GERARDO REYES
El Nuevo Herald
Cuando los oficiales de la policía antinarcóticos ingresaron el miércoles a una casa de un barrio residencial de la ciudad de Valledupar, al norte del país, para arrestar a Ulises Malkum Bernades, el empresario comentó que la operación no era más que una venganza de sus enemigos políticos.
Las autoridades de Estados Unidos y Colombia tienen otra versión sobre el personaje, muy bien emparentado con la clase política de la costa atlántica: fuentes de ambos países coinciden en que Malkum es uno de los operadores de una exitosa multinacional del narcotráfico que la organización paramilitar de ultraderecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) controló a sangre y fuego en los últimos cinco años en diferentes zonas del país.
Bajo unas normas de seguridad que no han dejado de sorprender a los investigadores, la organización contaba con una flota de lanchas rápidas de 30 pies de eslora que salían cargadas de cocaína al anochecer de las desembocaduras en el mar Caribe de varios ríos del norte de Colombia y 14 horas más tarde arribaban a costas de Jamaica.
Debajo de las lonas azules con las que eran cubiertas para camuflarse en el océano al despuntar el día, cada
lancha llevaba un cargamento de una tonelada de cocaína pura con un valor, en puerto jamaiquino, de $8 millones. Desde la isla del Caribe,
los intermediarios enviaban
la droga a México y de allí
a Estados Unidos.
Según la acusación, los paramilitares estaban entre los principales proveedores de cocaína de Ismael El Mayo Zambada, el traficante número uno de México.
La noticia del arresto de Malkum y otros miembros de la organización en Bogotá, Jamaica y Miami, quedó relegada a un segundo plano por los reportes de la entrega colectiva de cabecillas de las AUC, que fueron recluidos el jueves y el viernes en un club social del departamento de Antioquia en cumplimiento de un accidentado acuerdo de desmovilización con el gobierno.
Pero detrás de esta aparentemente modesta operación de la Policía Nacional de Colombia en colaboración con la Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA), se esconde un capítulo inédito de la historia del narcotráfico en Colombia que muestra cómo las AUC, cuyos líderes juraron que jamás se mancharían con el flagelo de la cocaína, reci
bió millones de dólares del
trasiego de droga, convirtiéndose en la organización seudopolítica más rica, poderosa y siniestra de la historia del país suramericano.
»Colombia no conoce la cara narca de las AUC», comentó a El Nuevo Herald una fuente oficial que ha estado en la vanguardia de la guerra contra el narcotráfico en Colombia. «La Sierra Nevada [centro de operaciones de un bloque de las AUC] ya no es un parque natural, es un cementerio donde están enterradas las víctimas que los paramilitares ejecutaron para mantener su dominio en las drogas, la política y la eliminación de la guerrilla».
Según versiones de autoridades y testigos obtenidas por El Nuevo Herald en Estados Unidos y Colombia, líderes de las AUC tales como Hernán Giraldo, hoy preso en el club social de La Ceja; Jorge 40, quien está fugitivo; y Francisco Pacho Musso, extraditado a Estados Unidos, dirigieron y se beneficiaron del negocio.
»Este sí era un cartel completo pues controlaba desde la siembra hasta el lavado, imponiendo los precios y las condiciones», explicó el funcionario que pidió no ser identificado por razones de seguridad, al igual que las demás fuentes que hablaron con El Nuevo Herald.
Organización perfecta
Las AUC inicialmente reportaron que tenían unos 15,000 combatientes, pero durante el proceso de desmovilización han sido registrados 31,000.
El punto de quiebre de la organización se produjo el 9 de octubre del 2001, cuando un grupo de escoltas de Musso acribilló a tres oficiales de la policía que investigaban a la organización. En respuesta al asesinato, agentes de la DEA que trabajaban hombro con hombro con los oficiales, redoblaron su apoyo a las investigaciones y facilitaron el suministro de fondos y equipos que le permitió a la policía asestar golpes contundentes al Bloque Tayrona de las AUC, dirigido entonces por Giraldo.
No es la primera vez que Malkum, residente de Barranquilla, está en problemas. En el 2000 fue investigado por el intento de robo de un helicóptero en Panamá, que sería entregado a uno de los bloques de las AUC. Según versiones de prensa de Panamá, Malkum se libró de la investigación por la intervención de la embajada de Colombia en ese país, donde entonces trabajaba su esposa Carmen Rosa Araujo, hija del ex gobernador del departamento del Cesar, Alfonso Araujo Potes.
Malkum, de 36 años, fue arrestado en la residencia de su suegro.
