El civismo: construcción ético-política (8 al 14 de junio de 2009)

El civismo: construcción ético-política
Antes de analizar el desarrollo histórico, jurídico, político y filosófico de la ciudadanía, conviene detenerse un poco en el significado actual del status de ciudadano o ciudadana, pues la conquista real de esa condición dista todavía de ser algo definitivamente logrado en un mundo tan convulso como el nuestro. En el mundo actual dominado por la lógica del Mercado a escala planetaria, es necesario precisar mejor la condición de ciudadanía y el significado del civismo para no quedarse con una simple declaración meramente retórica de algo tan complejo y tan dinámico. Si las condiciones reales en las que se despliegan los derechos y las libertades anulan o debilitan el ejercicio real de la libertad humana, habrá que plantearse cómo se puede transformar esa lógica mercantil que tiende a convertir a los ciudadanos y ciudadanas en simples consumidores y en meros objetos de consumo.
1. LA NOCIÓN DE CIVISMO
El civismo designa un modo de comportamiento basado en actitudes de respeto y tolerancia activa hacia el ejercicio de los derechos y libertades de todos, aunque sean diferentes a nosotros en costumbres, moral o religión; el civismo tiene sentido en el marco del cumplimiento de las leyes en un Estado democrático y de derecho. En un contexto de tiranía, de despotismo o de dictadura el verdadero civismo adquiere la dimensión de la rebeldía cívica y de desobediencia civil. Ser ciudadano no es solamente tener los «buenos modales» que la burguesía preconiza como señal de buena convivencia y de orden social, porque esos buenos modales pueden servir de pretexto para encubrir una serie de injusticias que no interesa a los más poderosos descubrir ni eliminar.
Sin embargo, como bien señala Victoria Camps, tampoco se puede prescindir de la «buena educación» en la sociedad, porque los seres humanos convivimos con los demás en el marco de unas reglas, de unos símbolos, de unas ceremonias protocolarias que son convencionales que tienen un valor social indiscutible, porque «la buena educación es la manera externa de tratar bien a los demás, con delicadeza, de un modo amable y simpático… Son fórmulas inventadas y producidas a lo largo de la historia» [1]
El civismo del que vamos a tratar aquí supera el sentido de la simple «buena educación», ya que se trata de comprender la formación del concepto de civismo y de ciudadanía desde una perspectiva ética, jurídica y política y trasciende las simples reglas de cortesía y de buenos modales que se han ido generando en cada época histórica y en cada cultura. La convivencia exige unas reglas de adaptación mutua que en cada época y cultura son diferentes, como han señalado muy bien los sociólogos y antropólogos; el estudio de Norbert Elias sobre la civilización occidental aclara muy bien cómo los ritos y ceremonias violentas de la Antigüedad se han ido trasvasando, por ejemplo, a las competiciones deportivas de nuestra sociedad global. La convivencia exige indudablemente reglas y fórmulas de convivencia, de civilidad, pero el concepto de ciudadanía y de civismo que se plantea en este tema profundiza en otra dirección; en la construcción del concepto de ciudadano o ciudadana consciente de sus derechos y deberes, libre, crítico, responsable, participativo y solidario. Todos esos rasgos que definen lo que debe ser hoy el civismo y la ciudadanía se han ido fraguando en la historia occidental de un modo complejo y sinuoso y ese recorrido es preciso conocerlo para saber en qué situación nos encontramos hoy.
Vivir es convivir; con este slogan se pretende recordar a todos lo que ya Aristóteles defendía en su «Política»; a saber, que todo hombre es un «animal cívico[2] y que no somos ni superiores a los seres humanos (dioses) ni inferiores a ellos (otros animales cualesquiera) y que además tenemos una herramienta muy importante para organizar la comunidad y la convivencia: el lenguaje. Por el lenguaje podemos buscar mejorar la convivencia y la ciudad porque podemos definir lo que es justo e injusto y lo que es bueno o malo para la comunidad.
