Investigarán a 32 militares por caso Jamundí
La Procuraduría abrió investigación contra 30 miembros del Ejército y dos de la Policía Nacional por la muerte de diez policías y un civil en Jamundí (Valle del Cauca), el 22 de mayo pasado.
Por hechos relacionados con la muerte de 10 policías y un civil, en el municipio de Jamundí (Valle), la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra 30 servidores de las Fuerzas Militares, adscritos al batallón de Alta Montaña nro. 3 de Cali (Valle) y dos miembros de la Policía Nacional.
De las pruebas recaudadas durante la fase de indagación preliminar, adelantada por la Procuraduría Regional del Valle, se pudo constatar que el 22 de mayo de 2006 hacia las 6 p.m, algunos miembros del batallón de Alta Montaña nro. 3 Rodrigo Lloreda, que se encontraban en el sector rural de Potrerito (Jamundí, Valle) causaron la muerte a siete servidores de la Policía, adscritos a la Dirección Central de Policía Judicial (DIJIN), a tres del Grupo de Hidrocarburos de esa institución y a un civil que los acompañaba.
Según la Comisión Especial Disciplinaria integrada por las procuradurías delegadas para la Policía Nacional, para las Fuerzas Militares y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, estos servidores habrían incurrido en homicidio agravado. Por su parte, el coronel Bayron Gabriel Carvajal Osorio y el mayor Carlos Alberto Lozano Rojas, además, habrían incurrido en lo que el Código Penal denomina <
De acuerdo con las investigaciones la presencia de las tropas militares en el sector de Potrerito no habría estado debidamente justificada; pues, según los informes y testimonios iniciales, no es claro si lo que se pretendía evitar era un secuestro, proteger la infraestructura eléctrica o realizar un registro y control del área. Con respecto a los miembros de la Policía, su presencia fue sustentada en la búsqueda de una caleta con cien kilos de cocaína.
La Procuraduría busca establecer las condiciones en las que se llevó a cabo el procedimiento militar. Las circunstancias descritas indican que, al parecer, la operación no habría sido producto de una reacción ante un ataque inesperado de los miembros de la Policía que estaban presentes en el lugar de los hechos en compañía de un civil.
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Sobre las posibles irregularidades en las que estarían involucrados miembros de la Comisión Especial de Cali (COMCA) de la Dirección Central de Policía Judicial (DIJIN), la Comisión de la Procuraduría señaló que el mayor de la Policía Eliécer Camacho Jiménez habría autorizado verbalmente el operativo desde Bogotá, desarrollado por el oficial Elkin Molina (jefe del COMCA), <<…para el cual no se cumplieron con los presupuestos mínimos de seguridad y se desatendieron requisitos legales y reglamentarios de obligatoria aplicación.>>
Adicionalmente, la Procuraduría investiga la inexistencia de la orden de servicios que fundamentara la actividad de la Policía, dado que, al parecer, dicha orden habría sido elaborada con posterioridad a los hechos y con una firma falsa.
Los militares afectados con la decisión disciplinaria son: el teniente coronel Bayron Gabriel Carvajal Osorio, comandante del Batallón de Alta Montaña nro. 3 de Cali, quien habría ordenado el movimiento táctico; el mayor Carlos Alberto Lozano Rojas, oficial de operaciones (S-3) de la unidad militar; y los uniformados: teniente Harrison Eladio Castro Aponte, sargento primero Oscar Mosquera Palacios, sargento viceprimero Jaime Humberto Montenegro Castañeda, sargento segundo José Aurelio Palacios Mosquera, cabo tercero Elver Jesús Osorio González, cabo Wilson Anselmo Gutiérrez Figueroa; y los soldados profesionales Jesús Orlando Henao Gómez, William Muñoz Acevedo, Jhon Wilfredo Quisoboni Macías, Carlos Fernando Erazo Riascos, Armando Nasayo Palencia, Wilson Rafael Bohorquez, Julio César Rosero Mestizo, Alexander Peñaranda Sánchez, Carlos Mario Quintero Flórez, José Alexander Ospina Cortés, José Geiner Peñaranda Díaz, James Andrés Peñuela Garzón, Nelson Enrique David Posso, Wilmer Pacheco García, Leonardo Ortíz Meneses, Jhon Carlos Mendoza Tolosa, Luis Eduardo Carvajal Peralta, Isaac Peñuela Echávez, Mauricio Arcángel Ramírez Gallego, José Alfredo Porras Mantilla, Julián Andrés Pomeo Romero y Pablo Emilio Riano Caleño.
La decisión también cobijó a los servidores públicos de la Policía Nacional, mayor Eliécer Camacho Jiménez y subteniente Diana Bianey Marulanda Carmona.
