Casa Blanca en desacuerdo con fallo que obliga a suspender programa de espionaje telefónico

Lourdes Heredia
BBC Mundo, Washington
La ACLU demandó la constitucionalidad de la norma.
El programa promovido por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, que permite la escuchas telefónicas y el espionaje de mensajes electrónicos es inconstitucional, según la decisión de una jueza federal de ese país.
La magistrada Anna Diggs Taylor pidió que se interrumpa el programa de inmediato porque viola la libertad de expresión, el derecho a la intimidad y además atenta contra la separación de poderes estipulada en la Constitución estadounidense.
La reacción de la Casa Blanca fue inmediata.
«No podemos estar más en desacuerdo», dijo el presidente en un comunicado de prensa.
Explicó que el Departamento de Justicia había apelado la decisión de la juez y por lo tanto el programa seguirá vigente, aunque sea de manera temporal, hasta una siguiente audiencia.
Con capa y espada
El programa cuestionado permitía a las autoridades vigilar a millones de ciudadanos.
Este programa de espionaje telefónico salió a la luz pública a finales del 2005 e inmediatamente causó controversia.
La Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), entre otras organizaciones, presentó la demanda ante la juez de Michigan.
«Los demandantes se han impuesto y el interés público de este asunto es claro», concluyó Anna Diggs Taylor.
La decisión es un duro golpe para Bush que ha defendido con capa y espada el programa como una «herramienta fundamental» en la llamada «lucha contra el terrorismo».
«La seguridad del pueblo estadounidense depende de nuestra habilidad para saber con quién están hablando los terroristas y qué están planificando», aseguró el presidente.
El mandatario autorizó este programa tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, para que las autoridades puedan intervenir llamadas internacionales y correos electrónicos de ciudadanos estadounidenses sin el debido permiso judicial.
«Potestad constitucional»
Según explicó este jueves el fiscal general de EE.UU., Alberto González, el presidente tiene «potestad constitucional» porque el Congreso le dio el mandato para buscar a los responsables de los atentados del 2001.
«Creemos que el programa no sólo es efectivo, también es legal. Ha sido revisado por varios abogados y jueces y nos han dicho que es legal», señaló Alberto González, quién dio una conferencia de prensa tras conocerse la resolución de la jueza.
Creemos que el programa no sólo es efectivo, también es legal. Ha sido revisado por varios abogados y jueces y nos han dicho que es legal
Alberto González
«Hemos apelado la decisión de la jueza federal y por ahora nuestra prioridad es mantener la nación segura», señaló el funcionario, quién fue uno de los consejeros de George W. Bush al implementar el centro de detención de Guantánamo.
Pese a la posición de la administración Bush, los críticos a este programa dicen que ya desde 1978 la «Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera» prohíbe el espionaje en territorio de EE.UU. a ciudadanos estadounidenses, a menos que un tribunal especial lo autorice.
El director ejecutivo de ACLU, Anthony Romero, además enfatizó que la resolución demuestra que esta administración no respeta la separación de poderes y refleja «el abuso del poder presidencial».
«Esta decisión es un paso más en el fracaso de la estrategia legal de la administración Bush en la lucha contra el terror», señaló Romero.
En un caldo de cultivo
Esta decisión judicial intensifica además el debate político sobre la seguridad, cuando ambos partidos se están preparando para las elecciones legislativas del 7 de noviembre.
Por eso, legisladores de ambos partidos reaccionaron inmediatamente.
Para Harry Reid, el líder de la minoría demócrata, la resolución de este jueves es un ejemplo de cómo el gobierno perjudica los esfuerzos de los estadounidenses en la llamada «lucha contra el terrorismo».
«La decisión de administración Bush de ignorar la Constitución y el Congreso la paga muy caro el pueblo estadounidense al perder seguridad.
En lugar de haber pasado 5 años consolidando una estrategia efectiva contra el terror, nos encontramos que ahora hay que comenzar de cero», enfatizó el legislador demócrata.
Sin embargo, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Bill Frist, no está de acuerdo y señaló en un comunicado que «los terroristas son la verdadera amenaza a nuestra Constitución y no los instrumentos que se utilizan para mantenernos a salvo».
«Necesitamos reforzar y no debilitar nuestra habilidad para desarmar planes terroristas que nos puedan dañar», enfatizó.
Sea cual sea el debate político, el futuro del programa es incierto y le espera ahora un largo camino judicial que recorrer, ya que la demanda de ACLU es sólo uno de varios procesos abiertos en los tribunales estadounidenses en contra de las escuchas telefónicas.

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