2.- EL CONTEXTO ACTUAL DE LA CIUDADANÍA
La sociedad actual tiene una serie de rasgos o características que condicionan de modo evidente todas las estructuras jurídicas, políticas y todos los sistemas de pensamiento religioso, científico y filosófico que se producen en su seno. En el siglo XXI ya no se puede seguir hablando de derechos y libertades individuales sin tener en cuenta el contexto material en el que éstos se desarrollan Por eso, tampoco se puede hablar de lo que significa el civismo sin conocer cuál es el contexto social, económico y político en el que viven las personas y los intereses que están en juego en todo el sistema social y económico en que vivimos.
2.1. La globalización.
Una de las características más importantes y que denota la ambivalencia y las relaciones desiguales en el mundo actual es la globalización. Se trata de un fenómeno que abarca todos los aspectos del modelo de desarrollo del neocapitalismo financiero en que vivimos. El elemento que mejor visualiza este fenómeno es la economía, puesto que la lógica mercantil del actual capitalismo especulativo y financiero impregna todas las estructuras del sistema jurídico, político y económico y lo somete a los dictados de la nueva economía. Junto al elemento económico está también la globalización impuesta por las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, las denominadas TICs. Esas nuevas tecnologías están, ante todo, al servicio de los flujos económicos mundiales que son promovidos y controlados por las grandes multinacionales de la energía, de la banca, de la informática y de la comunicación. Nada o casi nada se escapa al control de esas grandes empresas transnacionales y todo el sistema político y jurídico mundial de hoy día está profundamente condicionado por las decisiones económicas de ese complejo empresarial que controla los flujos financieros mundializados y las relaciones mercantiles internacionales. La metáfora que mejor ejemplifica este nudo de relaciones estrechas entre el tejido multinacional y el complejo financiero mundial es la de la «sociedad en red»; la red de redes telemáticas que hoy preside todas los intercambios económicos globalizados es Internet. Ella es el símbolo que mejor refleja la globalización económica, cultural y social que domina el mundo actual.
Pero no basta con tener en cuenta el fenómeno de la globalización económica y telemática de nuestra sociedad actual; es necesario también dar cuenta de otros rasgos que caracterizan las sociedades más desarrolladas de nuestro mundo.
2.2. El pluralismo político, moral y religioso
Me refiero al pluralismo de todo tipo, político, cultural, moral y religioso que se da en todas las sociedades desarrolladas y que tiene que ver también con otro fenómeno muy importante en nuestro mundo: la emigración. A lo largo de la historia las sociedades más desarrolladas siempre han acogido en su seno a personas pobres o carentes de recursos que se veían forzadas a huir de sus países de origen en busca de un futuro mejor. Ese ha sido el caso de miles de españoles que en el siglo XX salieron de España fundamentalmente por motivos económicos, pero también por razones políticas en 1939, tras la Guerra Civil española. El hecho de que una sociedad sea plural está en íntima conexión con la mezcla de culturas, morales y religiones que han ido sedimentándose en el transcurso de la historia de una determinada sociedad. Uno de los mejores ejemplos de la mezcla («melting pot») como símbolo de la construcción de un país, de una nación, es la historia de los Estados Unidos de América. Esta nación se fue gestando gracias a la aportación de pueblos, razas, culturas y tradiciones diferentes desde sus mismos orígenes en 1776 hasta hoy.
El pluralismo cultural, moral y social de la mayoría de las sociedades actuales es un rasgo positivo, ya que permite el mutuo enriquecimiento de las personas y el fomento del respeto y la tolerancia activa hacia «los diferentes»; sin embargo, en la práctica también puede generar conflictos y violencia entre distintos grupos sociales y culturales. Los sistemas políticos que por su configuración tradicionalista, totalitaria o teocrática, no admiten el pluralismo moral y religioso, incitan de un modo u otro a la persecución de los diferentes y no conceden los mismos derechos y libertades a quienes no aceptan la homogeneización ideológica, moral y religiosa que esos gobiernos tratan de imponer a toda la población. Hay numerosos ejemplos en el mundo actual de gobiernos de corte totalitario, que por motivos políticos, religiosos o de ambos campos, no conceden plenos derechos a los disidentes ni a los ciudadanos de otras etnias, morales o religiones. Un caso extremo es el de los talibanes en Afganistán, pero también son casos de integrismo religioso o político el de los gobiernos de Arabia Saudí, Irán, Cuba y China.
