GONZALO GUILLEN y GERARDO REYES
El Nuevo Herald
CARLOS MARIN / AP
EL TEMIDO líder paramilitar Salvatore Mancuso.Al menos once de los más poderosos jefes paramilitares de Colombia quedaron ayer en poder de la justicia en cumplimiento de los acuerdos de desmovilización con el gobierno y de una directiva del presidente Alvaro Uribe que había pedido que se entregaran a las autoridades.
La mayor parte de los capturados están solicitados en extradición por Estados Unidos, principalmente por cargos de narcotráfico. La Corte Suprema de Justicia aprobó entregarlos y la decisión de hacerlo está en manos del presidente Alvaro Uribe.
Sin embargo el gobierno, a través del ministro del Interior, Sabas Pretelt, informó ayer que se abstendrá de extraditar a aquellos que se entreguen a las autoridades.
Las capturas se producen en medio de la visita al país de la jefa de la Agencia de Lucha Contra las Drogas (DEA) Karen Tandy.
Los jefes paramilitares arrestados llevaban más de un año en libertad, tenían protección del DAS (policía secreta) y aviones del gobierno a su disposición para desplazarse por el país.
Un informante del gobierno federal de Estados Unidos comentó a El Nuevo Herald que aunque algunos de los líderes sabían de la ofensiva oficial, otros quedaron sorprendidos por los arrestos.
Uno de los líderes de las AUC estaba en paños menores cuando fue arrestado en una residencia de la capital, dijo la fuente que pidió no ser identificada por razones de seguridad.
En algunas ciudades del país, los habitantes se habían acostumbrado al despliegue de escoltas y automóviles blindados alrededor de los paramilitares cuando éstos visitaban centros comerciales, restaurantes y otros establecimientos públicos.
Los primeros en quedar en manos de las autoridades fueron Iván Roberto Duque –alias Ernesto Báez–, Ramón Isaza y Rodrigo Pérez, alias Julián Bolívar, quienes se encontraban cerca de Medellín en la hacienda Villa Esperanza, un lugar que ha servido como sede de los encuentros con el gobierno.
Posteriormente, otro grupo policial, también en Medellín, entró a la casa de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y lo capturó.
Todos fueron conducidos a las oficinas centrales de la policía en Medellín, en donde al cierre de esta edición se encontraban reunidos con el Alto Comisionado de Paz de Uribe, Luis Carlos Restrepo.
Tras los arrestos de Medellín, pasado el mediodía, los paramilitares Salvatore Mancuso, Eduardo Cobo Téllez, alias Diego Vecino, y Francisco Javier Zuluaga, alias Gordo Lindo, por recomendación de Uribe se presentaron en la estación central de policía de Montería, considerada como la capital del paramilitarismo en Colombia.
Mancuso expresó a periodistas que «vengo a entregarme, son requerimientos que hace el Presidente y somos respetuosos de él. Son compromisos que hicimos con el país».
Mancuso llegó acompañado por su segunda esposa, que se encuentra embarazada.
José Vicente Castaño, hermano de los desaparecidos jefes de la organización Fidel y Carlos, no había sido capturado ni se había entregado.
También permanecían en libertad otros prominentes jefes paramilitares como Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 y Freddy Rendón Herrera, alias Luis Alfredo Berrío o El Alemán, quien hace pocos días habría entregado al gobierno las armas de un ejército que comandaba en la frontera con Panamá.
Las intempestivas operaciones se habrían llevado a cabo bajo la presión del gobierno de Estados Unidos, cuyo embajador en Colombia, William Wood, ha hecho críticas públicas al proceso de paz con los paramilitares.
Versiones de prensa en Bogotá indicaron recientemente que la embajada de Estados Unidos criticó enérgicamente la promulgación de un decreto de Uribe por medio del cual aumentaba los beneficios y los derechos a los paramilitares.
Ninguno de los cabecillas de las Autodefensas protestó por los arrestos, pese a que el pasado sábado la organización lanzó una advertencia desde su página de internet: «Se acuerda un marco constitucional diferente o el conflicto armado se transformará en una guerra civil de incalculables proporciones».
Los paramilitares aspiran a que la Constitución Nacional sea reformada para introducir en ella los derechos que le ha prometido Uribe y así haya más »seguridad jurídica» de que no serán extraditados ni molestados por las autoridades y la justicia nacional.
Uribe no ha dicho si los acuerdos alcanzados con los narcotraficantes y paramilitares incluidos en el proceso de paz serán objeto de una reforma constitucional.
Sin embargo, el ministro del Interior, Sabas Pretelt, ayer pidió »no angustiarse» y reafirmó que no serán extraditados ninguno de los arrestados mientras permanezcan dentro del «proceso de paz».
«Lo que se dispone es un lugar mientras empieza el proceso judicial en firme, para que allí se puedan seguir adelantando conversaciones. Pero que todo el país y la comunidad internacional sepan que este proceso continúa con el respaldo total del gobierno y obviamente con la aceptación de las autodefensas».
