Policía y Ejército mexicano afrontan a sicarios en Nuevo Laredo

De los Corresponsales
El Universal
Sábado 27 de mayo de 2006
Una ofensiva del crimen organizado dejó 12 personas muertas en las últimas 24 horas, entre ellas un comandante de la Policía Federal Preventiva (PFP), un elemento de seguridad municipal y un empresario hotelero.
La ola de violencia se produjo en siete estados: Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León y Guerrero. Todos los asesinatos tienen el sello de ajustes de cuentas entre narcotraficantes.
En el más grave de los hechos, agentes federales y estatales, con el apoyo de elementos del Ejército, protagonizaron durante casi dos horas una balacera en calles de Nuevo Laredo al enfrentarse a una banda de presuntos sicarios.
La balacera se inició a las 01:35 del viernes, después del asesinato de un policía municipal.
En el tiroteo, un agente ministerial resultó herido de gravedad y uno de los delincuentes perdió la vida.
La Policía Federal Preventiva informó que un grupo de asalto empleó dos granadas de gas lacrimógeno para ingresar al inmueble donde se resguardaban los sicarios.
Al catear el domicilio se aseguraron cuatro armas AK-47, un rifle R-15, una pistola calibre 40, además de 2 mil 946 cartuchos útiles de diferentes calibres y una granada de fragmentación.
La Procuraduría local señaló que cuatro sujetos fueron capturados -dos de ellos están heridos- y son los autores «de por lo menos 10 homicidios, de los cuales cuatro fueron contra policías».
En Hermosillo, Sonora, el segundo comandante de la PFP, Rafael Castro Vega, fue ejecutado al llegar a su domicilio. En hechos diferentes, otras dos personas fueron halladas muertas.
En Nayarit, el empresario Baltazar Ávalos fue emboscado cuando circulaba por la carretera Tepic-Puerto Vallarta. Ávalos fue ultimado con descargas de rifle AR-15.
En las primeras horas del viernes René Alfonso Garza Domene, de 29 años, recibió dos impactos de bala, incluido el tiro de gracia, al llegar a su vivienda, en Monterrey.
En lo que fue el sexto ataque con armas de grueso calibre en el año, un grupo de jóvenes fue blanco de disparos con AK-47 al salir de una discoteca en Zihuatanejo, Guerrero. El saldo fue de tres lesionados de sexo femenino, entre ellas dos menores de edad.
En el estado de Chihuahua dos personas fueron encontradas muertas en ejecuciones atribuidas al crimen organizado.
En Sinaloa se registraron tres asesinatos, en diferentes municipios.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), en el último año 15 jefes policiacos han sido ejecutados.
Una de las líneas de investigación señala la posible colusión de los mandos y policías asesinados, con organizaciones criminales.
Ruptura de pactos
En el último año, más de 15 jefes policiacos en los estados de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Nuevo León han sido el «blanco» de ejecuciones.
En todos los casos, está la rúbrica del narcotráfico: los sicarios de las organizaciones criminales igual utilizan rifles de asalto que granadas de fragmentación, y recientemente incluso han recurrido a la decapitación, para consumar los asesinatos, y así enviar sus mensajes de violencia.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), en la investigación de estos homicidios, que es una modalidad cada vez más frecuente, no se descarta como hipótesis que la ruptura de pactos entre capos y corporaciones policiacas locales, sean el resultado de esta violencia contra los mandos que se ha intensificado en los últimos meses.
Autoridades de la dependencia federal indicaron que «aunque no se puede generalizar, una de las principales líneas de investigación para esclarecer estos crímenes, apunta a la posible colusión de los mandos y policías asesinados, con las organizaciones criminales, como actos de venganza».
Esta posible fractura de pactos, indicaron, se enmarca también en la disputa que sostienen cárteles como los de Sinaloa y el Golfo, por el control de los territorios para el tráfico de droga, en la que cuentan con la participación de elementos de las corporaciones policiacas locales.
Aunque las autoridades consultadas también reconocieron que, en algunos de los casos, la ejecución de los jefes policiacos, como ha ocurrido en los estados de Michoacán y Nuevo León, puede obedecer también a actos de represalia, por la participación de las víctimas en el combate a las organizaciones criminales, pues los asesinatos han coincidido con la captura de narcotraficantes y el aseguramiento de remesas de droga.
Sin embargo, las investigaciones que realizan autoridades locales y la PGR en torno a estas ejecuciones no descartan la línea de los «ajustes de cuentas» por pactos incumplidos.
El pasado 20 de abril, en Acapulco, Guerrero, fueron ejecutados Mario Núñez Maganda, quien fuera comandante del Grupo de Reacción Inmediata Relámpago, y el policía Érik Juárez Martínez, quienes fueron decapitados y sus cabezas expuestas frente a las instalaciones de una dependencia.
Ante este caso, ese mismo día el titular de la Procuraduría General de la República, Daniel Cabeza de Vaca Hernández, aseguró que «lo que hemos visto es que se necesitan depurar los cuerpos policiacos municipales y estatales en Guerrero, porque esto nos indica que los policías desgraciadamente tienen alguna relación con el narcotráfico, algún tipo de implicación con los delincuentes».
El funcionario afirmó entonces que «es obvio que si son víctimas en esa forma, es por algún compromiso incumplido o por alguna venganza de algún grupo rival, eso es lo que nos indica».

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