Uno de los grandes problemas que se plantean muchos gobiernos actuales, tanto los democráticos como los autoritarios, es cómo se pueden articular de modo pacífico las diferencias culturales, morales y religiosas que hay en la sociedad. El pluralismo es compatible con una sociedad abierta y es inseparable de la democracia, ya que el pluralismo político conlleva también el pluralismo moral y religioso de los ciudadanos en un sistema de derechos y libertades individuales. El libre ejercicio de los derechos y de las libertades de cada individuo es consustancial con la democracia y con el Estado de Derecho. En las democracias occidentales la ley es el último y definitivo instrumento que define las conductas legales o ilegales de las personas. Si no se respeta la ley, la convivencia pacífica se torna inviable, imposible; aunque la ley no sea todo lo justa que uno desearía, no existe, sin embargo, mejor alternativa que las leyes para controlar racionalmente la conducta de los individuos y de las corporaciones. Es siempre mejor, la fuerza del derecho que la ley del más fuerte.
2.3. La desigualdad Norte-Sur
Todos estos rasgos de la sociedad mundial de nuestra época se completan con otro dato muy importante que está en la base de muchos de los conflictos del mundo actual. Me refiero a la grave desigualdad económica y social de este mundo globalizado. Los datos de esta injusticia son evidentes, porque alrededor de un 20% de la población mundial dispone de un 80% de los recursos mundiales, mientras que en torno a un 80% de los habitantes del planeta se reparten solamente el 20% de todos los recursos disponibles. El desequilibrio es tan evidente que inhabilita en la práctica a millones de seres humanos para acceder a los derechos y las libertades propias de un ciudadano, si es que por ciudadanía se entiende algo más que el mero reconocimiento formal y jurídico de derechos y libertades individuales. La ignorancia, la opresión, el hambre, la miseria y las enfermedades endémicas son lacras reales que impiden a muchas personas en todo el mundo ser tratados como verdaderos ciudadanos y como seres humanos dotados de dignidad personal y de capacidad para desarrollarse humanamente.
La anterior descripción de los rasgos propios de nuestro mundo actual, permite entender mejor en qué consiste el ejercicio real de una ciudadanía democrática, pues de este modo se percibe adecuadamente que el sistema económico y social globalizado en el que vivimos es un factor que condiciona negativamente la realización de los derechos y libertades plenas de millones de ciudadanos. ¿Cómo se puede definir entonces el status o la condición de ciudadano o ciudadana sin tener en cuenta todos los elementos que configuran la compleja sociedad actual?
Ya se ha dicho antes que el ejercicio real y pleno de la ciudadanía no puede entenderse sin el contexto económico, social y político en el que viven y conviven las personas actualmente. Por eso la ciudadanía no puede reducirse a un simple reconocimiento formal y jurídico que encubra o disimule la imposibilidad práctica del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. ¿De qué sirve reconocer en las leyes que todos tenemos derecho a una vida digna, a un trabajo, a una vivienda etc. si casi todo se queda después en letra muerta? O peor aún, si las más mínimas exigencias de justicia y de igualdad son realmente inaccesibles para millones de seres humanos, eso convierte en mera retórica todas las declaraciones solemnes de la ONU, de la UNESCO, de la FAO y de todos los organismos internacionales sobre la paz y la justicia en el mundo. Como se verá en los apartados siguientes la conquista de la ciudadanía no ha sido fácil y ha recorrido un camino histórico paralelo al de los derechos humanos en todo el mundo. Por eso, como luego se verá, la larga marcha de la ciudadanía y la educación para la ciudadanía es mucho más que una declaración de buenas intenciones.
