El ex dictador chileno Augusto Pinochet fue sometido hoy a un interrogatorio en relación con el asesinato en 1974 en Buenos Aires de su antecesor en el mando del ejército, el general Carlos Prats.
El juez Alejandro Solís interrogó en calidad de testigo durante 40 minutos al nonagenario general en su residencia de un sector elegante de Santiago. Pinochet, a quien su jefe de la policía secreta Manuel Contreras y un ex agente estadounidense de esa organización lo culparon de dar la orden de matar a Prats, no pudo ser procesado por su presunta responsabilidad en el asesinato en octubre de 1974 luego que la Corte Suprema rechazara el año pasado su desafuero.
Manuel Contreras y otros siete jefes y agentes de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) se encuentran inculpados y sometidos a proceso por el atentado que le costó la vida a Prats y a su esposa Sofía Cuthbert.
Tras la diligencia, el magistrado declaró a la prensa que Pinochet respondió diez interrogantes que le formuló y que «no hubo ningún problema, en todo caso». El juez Solís dijo que la evaluación del interrogatorio se verá cuando emita un fallo en este proceso, que según dijo debería cerrar esta semana.
Pero Pinochet no podrá ser inculpado, pues la Corte Suprema al revocar el 2005 el desafuero lo exculpó de cargos.
El general Carlos Prats, quien ejerció el mando del ejército hasta un mes antes del golpe militar que en septiembre de 1973 encabezó Pinochet, ejerció cargos ministeriales en el gobierno del derrocado presidente Salvador Allende.
Tras el golpe, salió exiliado a la Argentina, donde un atentado con bomba colocada en su automóvil le costó la vida el 30 de septiembre de 1974. El abogado Hernán Quezada, representante de las tres hijas de Prats, dijo que habían solicitado el interrogatorio de Pinochet pues al haber estado vinculado con el caso podría aportar antecedentes.
Sin embargo, Pablo Rodríguez, defensor de Pinochet, negó responsabilidad de su defendido en el homicidio. Argentina también trató de procesar a Pinochet por el caso en el que un agente de la policía secreta, el chileno residente en Buenos Aires Enrique Arancibia Clavel, fue condenado a prisión perpetua. Pero la Corte Suprema rechazó la extradición.
