Estela (no es su nombre verdadero, por proteger su identidad) perdió a su hija de 22 años de edad en 2004. Claudia (tampoco su nombre verdadero) apareció muerta en el área conocida como Cristo Negro, a unos cinco kilómetros del centro de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.
Claudia es una de las muchas mujeres cuyas muertes aún no han sido esclarecidas.
Su familia dice que fue asesinada por un grupo de narcotraficantes locales; que éstos fueron detenidos y encarcelados, pero salieron en libertad casi de inmediato.
Y ahora, en lo que los familiares consideran un balde de agua fría de parte de la justicia mexicana, después de tres años de investigaciones las autoridades federales decidieron regresar al ámbito local los expedientes de catorce casos de mujeres que fueron halladas muertas, luego de haber sido violadas y estranguladas en esta ciudad norteña.
«Esto es un retroceso (…) se llevan una esperanza que todos teníamos», le dijo a la BBC Marilú Andrade, de un grupo que apoya a los familiares de las víctimas.
Desde el año 2003 hasta la fecha, en Ciudad Juárez han sido asesinadas casi 400 mujeres, en su mayoría jóvenes como Claudia.
Justicia
A partir de que ocurrió la muerte de la menor de sus cinco hijos, Estela no ha hecho otra cosa que pedir justicia.
«Nadie ha hecho nada. Los que mataron a mi hija ya están fuera de la cárcel», le dijo la madre a BBC Mundo en una entrevista telefónica desde Ciudad Juárez.
«Quiero justicia. Todas las madres que sufrimos esto queremos que se haga justicia por lo que le hicieron a nuestras hijas», agregó.
La justicia en estos casos ha demorado en hacerse presente. A la angustia y la desesperanza que ha vivido Estela, se añade ahora la sorpresa de una noticia que pocos esperaban.
La Fiscalía General de la República había anunciado en 2003 que intervendría para solucionar estos casos que no habían podido ser esclarecidos a nivel estatal, para lo cual inició una investigación federal.
Devolución
No se cierra la investigación, se regresa al ámbito local porque las líneas de investigación que se estaban siguiendo a nivel federal no arrojaron resultados satisfactorios
Alicia Elena Pérez Duarte, fiscal federal
Pero ahora, después de tres años, la fiscalía especial federal informó a las autoridades estatales en junio pasado, a través de un comunicado interno que no fue dado a conocer públicamente, que le devolvía dichos casos porque no había encontrado pruebas de que se hubieran cometido delitos de competencia federal.
«No se cierra la investigación, se regresa al ámbito local porque las líneas de investigación que se estaban siguiendo a nivel federal no arrojaron resultados satisfactorios», comentó a la BBC la fiscal federal Alicia Elena Pérez Duarte.
Según la funcionaria de la fiscalía especial, algunos de los casos que se siguieron a ese nivel se presumía tenían que ver con delitos federales como el narcotráfico, el crimen organizado, o incluso, con la extracción de órganos para su venta posterior.
«Trabajamos muy minuciosamente para seguir las pistas, pero en ninguno de los casos se llegó a nada contundente», dijo la doctora Pérez Duarte.
«No nos estamos desentendiendo del asunto. Seguimos trabajando en coordinación con las autoridades locales, simplemente que a nivel federal no conseguimos evidencias para comprobrar los delitos que investigamos».
Reacción contraria
Entre los dirigentes de las organizaciones locales de derechos humanos, la noticia cayó muy mal.
«Esto es un retroceso. Hemos luchado por mucho tiempo para que estos casos fueran atraídos por la autoridad federal y ahora, de pronto, dicen que no hay pruebas y se acabó su participación en esto», comentó a BBC Mundo, Marilú Andrade, asesora jurídica de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, un grupo de apoyo a los familiares de las víctimas.
«Se llevan una esperanza que todos teníamos», añadió.
Andrade dice que está consciente de que quizá todos los casos, efectivamente, no pertenececían al ámbito federal, pero está convencida que el de Estela y el de su propia hermana, Lilia Alejandra, secuestrada y asesinada en febrero de 2001, sí eran competencia de la fiscalía federal.
«Ellos estaban investigando el caso de mi hermana, que fue víctima del crimen organizado. Hay testigos que vieron cómo se llevaron a mi hermana secuestrada, y a los días apareció muerta en un lugar que es considerado territorio de los narcotraficantes. No entiendo cómo ahora desestiman estos casos», agregó Andrade a la BBC.
Cansados de ver que los casos de sus hijas van y vienen de un lugar a otro sin resolverse, las madres de las víctimas sospechan de todo y desconfían de la autoridad.
Amenazas
Tengo mucho miedo. No me metan en problemas porque tengo miedo
Estela (nombre cambiado para proteger su identidad)
«A lo mejor lo que pasa es que la justicia está comprada. Aquí hay muchos narcos con poder y la policía se agacha ante ellos», comentó Estela (de nuevo, no su nombre verdadero).
Ella, a sus 60 años, se ha quedado a cargo del cuidado de sus tres pequeños nietos, hijos de Claudia (nombre cambiado), a quienes protege de las amenazas que ya ha recibido por parte de quienes mataron a su hija.
Hace seis meses, Estela recibió en su casa dos cartas anónimas, donde le decían que si se quejaba ante las autoridades y seguía pidiendo justicia, ella y su nieta podrían ser las próximas víctimas.
«Tengo mucho miedo. No me metan en problemas porque tengo miedo», pidió Estela a esta corresponsal antes de colgar el teléfono.
