Cuatro congresistas colombianos acusados de tener nexos con los paramilitares
Bogotá.- Cuatro congresistas quedaron detenidos hoy por orden de la Corte Suprema que los sindica por supuestos vínculos con grupos paramilitares en una nueva ola de arrestos por el escándalo por los nexos de políticos con esos escuadrones de extrema derecha, se informó oficialmente.
Los congresistas Juan Manuel López, Miguel de la Espriella, José de los Santos Negret y Reginaldo Montes fueron detenidos, confirmó el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alfredo Gómez.
El senador William Montes es el único sin ser arrestado.A excepción de López, todos pertenecen a partidos de la coalición oficialista.
Desde finales del 2006, Colombia ha sido sacudida por las revelaciones de una alianza entre prominentes políticos y empresarios con grupos paramilitares.
Con las nuevas órdenes de captura, llegan a 12 los congresistas encarcelados y dos más están prófugos. Las primeras capturas ocurrieron en diciembre.
Orlando Gómez, abogado defensor de De la Espriella, confirmó a la AP que su cliente se entregó en la ciudad de Montería, a unos 500 kilómetros al noroeste de la capital.
Aparte, la Fiscalía capturó en su apartamento en esta capital a Eleonora Pineda, una ex congresista que fue interlocutora de los paramilitares en el Congreso, perteneció al partido oficialista Colombia Democrática y en el 2006 fue excluida de ese partido por sus nexos con grupos paramilitares, informó una fuente de ese organismo que pidió no ser identificada por política institucional.
La fuente confirmó que en total se expidieron 15 ordenes de captura que estaban en proceso de concretarse, por este mismo caso.
Los cinco congresistas y Pineda son acusados de «concierto para delinquir» junto a paramilitares, y firmaron el denominado «Pacto de Ralito», un texto del 2001 en que medio centenar de políticos acordaron «refundar la patria» junto con las ahora extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Gómez dijo en rueda de prensa que los firmantes del documento obtuvieron un «provecho político» de ese pacto.
Bajo la ley colombiana, los congresistas solo pueden ser procesados por la CSJ, mientras que la Fiscalía investiga al resto, incluidos ex parlamentarios como Pineda.
