A partir del mes entrante, la vida de la familia de los ex jefes del cartel de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, cambiará. Un acuerdo que no tiene precedentes en la historia judicial de Estados Unidos se firmará antes del próximo 7 de septiembre entre el Departamento de Justicia y 29 miembros de la familia Rodríguez Orejuela.
Miguel y Gilberto, al aceptar su culpa, recibirán una condena de 30 años. La familia va a entregar todos los bienes que están a nombre de ellos o de testaferros y una suma en dólares equivalente a las ganancias producto del negocio del narcotráfico. A cambio, el gobierno norteamericano se compromete a dejar en paz a toda la familia.
Un bufete de abogados penalistas norteamericanos convenció a los Rodríguez Orejuela de que era más viable un acercamiento directo con Washington para lograr el acuerdo, y así se hizo. Las condiciones fueron impuestas por los Departamentos del Tesoro y de Justicia. Y los términos de la negociación cogieron aun más fuerza desde hace siete meses, cuando William, el hijo de Miguel Rodríguez, se entregó voluntariamente a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), en Panamá.
La familia
Bienes
Los que han negociado
Las familias de los ex jefes del cartel de Cali pidieron que se les permita continuar ocupando las casas y apartamentos en donde viven actualmente. Lo más probable es que tengan que pagar un arriendo al Estado colombiano
PUBLICIDAD William, quien fue condenado en marzo pasado a 21 años de cárcel, es el único de los 15 hijos, 21 sobrinos y 30 nietos de los Rodríguez Orejuela que estaba pedido en extradición por la justicia norteamericana. Sin embargo, toda la familia a lo que más le ha temido es a una extradición masiva.
Con el acuerdo todo va a cambiar. Todos salen de la Lista Clinton en la cual están incluidas, desde hace tres años, 95 personas relacionadas directa o indirectamente con los Rodríguez Orejuela, al igual que 59 de sus empresas en Colombia y en el exterior. No habrá ninguna acción judicial por conspiración o lavado de activos en contra de ningún miembro de la familia. De los 14 hijos de Gilberto y de Miguel, se hace mención especial de Jaime, Humberto, María Fernanda, Alexandra, Juan Miguel y Carolina. Sin embargo, entre las 29 personas que firmarán el acuerdo como integrantes de la familia Rodríguez Orejuela figuran, además de los hijos, las hermanas, las esposas, las ex esposas, las nueras y hasta los yernos. A todos se les dará visa norteamericana para que puedan visitar a sus familiares detenidos. Y aspirar a poder vivir en paz dentro de la sociedad colombiana.
A cambio, la familia Rodríguez entrega todo. Inclusive, los bienes que ni siquiera sospechaban las autoridades que eran de su propiedad, ubicados en Colombia, España, Venezuela, Ecuador, Panamá y Estados Unidos. Lo pactado incluye, además, renunciar a los rendimientos de los bienes ya incautados, retirar sus abogados y aceptar transferir, sin discusión alguna, el derecho de propiedad que tienen o hayan tenido sobre todo su patrimonio. También entregarán una suma en dólares, cuentas corrientes y depósitos a término, equivalentes a las utilidades de sus actividades ilícitas, según el gobierno norteamericano. Así mismo, se acordó que los integrantes de la familia Rodríguez Orejuela no iniciarán ninguna demanda judicial en contra de Estados Unidos, ni solicitarán indemnizaciones ni devolución de bienes y dineros, cobijados por lo pactado. La familia se compromete igualmente a no realizar actividad ilícita alguna y las autoridades estadounidenses no renuncian a su competencia de iniciar acciones legales en su contra si llegan a delinquir. Lo anterior demuestra que no es un acuerdo que implique impunidad judicial, sino el establecimiento de unas claras reglas que se deben respetar.
Pero ¿qué fue realmente lo que llevó a la justicia estadounidense y a la familia Rodríguez Orejuela a ponerle punto final a la hegemonía de un clan familiar, símbolo de la mafia colombiana? Por parte de los ex jefes del cartel de Cali se trataba de salvar a sus familias, así tuvieran que morirse en cárceles estadounidenses. Ante el fracaso de la campaña pública emprendida por sus hijos para tratar de demostrar que eran ajenos a las actividades ilícitas de Miguel, Gilberto y William, no existía otra salida viable. Hablaron con los medios de comunicación, con autoridades judiciales y carcelarias, con políticos, industriales, con la Defensoría del Pueblo, organismos internacionales y hasta les enviaron cartas a ex presidentes de la República y al presidente Álvaro Uribe Vélez. Pero el intento de lograr un apoyo fracasó y solamente la familia podía asegurarse una vida tranquila y pagar su deuda con la sociedad despojándose de la fortuna que gozaron durante décadas. Y por parte de la justicia norteamericana, se puede entender que lo que quieren es mostrar al mundo que las utilidades de actividades ilícitas del narcotráfico no pueden esconderse impunemente.
