Manifestantes invaden cercanías del Palacio de Gobierno en Bolivia
Centenares de manifestantes tomaron el lunes, después de rebasar a guardias policiales, la plaza junto al palacio presidencial y el Congreso para reclamar justicia tras los enfrentamientos ocurridos hace cuatro años en el lugar entre policías y militares, los que dejaron 31 muertos.
La policía había desplegado un cordón de seguridad en las inmediaciones de la céntrica plaza Murillo, que no fue respetado por los manifestantes, varios de ellos identificados como familiares de los fallecidos en los enfrentamientos de febrero de 2003. El contingente policial cedió el paso sin que se registraran incidentes.
Entre los manifestantes se encontraba un ex oficial de la policía, David Vargas, a quien un informe del Ministerio Público, corroborado por una investigación de la Organización de Estados Americanos (OEA), sindica como principal responsable de los enfrentamientos de entonces.
Vargas fue dado de baja por la acusación de que actuó como líder del amotinamiento policial que entonces derivó en un cruce de disparos de varias horas en la plaza Murillo, entre cientos de militares que defendían al gobierno constitucional y policías rebeldes que exigían un fuerte aumento salarial.
El ex policía, ahora elegido representante de La Paz por un partido al que abandonó para plegarse en varias votaciones al oficialismo en la Asamblea Constituyente, señaló que el principal responsable de las muertes es el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2004), depuesto en octubre de 2003 por otra cruenta revuelta.
El Ministerio Público informó el lunes que las investigaciones presentan varias deficiencias, que no precisó, lo que habría ocasionado demoras en el proceso, pero insistió en que entre los principales acusados de la violencia se encuentra Vargas, otro policía y cuatro militares. A estos últimos se los acusa de haber ultimado a una enfermera.
Entre los delitos de los que se acusa a Vargas está el de instigación pública a delinquir.
En tanto, el viceministro de la Presidencia Sacha Llorenti dijo a la prensa que el gobierno está haciendo esfuerzos para acelerar el proceso, aunque no precisó su alcance.
