El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido pidió al juez federal Norberto Oyarbide que declare «inconstitucionales y de ningún efecto» dos indultos decretados por el ex presidente Carlos Menem que beneficiaron a los ex ministros de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz (Economía) y Albano Harguindeguy (Interior) en una causa por el presunto secuestro de dos empresarios en 1976.
Martínez de Hoz, Harguindeguy y el ex dictador Jorge Rafael Videla fueron beneficiados por indultos que dictó Menem en sus primeros años de Gobierno que los dejaron a salvo de la persecución penal en la causa que investigaba la detención de Federico y Miguel Ernesto Gutheim, arrestados en noviembre de 1976 por decreto del Poder Ejecutivo y liberados cinco meses más tarde.
Según el informe del fiscal, que reproduce parcialmente la agencia DyN, para detener a los empresarios el Gobierno argumentó la «primordial responsabilidad de consolidar la paz interior, asegurar la tranquilidad y el orden públicos y preservar los permanentes intereses de la República».
Sin embargo, para Garrido, «el verdadero móvil de la detención fue presionar a los detenidos para que negociaran con representantes de empresas extranjeras a raíz de la frustración de un negocio de exportación de la que José Alfredo Martínez de Hoz había tomado conocimiento en una visita oficial a Hong Kong».
«Mientras estaban detenidos –sostiene el escrito-, se los trasladó en cuatro oportunidades a oficinas en las que se desarrollaron negociaciones con los representantes de tales empresas y también con la presencia de un representante del Ministerio de Economía».
Harguindeguy y Videla estuvieron detenidos en 1988 por esta causa que también investigaba a Martínez de Hoz, pero en octubre de 1989, setiembre de 1990 y enero de 1991 el gobierno de Menem dictó los indultos y los tres quedaron sobreseídos.
Al pedir la nulidad de los indultos, el fiscal citó jurisprudencia internacional y de la propia Corte Suprema argentina en materia de derechos humanos.
