Madrid. La UE prorrogará hasta fin de año las patrullas desplegadas ante las costas de Canarias para contener la inmigración ilegal, anunció en Bruselas el comisario europeo de Justicia, Franco Frattini, tras reunirse con la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega.
Ambos políticos criticaron que hasta ahora sólo cuatro Estados miembros hayan aportado recursos materiales además de asesoramiento, informó DPA.
«No se trata del problema de un país, sino de un continente (Europa)», dijo De la Vega en referencia al permanente flujo de inmigrantes africanos que intentan llegar a España.
Además de expertos de otros países europeos, España necesita urgentemente barcos y aviones para vigilar las aguas que separan el archipiélago canario de la costa africana.
Desde comienzos de año alrededor de 18.000 indocumentados han llegado a las playas de Canarias. Las autoridades han contabilizado unas 500 personas que fallecieron durante la peligrosa travesía.
Pero, según organizaciones humanitarias, la cifra de muertos podría alcanzar los 3.000.
«Esto es una tragedia inaceptable para Europa», dijo Frattini. Los datos más recientes revelan que sólo en agosto 4.850 «sin papeles» alcanzaron las costas canarias; 100 más que en todo el año 2005.
Por este motivo, el comisario europeo quiere prorrogar esta primera misión de la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex) y sacar así conclusiones de sus contratiempos. El despliegue de patrullas se llevó a cabo con muchos titubeos tras meses de discusiones.
Por su parte, De la Vega anunció la celebración, en un futuro cercano, de una conferencia para el control de las fronteras marítimas y la expulsión de inmigrantes ilegales. La reunión se celebrará en España y participarán Francia, Italia, Grecia, Chipre, Malta y Eslovenia. Asimismo, estará presente Finlandia, por ser país presidente de turno de la Unión Europea.
Además, Frattini tiene previsto hacer un llamamiento a los ministros europeos del Interior para acordar una política común sobre la inmigración legal. La Comisión quiere suprimir el derecho a veto de los Estados miembros en esta materia.