3. LA CONQUISTA DEL CIVISMO DEMOCRÁTICO
En este breve recorrido por las sendas históricas de Occidente, se puede apreciar de qué modo la conquista de la condición de ciudadano fue un proceso largo, difícil y complicado y cómo en el camino perecieron muchos seres humanos. Los derechos y las libertades que definen hoy la condición del ciudadano y de la ciudadana con plena igualdad jurídica son el fruto y la consecuencia de una larga lucha que en Occidente tuvo varios y cruentos episodios.
3.1 La sociedad greco-romana
En la Grecia clásica del siglo IV antes de Cristo, al igual que después en el Imperio Romano y hasta la eliminación legal de la esclavitud, la gran división social, cultural, jurídica y política de los seres humanos fue entre los ciudadanos libres y los esclavos, entre los seres humanos y los esclavos infrahumanos. La Atenas de Pericles en el siglo IV a.C., en la que los mecanismos democráticos funcionaban con normalidad, mantenía sin embargo una profunda desigualdad entre ciudadanos libres y los demás (mujeres, esclavos y extranjeros). La democracia ateniense, a pesar de sus enormes progresos no sirvió para extender la ciudadanía a todos los habitantes de la «polis». Hubo que esperar muchos siglos hasta que todos los seres humanos fueran considerados iguales en dignidad y en derechos.
En la Roma imperial, se sabe perfectamente que la condición de ciudadano romano estaba también vedada a los miles de esclavos y siervos que trabajaban para sus dueños y señores. Los ciudadanos de otros lugares colonizados por Roma podían adquirir la condición de ciudadanos romanos, si el Senado se lo concedía. La religión cristiana fue la gran impulsora de la igualdad entre todos los seres humanos en la época romana, puesto que la idea central del cristianismo era la fraternidad universal de todos los humanos bajo la paternidad de Dios Padre. Sin embargo, esa fraternidad universal predicada y practicada por las primitivas comunidades cristianas pronto se fue olvidando y las injusticias y discriminaciones sociales y culturales se adueñaron también de la Europa cristiana medieval.
3.2. La Edad Media
El sistema feudal fue dominante en Europa durante toda la Edad Media y sirvió para asentar una economía agrícola y artesanal y una cultura simbolizada por aquellos grandes monasterios en los que toda la tradición grecolatina fue puesta al servicio del teocentrismo católico. A lo largo de varios siglos, desde el siglo V hasta el XV, la economía, la política, la cultura y la sociedad entera formaron una totalidad histórica y una síntesis simbólica dirigida por el Papado y por la Iglesia católica. Las relaciones económicas y sociales no contemplaban el concepto ni la práctica de la ciudadanía, pues siervos y plebeyos carecían de derechos y libertades individuales. La monarquía era considerada por el Papado y por la teología católica como un poder tradicional de origen divino y sometido totalmente al poder eclesiástico y a la doctrina católica.
Los episodios de ruptura entre algunos reyes y el Papado fueron importantes sobre todo en la Baja Edad Media, en el siglo XIV, coincidiendo con la emergencia de la clase burguesa en algunas ciudades medievales. Se debe recordar que el cisma de Aviñón se produjo en el siglo XIV y que el enfrentamiento entre el Papado y Luis de Baviera también fue en ese mismo siglo. Fueron, entre otros, acontecimientos precursores del gran enfrentamiento del Papado con los príncipes alemanes en la época de la Reforma ya en el siglo XVI, cuando Lutero fue condenado por el Papa en 1517.
El concepto de ciudadano y de ciudadanía tuvo sus primeras bases en esos ciudadanos burgueses, banqueros y comerciantes, conscientes ya de su incipiente poder económico y de sus derechos como individuos. La misma noción de burgo, de burgos, de las ciudades bajomedievales, está ya asociada a la conciencia de ciudadano, de pertenencia a la ciudad. El feudalismo comenzaba lentamente a ser superado por la dinámica urbana, comercial y financiera de algunas ciudades europeas. La clase burguesa iba a adueñarse progresivamente del protagonismo de la historia económica y social de Europa y, con el tiempo, se haría dueña del poder político en Europa y en el mundo entero.
