Represión condenada

“Con una firme condena” a la violencia, el comité de derechos humanos de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reprochó recientemente la manera en que la Junta Militar de Myanmar (Birmania) reprimió las protestas pacíficas llevadas a cabo en ese país. La resolución dictaminó que los manifestantes sólo ejercían el derecho a la libertad de opinión y expresión, y extendió condolencias a familiares y víctimas de ese lamentable suceso.
A mediados de septiembre, comenzó a propagarse un movimiento de protesta de los monjes en la ciudad de Rangún. Miles de personas se alzaron pacíficamente en contra del aumento de los precios y la Junta Militar, precedida por Than Shwe. Fue entonces cuando los soldados del Ejército actuaron, reprimiendo a los “revoltosos” con palos, bombas lacrimógenas y hasta balas.
A partir de aquí, diferentes versiones se tejieron en torno a los hechos ocurridos. Mientras que el Gobierno admitía un lamentable saldo de diez muertos, los disidentes estimaban doscientos. Por otro lado, el régimen informaba la detención de 2.927 personas, y los disidentes salían al paso agregando que habían sido más de 10 mil y que, muchos de ellos, habían sido torturados.
Un inesperado toque de queda, no se hizo esperar. Miles de comercios cerraron sus puertas, y fueron cancelados todos los vuelos de entrada y salida a ese país. El turismo, un camino viable para convertirse en una de las principales fuentes de ingreso de Myanmar, decayó. El servicio de Internet fue cortado por varios días para que los medios de comunicación no se enteraran de lo que estaba pasando. Las llamadas telefónicas al extranjero también.
La fuerte presión internacional tampoco se hizo esperar. Esto logró que gran parte de los manifestantes fueran liberados. El representante de la política exterior de la Unión Europea, Javier Solana, instó a China a presionar a la Junta Militar para que pusiera fin a la represión y exhortó a todos los países que tuvieran relaciones diplomáticas con Myanmar (antigua Birmania) a intervenir para poner fin a la violencia. La UE también impuso una negación de visado a los miembros de la junta, así como restricciones comerciales.
Myanmar está gobernada por los militares desde 1962 y no se celebran elecciones parlamentarias desde 1990. Después de diecisiete años, los monjes budistas de este país del sudeste asiático piden ser escuchados. Cuando en una sociedad se permite la participación democrática de los ciudadanos, la intolerancia y el enfrentamiento son aplastados por el diálogo y el entendimiento.

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