De acuerdo con los reportes de la policía colombiana, Malkum estaba a cargo de la logística de la organización. Establecía los contactos en Jamaica para el recibo de la droga y viajaba a México para coordinar los envíos. Seguía órdenes de un misterioso y discretísimo jefe en Bogotá que no ha sido identificado. Nunca hablaban por teléfono. Se reunían personalmente y en forma intempestiva, lo cual obligó a Malkum a tomar aviones ejecutivos fletados desde Santa Marta a Bogotá.
Malkum y los demás arrestados esta semana afrontan solicitudes de extradición de Estados Unidos.
En su mismo nivel de importancia dentro de la organización estaba Jaime Hernán Gutiérrez Díaz, identificado como un multimillonario proveedor de la pasta de coca adquirida en los Llanos Orientales de Colombia. Gutiérrez operaba en Bogotá como empresario dueño de estaciones de gasolina y de un criadero de caballos de paso fino en el cercano pueblo de Chía. Es dueño de camiones que presuntamente eran acondicionados para transportar la droga desde Santa Marta, capital de Magdalena, hasta la Guajira, el departamento más al norte del país.
El éxito de la organización se centraba en la logística de las lanchas rápidas. Las lanchas go fast eran compradas en Medellín y desmontadas en tres astilleros de la organización paramilitar donde se hacían las adaptaciones necesarias para la operación y, lo más importante, se borraban los números de serie de los motores y cascos para evitar el rastreo de su adquisición. El valor de cada bote era de $70,000.
Operadores de la organización escondían las embarcaciones en los manglares de las desembocaduras de los ríos Mendihuaca, Guachaca, Buriticá y Don Diego, en espera de la orden de salida. Cada río tenía un jefe que respondía por las operaciones.
Para dar la orden de partida, los narcotraficantes se cercioraban de que la ruta por el Caribe hacia Jamaica estuviera libre de vigilancia. Los reportes de ubicación de patrullas de Estados Unidos se obtenían mediante sobornos de autoridades marítimas de Colombia. Cada reporte costaba un promedio de $5,000 y el responsable de conseguirlos, según la acusación, era Ranfer Manuel Ríos Mercado, arrestado esta semana.
A bordo de las lanchas, equipadas con dos y hasta tres motores de 200 caballos cada uno, iban generalmente cinco personas. El capitán, que recibía $60,000 por cada viaje; dos pilotos, un mecánico, y el cuidacarga. Este último era el representante del narcotraficante encargado de la entrega en puerto y quien tenía la delicada responsabilidad de ordenar el lanzamiento de la droga al mar en caso de que la embarcación fuera ubicada por aviones o patrulleras de Estados Unidos.
Los tripulantes de las embarcaciones contaban con teléfonos satelitales desde los cuales mantenían informados a sus jefes en Colombia de cada paso de la operación de trasbordo. Uno de los responsables de esta tarea, según las autoridades, era Carlos Delgado Gómez, alias Carlanga, quien también fue detenido. Entre los arrestados esta semana se encuentra además uno de los más hábiles capitanes de estas embarcaciones. Se trata, según la acusación, de Jesús Antonio Murillo Lenis, a quien las organizaciones del narcotráfico se disputaban por su arrojo y destreza. En una ocasión, Murillo se escapó de ser arrestado lanzándose desde la lancha al mar a cuatro millas de las costas de Colombia. El capitán, de unos 45 años, llegó a nado a tierra firme, relataron una de las fuentes.
El enlace de la organización con los carteles de México era José Hugo Alvarez Lozano; y los contactos en Jamaica, Gareth Daulton Louis, alias El Mocho, y su padre Jeffer Daulton, El Capi.
Un mal paso
A mediados del 2002, unidades de la policía colombiana comenzaron a encontrar en los manglares las embarcaciones que estaban listas para ser cargadas con drogas. Dadas las dificultades de su remolque — las lanchas quedaban varadas durante el día por la baja marea de las desembocaduras — decidieron prenderles fuego. Esas operaciones enfurecieron a los paramilitares, quienes dieron la orden de »raspar» o asesinar a cualquier policía involucrado.
La decisión fue el suicidio de las AUC.
La masacre de los policías en octubre del 2001, de acuerdo con las autoridades entrevistadas, marcó el principio de la ofensiva de Estados Unidos contra la estructura del narcotráfico de las AUC, las cuales hasta entonces se habían promocionado ante el gobierno estadounidense como un ejercito irregular pero necesario que contenía exitosamente el avance de la guerrilla izquierdista en varias zonas del país.