3.3. La Edad Moderna
Los creadores de las ciudades europeas de la Baja Edad Media, los burgueses, comenzaron a tomar conciencia de su capacidad de crear y distribuir riqueza y dinero mediante el comercio y la banca; más tarde, debido a la influencia de la ética luterana y calvinista en el siglo XVI y XVII, los luteranos holandeses e ingleses dotaron de una legitimación cristiana y de una fuerza económica extraordinaria a sus respectivas naciones y colonizaron inmensas regiones en América, Asia y Oceanía. Durante los siglos XVII y XVIII los ciudadanos europeos instalados en la riqueza de sus municipios, de sus poderosas ciudades, fueron adquiriendo conciencia plena de sus derechos sociales, económicos y políticos.
Pero la burguesía no tuvo la misma influencia en todos los países; en muchos países europeos los restos del sistema feudal pervivieron hasta el siglo XIX; este fue el caso de muchas regiones españolas dominadas por la nobleza terrateniente que explotaba a sus trabajadores del campo y no les reconocía la misma dignidad que ella se autootorgaba. A lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX se libró en toda Europa la batalla por la dignidad y la igualdad por parte de las clases más desfavorecidas; la culminación de toda esa lucha fue, sin duda, el gran episodio de la Revolución Francesa (1789) que supuso el triunfo de la burguesía y el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Fue el fin del Antiguo Régimen, de la Monarquía tradicional y absolutista, y el final del poder político de la nobleza y del clero.
Una de las mejores expresiones de los nuevos tiempos que inauguraba la Revolución Francesa fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1791). En ella se proclamaba la igual dignidad de todos los seres humanos y se reiteraba el lema revolucionario de la libertad, la igualdad y fraternidad que nos vinculaba a todos los seres humanos. La clase burguesa individualista y liberal proclamaba su fe en el progreso, en la racionalidad científica y en el avance de la Humanidad hacia metas superiores. Fue una Declaración que se llamó Universal, pero no alcanzó tampoco a todos los seres humanos, pues las mujeres eran excluidas de los derechos políticos y civiles concedidos a los varones. La Ilustración no fue capaz de superar los límites de su tiempo, el siglo de las Luces, el siglo XVIII, pero puso los cimientos de la nueva cultura política basada en los derechos y libertades individuales de todos los seres humanos, con independencia de cualquier condición económica, social y cultural. La revolución de 1789 sentó las bases de la ciudadanía moderna, pero apoyada en un concepto liberal y burgués del ciudadano, que dejaba fuera a los proletarios y a las mujeres.
En el siglo XIX la ciudadanía progresó por el empuje del movimiento obrero y del movimiento social de las mujeres sufragistas. Los derechos sociales y económicos se consiguieron a base de luchas sangrientas y la legislación europea se fue transformando y fue incorporando progresivamente todas las mejoras para los obreros, las mujeres y las familias más desfavorecidas. Hay que recordar que el socialismo utópico de corte anarquista y el socialismo de origen marxista tuvieron una influencia decisiva en todas las luchas sociales y políticas que se libraron a lo largo del siglo X IX (1830, 1848 y 1870). El anarquismo y el comunismo penetraron con fuerza en el movimiento obrero del siglo XX y todavía hoy siguen siendo la seña de identidad de miles de trabajadores en todo el mundo.
3.4. El siglo XX
La idea de ciudadanía democrática y del civismo como actitud de respeto sufrió en el siglo XX los embates feroces del fascismo italiano, del nazismo alemán, de la dictadura franquista y del estalinismo soviético, entre otros. Todas estas ideologías tuvieron en común la idea de que el ciudadano estaba sometido a las órdenes del Estado, a los dictados de un Jefe supremo y a una ideología única y totalizadora que representaba, según ellos, los intereses de la nación. El totalitarismo que dominó la escena europea durante toda la primera mitad del siglo XX anuló las libertades y los derechos de los individuos y convirtió a los ciudadanos en simples piezas mecánicas al servicio del Estado-Nación y socavó de raíz los fundamentos del Estado liberal-democrático; sobre todo, la separación de poderes, al concentrar todo el mando y todos los diversos poderes en una sola persona a la que se debía lealtad y obediencia absolutas.
