Existe en la generalidad de los países latinoamericanos una creciente y justificada inconformidad hacia el desempeño de las llamadas policías de investigación. Es decir, hacia los funcionarios de los cuerpos técnicos cuya actuación comienza una vez que el delito ha sido reportado.
Este estado de opinión se relaciona en forma estrecha y, diríamos, inversamente proporcional con el grado de impunidad. En otros términos, en la medida en que los delitos quedan sin responsables, ya sea por negligencia, impericia o desconocimiento de las normas que rigen a la investigación policial, disminuye la estima hacia la institución policial. Por el contrario, y como es lógico pensarlo, este aprecio crecerá cuando los cuerpos de investigación cumplen con su deber.
En la realidad, la inconformidad hacia el desempeño de las policías de investigación no es el producto de la actuación en un solo caso, sino de un trabajo constante, de una cotidianidad. Es posible que la institución no esté en capacidad de dar respuestas en un expediente de “alto perfil” o interés público. Pero esta falla incidirá poco en el balance general siempre y cuando sus agentes logren, por decirlo así, imponer la ley ante la generalidad de las denuncias.
Recientemente, un alcalde de la ciudad de Caracas (Venezuela) divulgó una cifra espeluznante: de cada 100 homicidios solamente 7 llegan a condenas definitivamente firmes. Podrá alegarse que este altísimo porcentaje de impunidad es consecuencia de las fallas en el sistema de administración de justicia, indicando con ello que los culpables son los fiscales y jueces que rigen el proceso. Pero en realidad buena parte de esta responsabilidad recae sobre la policía de investigación, cuyos representantes son los primeros en llegar a la escena del crimen para colectar las evidencias que conducirán posteriormente a la identificación plena de los responsables.
Pero esto no ocurre solamente en Venezuela. De acuerdo con un trabajo presentado en 2004 por la consultora Leticia Salomón para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, solamente 12,3 % de la población encuestada en 4 ciudades de Honduras tiene una opinión favorable hacia la labor de su policía de investigación.
En Argentina y especialmente en México y Brasil son constantes las quejas sobre la corrupción y la ineficiencia policiales, especialmente cuando se trata de investigaciones sobre tráfico de drogas.
En el caso de Honduras, Salomón destacó un factor que también podría incidir en la apreciación hacia las policías en el resto de los países: para la ciudadanía todos los cuerpos policiales se encargan de combatir el delito. La distinción entre los organismos de prevención y los de investigación solamente se hace en círculos de individuos muy informados sobre la materia.
“Tampoco le interesa al ciudadano común saber si su seguridad depende del policía de prevención o del policía de investigación y tampoco se preocupa por averiguar los lazos que unen al policía con el fiscal o el juez para garantizar su seguridad. Lo que le interesa es saber que el policía lo va a cuidar y que con su trabajo le va a garantizar su seguridad”, afirmó la investigadora.
En otras oportunidades hemos hablado, además, del llamado “efecto CSI”, en referencia a la exitosa serie de televisión, centrada en la vida de un grupo de investigadores forenses. Este programa ha tenido numerosas imitaciones, prueba de la gran sintonía que tiene entre el público.
El efecto CSI opera en la opinión pública como una reafirmación de que, convenientemente dotados y formados, los organismos de investigación pueden identificar hasta al criminal más sofisticado. Pero también opera como un contraste: el público tiende a concluir que aquellos laboratorios limpios, computarizados, más bien propios de clínicas privadas, que aparecen en los capítulos de la serie en nada se parecen a los que posee la policía de investigación de la localidad. Esta diferenciación puede tener consecuencias devastadoras en la imagen de la institución. De alguna forma, esta serie ha creado un paradigma muy difícil de seguir hasta para los propios organismos del país que la produce.
Según Jean-Louis Loubet la policía cumple un importante rol en la reafirmación del régimen político, en la medida en que demuestra con hechos su eficiencia en la aplicación de la ley. Entonces, el desprecio generalizado hacia la labor que cumplen los miembros de esta institución puede ser trasladado fácilmente hacia el entorno político.