Los hechos ocurrieron frente al Mendihuaca Caribbean Resort, complejo turístico al norte de la ciudad de Santa Marta. Más de una docena de escoltas de Musso, armados con fusiles AK 47, descargaron buena parte de sus provisiones en la camioneta a bordo de la cual iban los policías vestidos de civil. Los policías investigaban las actividades de Humberto Meneses Sepúlveda y José Ortiz Miranda. Ambos están presos en Estados Unidos.
Dos turistas que habían sido testigos de la balacera y que se arrastraban por el piso tratando de escapar, fueron ejecutados. También un celador que presenció el ataque. Los sicarios pusieron en la camioneta los cuerpos de las víctimas y, a pocos kilómetros de allí, les dieron un tiro de gracia.
Los cuerpos fueron hallados al día siguiente en la ribera de un río cercano. Nueve familiares de un testigo del ataque, incluyendo sus padres, su abuela, hermanos y primos, fueron descuartizados meses después. Las AUC sospechaban que el testigo había hablado con la policía.
De ordinario, las operaciones de secuestro, tortura y descuartizamiento las llevaban a cabo las AUC en una finca llamada La Porciosa, a 35 kilómetros al norte de Santa Marta, donde estuvo secuestrado durante varios días el ex senador colombiano Jorge Gnecco, muy cuestionado por supuestas actividades de corrupción. Los jefes
de las AUC querían obligarlo
a firmar escrituras y endosar sus propiedades a la organización antes de matarlo. El gobierno intervino y fue
liberado.
A partir del asesinato de los policías y con el apoyo de la DEA, las autoridades colombianas confiscaron al cartel unas 16 toneladas de cocaína.
A raíz del fiasco con la policía, Carlos Castaño, jefe de las AUC, ordenó la remoción de Giraldo , el jefe del Frente Resistencia Tayrona y supervisor de Musso, y en su lugar le dio poderes a Jorge Tovar Pupo, alias Jorge 40, para que tomara el control de la zona.
Jorge 40 rindió a las tropas de Giraldo en combates en la Sierra Nevada y se consolidó como el gran jefe del Bloque Norte de las AUC con los mismos métodos de extorsión y muerte de su antecesor. A su lado y para ejercer el control de las actividades de narcotráfico, Castaño envió a un hombre de su confianza, Eduardo Vengoechea, alias El Flaco.
Vengoechea había escapado de la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta en 1999, luego de que, en una operación financiada por las AUC, un camión fue deliberadamente estrellado contra uno de los costados del centro penitenciario. Vengoechea, quien cumplía una larga condena por el homicidio de una joven, quedó al mando de Jorge 40. Su orden de extradición fue suspendida por el presidente Alvaro Uribe.
Perseguido por las AUC y la policía, Musso huyó en enero hacia Venezuela con mucho dinero, pero su avaricia pudo más, explicaron las fuentes: cayó en una trampa de una operación antinarcóticos en junio del 2003 en la ciudad de Cagua, del occidental estado de Aragua, Venezuela, con el apoyo de agentes de la DEA. Fue deportado a Colombia y luego extraditado a Estados Unidos.
Las intenciones de Castaño no eran desnarcotizar las AUC sino controlar más directamente sus ganancias para beneficio personal y de la organización.
Sin embargo, bajo la presión de las autoridades, el cartel de las AUC se vio forzado a desplazar sus operaciones más hacia el norte del país, a las costas desérticas de la Guajira, y cambiar su logística de transporte.
Los narcoparamilitares se ingeniaron la forma para que buques de carga que salían de Punto Fijo, Venezuela, con mercancías comerciales de fachada, arrimaran a unas 100 millas de las costas de la península de la Guajira para recibir la cocaína en las lanchas rápidas. Los barcos llevaban luego la droga a México.
En el viaje de regresó dejaban el dinero en las islas de Aruba y Curazao, donde las lanchas rápidas llegaban a recogerlo.
Los dólares en efectivo eran cambiados por pesos en Maicao, una ciudad de la Guajira, otras cantidades eran escondidas en grandes caletas de cinco metros de profundidad en la Sierra Nevada de Santa Marta, y otra parte era enviada a Barranquilla.
Cuando en septiembre del 2002 se supo en Colombia que Castaño, su lugarteniente Salvatore Mancuso y Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, habían sido encausados en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, Castaño dijo a el diario El Colombiano:
«Sentí escalofríos la noche en que me informaron que se anunciaba algo al respecto. Yo nunca he sido narcotraficante, soy un enemigo convencido y declarado del narcotráfico».
Otros líderes de las AUC repitieron el mismo argumento ante los medios de comunicación aparentemente sin ningún escalofrío.