Las dos guerras mundiales que azotaron Europa y todo el mundo, el horror del Holocausto judío, el Gulag del sistema comunista soviético, las atrocidades del régimen comunista de Pol Pot, los horrores de la Guerra de Vietnam, el conflicto judío-palestino y muchas otras guerras en África, América y Asia hicieron del siglo XX una época llena de crueldad inhumana y de continua vulneración de los derechos y libertades individuales. Las guerras que han devastado el mundo durante el siglo XX son totalmente contrarias al concepto de civismo y de ciudadanía democrática, porque hacen imposible cualquier ejercicio pacífico y civilizado de los derechos democráticos.
Sin embargo, hubo un hecho que devolvió la esperanza a los gobiernos y ciudadanos de todo el mundo y que trató de sentar las bases de la paz y la justicia internacional. Nos referimos a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 que es todavía hoy el referente ético, jurídico y político que tienen todos los gobiernos del mundo para saber si actúan conforme a los valores y principios allí reconocidos. El significado profundo de la ciudadanía y del civismo están reflejados en esa Declaración y en ella el sistema democrático es considerado como la mejor forma de gobierno de los ciudadanos en cualquier parte del mundo. La democracia es valorada por ser la más compatible con el ejercicio de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y porque además implica otorgar la soberanía al pueblo para que elijan a sus mejores representantes como gobernantes.
4. LA CIUDADANÍA COSMOPOLITA
En el siglo XXI, el civismo democrático ha experimentado un nuevo giro, condicionado por el contexto económico, social y político que se ha descrito anteriormente. La globalización, el pluralismo moral y religioso y la desigualdad Norte-Sur están determinando que las nociones de civismo y de ciudadanía democrática se orienten hacia la idea de cosmopolitismo, renovando la vieja idea de I.Kant de una ciudadanía mundial regida por el derecho y la justicia[3]. El civismo que se defiende en la tesis de la ciudadanía cosmopolita está basado en una concepción igualitaria de todos los ciudadanos del mundo, en un status de iguales derechos e iguales libertades para todos, pero insiste también en un orden económico y social justo en el ámbito internacional.
La ciudadanía y el civismo democrático que se pretende implantar en todas las sociedades del mundo no es la aceptación acrítica de la mundialización de la economía y de las comunicaciones, sino la exigencia de un derecho internacional justo, de un orden económico más justo y de un sistema social que respete los derechos y libertades de todos. En un mundo interconectado y globalizado es necesario revitalizar la conciencia cívica cosmopolita en todas las sociedades y exigir a todos los gobiernos que actúen bajo los auspicios de la ONU y promoviendo los valores de la Declaración de los Derechos Humanos.
La convivencia mundial en el siglo XXI debe estar sometida a las exigencias del derecho internacional; pero en el interior de cada país, los ciudadanos y ciudadanas deben tener garantizado un status de ciudadanía en lo referente a sus derechos y libertades y una situación económica que les permita vivir dignamente. Por eso, la ciudadanía cosmopolita o el civismo democrático mundial debe centrarse en una serie de derechos y deberes cívicos que constituyen el núcleo esencial del desarrollo democrático en cualquier país del mundo.
Para construir la ciudadanía cosmopolita es preciso que en todos y cada uno de los países haya un sistema democrático que garantice los derechos y libertades individuales a todos los ciudadanos y ciudadanas sin distinción de raza, sexo, lengua, religión o cualquier otra condición económica o social. Sin el reconocimiento de esa dignidad igual en todos los seres humanos y de su expresión jurídica mediante leyes concretas que garanticen su ejercicio, la ciudadanía cosmopolita se quedará en un «noble deseo» que todavía no se puede llevar a la práctica. A pesar de todo, conviene detallar cuáles son los derechos y deberes de un ciudadano en un sistema democrático que se deben preservar si se quiere hablar de civismo y de ciudadanía democrática.