Así lo hicieron saber las autoridades gringas en marzo de este año, cuando William, el hijo de Miguel, se declaró culpable de estar involucrado en el negocio de su padre y de su tío Gilberto. En ese entonces, el fiscal del Distrito Sur de Florida, Alexander Acosta, señaló: «La declaración de culpabilidad de William Rodríguez Abadía es una gran victoria en la guerra contra el narcotráfico. Es un gran golpe y marca la caída del cartel de Cali. También envía una señal a todos los narcotraficantes de que no pueden esconderse y huir de un juicio en nuestro país».
Por eso, para que la opinión pública entienda el mensaje de este acuerdo que está próximo a firmarse, las exigencias de las autoridades judiciales norteamericanas son especialmente duras e inflexibles. Así tenía que ser. La negociación es tan trascendental para el futuro de la lucha contra el tráfico de estupefacientes, que será suscrito por los más altos funcionarios judiciales estadounidenses. Al lado de los 29 nombres que firmarán como integrantes de la familia Rodríguez Orejuela, figurarán, entre otras, las firmas de personajes tales como Mary Lee Warren, vicefiscal General de Estados Unidos; Robert Mc Brien, de la oficina de control de lavado de activos; Kenneth Blanco, de antinarcóticos, y el fiscal del Distrito Sur de Florida, Alexander Acosta.
Un acuerdo de negociación similar fue presentado en la Corte del Distrito de Florida en enero pasado, cuando William Rodríguez Abadía se entregó a la justicia norteamericana. Decidió cooperar con Estados Unidos y declarar en el juicio contra su padre y su tío, que será en septiembre próximo. En esa ocasión, se anunció que William accedió a la pérdida legal de su derecho, título e interés en todas las entidades comerciales de los Rodríguez Orejuela en Colombia, avaluadas comercialmente en 300 millones de dólares. A cambio, recibió varios beneficios: fue recluido en un sitio especial, les otorgaron visas a su esposa Jimena, a su suegra, a sus dos hijas y ha recibido tratamiento especial para sus problemas renales y de ácido úrico.
Mientras todo esto ocurría, ya la familia en Colombia estaba convencida de que ese era el mejor camino. «William tomó la mejor decisión de su vida», dijeron sus primos Alexandra y Jaime Rodríguez Mondragón en una rueda de prensa. Para ese entonces, SEMANA venía insistiendo en que los Rodríguez habían escogido en Estados Unidos los abogados expertos en negociar con la justicia norteamericana.
Aunque hace algunos años parecía imposible una negociación que pudiera salvar a la familia de los ex jefes del cartel de Cali, existen antecedentes de acuerdos que, aunque no son iguales a éste, son similares. (Ver recuadro).
Con este acuerdo, se abre un nuevo capítulo en la historia de las negociaciones de los narcotraficantes colombianos con la justicia estadounidense. Pero, a diferencia de otros casos, en éste no existe delación de ninguna clase. Y todo parece indicar que si en dos semanas se firma el acuerdo entre toda la familia Rodríguez con los ‘cacaos’ del Departamento de Justicia, ya no habrá juicio contra los ex líderes del cartel de Cali, sino que se realizará una audiencia para dictar sentencia condenatoria contra Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela quienes, antes de ser extraditados, ya habían hablado de una propuesta viable con el gobierno de Estados Unidos que reveló SEMANA en enero de 2005, en la que los ex jefes del cartel de Cali aseguraron, «no estar dispuestos a dar cooperación de otros narcotraficantes para que se les rebajen sus sentencias; al contrario, están dispuestos a declararse culpables y servir la sentencia con conocimiento que cada uno de ellos tiene más de sesenta (60) años; sin embargo, quieren un acuerdo para servir una sentencia que los va a ver morir encarcelados en Estados Unidos». Pero no solo este deseo se les va a cumplir.
En esa misma fecha, SEMANA reveló que los hermanos Rodríguez Orejuela estaban dispuestos a morir en una cárcel norteamericana a cambio de que Estados Unidos asegure por escrito que no levantará cargos criminales contra ningún miembro de la familia. «En otras palabras, los miembros de la familia que no tengan cargos criminales en su contra y quienes permanezcan viviendo en Colombia o cualquier parte del mundo, deben tener la garantía de que el acuerdo lleva a un final todas las amenazas de ser acusados formalmente de conductas pasadas. Desde luego, si cualquiera de ellos viola la ley después de que se firme el arreglo, ellos podrán ser enjuiciados y les podrán hacer cargos formales». También dijeron en ese entonces: «William está dispuesto a entregarse a la justicia norteamericana».
Todo esto se cumplió.
