S., británico de 44; Steven Stewart R., británico de 53; Leon O., sudafricano de 49; y Rupert Quentin M., británico de 37 años.
El grupo se trasladó en el año 2000 desde las Islas Canarias a la Costa del Sol, explica la Policía en un comunicado. La trama consistía en empresas legales registradas en España que, utilizando teleoperadoras, ofrecían a los propietarios de tiempo compartido la posibilidad de vender su semana contactando a su vez con posibles compradores.
Modalidades de fraude
La red se dirigía especialmente al mercado anglosajón y centroeuropeo utilizando diversas modalidades de estafas.
En una de las variantes, engañaban a los propietarios para que realizaran transferencias de dinero a España en concepto de gastos notariales, de gestión o por impuestos, dejando pasar mucho tiempo hasta que los estafados advertían el fraude.
Según el comunicado policial, los detenidos también vendían el mismo producto vacacional a diferentes personas, consiguiendo un beneficio multiplicado.
También se ofrecían a emprender acciones legales en contra de otras empresas timadoras utilizando documentación falsificada de notarios y abogados españoles, y volviendo así a engañar a las víctimas.
Trama de ocultación
A consecuencia de la persecución policial de sus actividades, en el año 2001 el grupo inició un cambio en su cúpula directiva, utilizando a terceras personas para ocultar a los ‘cerebros’ de la banda.
Así, crearon multitud de empresas ficticias, otras reales o que se hacían pasar por legales de reconocido prestigio en el ámbito del tiempo compartido.
En locales alquilados, cometían la estafa durante pocos meses para después desaparecer del lugar y aparecer en otros establecimientos, repitiendo el mismo esquema defraudatorio una y otra vez.
Sin embargo, el principal artífice de los fraudes siguió siendo Willenm Marthinus P., quien llegaba a ejercer coacciones y amenazas.
Según explica la Policía, este entramado «ha dificultado enormemente la labor investigadora», pues «chocaba una y otra vez contra el muro de silencio y opacidad de los numerosos detenidos» a lo largo de estos años, lo que «impedía llegar hasta el escalón superior de la estructura delictiva».
A esto hay que sumar que cuando las denuncias llegaban a España venían «con meses o incluso años de retraso, no siempre con la información documental completa, con el inconveniente de no poder contactar directamente con la víctima, y con los problemas legales generados por el desconocimiento del problema y por ser víctimas extranjeras de un delito transnacional».
La Policía subraya que los ingresos generados por este fraude no se quedaban en España, «ya que los principales implicados vivían de una forma relativamente sencilla y sin ningún tipo de ostentaciones», lo que lleva a la conclusión que los mismos sólo son un escalón más en la estructura desmantelada.
Registros
En los registros efectuados se ha encontrado abundante documentación en forma de contratos, listas de miles de propietarios, referencias bancarias, etc.
También se ha incautado un arma de fuego prohibida del calibre 22, realizada en acero y con forma de llavero junto a cuatro cartuchos.
Las listas de propietarios han sido localizadas tanto en soporte documental como en digital.
También se ha requisado un PC cuyo amplio contenido está siendo analizado actualmente por los investigadores y especialistas.
Todos los detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial.
En el sistema de tiempo compartido, cada uno de los propietarios asume parte de los gastos de mantenimiento y paga por adelantado el hospedaje por un determinado tiempo mediante una cuota periódica.
Según la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), la denominación multipropiedad está prohibida por la normativa que regula el sector, ya que el usuario no adquiere una propiedad, sino un derecho de uso compartido. El negocio del tiempo compartido está regulado por la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico.

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