En este caso se va a centrar el tema en los deberes cívicos más que en los derechos cívicos, porque los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en una sociedad democrática ya están garantizados por las leyes y han sido conseguidos tras una larga lucha. Ahora es quizás más urgente insistir más en los deberes cívicos con el fin de que la vitalidad y la calidad de la democracia se vean sometidas a este test del ejercicio activo y responsable de la ciudadanía. Sin una sociedad civil comprometida con la responsabilidad de esa colaboración democrática y de esa crítica racional al sistema la democracia languidece y puede degenerar en demagogia o en autoritarismo.
Los deberes cívicos que un miembro de una sociedad democrática tiene que desarrollar comienzan por su obligación de estar informado de lo que sucede en la sociedad en la que vivimos. Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información proporcionan muchos datos sobre la situación de cada país a todos los ciudadanos, pero hay que saber realizar una lectura crítica de todos los mensajes que llegan a través de la cultura mediática. El poder de los grandes grupos de comunicación es extraordinario y trata de influir en las decisiones políticas y en la formación de la opinión publica en las sociedades democráticas.
Otro de los deberes cívicos que se derivan de la ciudadanía democrática es el de asociarse para la defensa de los legítimos intereses que los diferentes grupos humanos tienen en una sociedad que es desigual e injusta. El derecho de asociación es básico y fundamental en todas las democracias porque la representatividad es un principio esencial en los actuales sistemas democráticos y los derechos de las personas que tienen intereses compartidos deben ser defendidos colectivamente, con la fuerza del derecho y con la unión de todos los interesados. El asociacionismo político, sindical, vecinal, deportivo etc. es una muestra de la vitalidad de las democracias y debe ser potenciado en todas las democracias, porque los partidos políticos no son el único cauce asociativo de que disponen los ciudadanos en un sistema democrático. La obligación de participar en la vida pública de un país no se puede circunscribir solamente a ser miembro de un partido político, sino que tiene muchas otras formas de expresión y la política no es simplemente la convocatoria de elecciones periódicas, sino que ante todo debe volver a ser un servicio desinteresado a los ciudadanos.
Un deber cívico que no puede ser olvidado ni marginado es el ejercicio de una solidaridad responsable. En el plano nacional e internacional, la economía es interdependiente y no se puede entender la ciudadanía democrática ni la construcción de un civismo de calidad si hay millones de personas que viven en condiciones de miseria y de pobreza. La dignidad de todos los seres humanos es idéntica y es igual para todos. Por eso la solidaridad es un deber moral y político y tiene que superar esa actitud paternalista con que muchas veces se enfoca este tema. La Declaración Universal de los Derechos Humanos exige ante todo tratar dignamente a todos, ayudar que todo ser humano se desarrolle como tal, con todos sus derechos y libertades, pero eso no será posible mientras millones de personas vivan por debajo de su humanidad.
La última consideración sobre los deberes cívicos está referida al tema de la ecología. Los seres humanos ya no pueden actuar como si el planeta Tierra fuese una propiedad privada suya, sino que tienen que tomar conciencia de que el ecosistema puede estar ya en peligro y de que la supervivencia humana está también amenazada. Todos los estudios sobre los actuales desequilibrios del ecosistema indican que el modelo de desarrollo que se está aplicando desde hace tiempo conlleva necesariamente la destrucción progresiva del ecosistema y muchos investigadores ya advirtieron sobre este peligro en 1972 y en años sucesivos. Los Informes del Club de Roma que han sido elaborados por un grupo prestigioso de científicos detallan con claridad en qué consiste el grave deterioro del medio ambiente. Por eso, la especie «homo sapiens» que domina mediante su tecnología y su ciencia el planeta Tierra es la que debe dar un giro en sus políticas y en su modelo económico hacia un tipo de desarrollo sostenible. Ese giro es un deber de civismo y de ética ecológica, que si no se ejercita a tiempo, puede acarrear daños irreversibles a todos los seres vivos, incluyendo a los humanos.
Luis María Cifuentes Pérez.
Catedrático de Filosofía (IES La Almudena. Madrid)

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