En medio de la guerra, ¿dónde queda la seguridad ciudadana?
La seguridad ciudadana en los últimos años, se ha convertido en uno de los temas más importantes para la ciudadanía, en la medida en que es el problema que más afectan su bienestar.
Sin embargo, durante la pasada campaña presidencial y en la actualidad el tema de seguridad ha estado centrado en el conflicto armado, en la guerra, y la manera como se puede enfrentar la estrategia de terrorismo que en los últimos meses han implementado los grupos armados.
En términos exactos, la seguridad ciudadana se redujo en el debate político al aumento y profesionalización de la fuerza pública, olvidándose, por ejemplo, que el País no tiene una política criminal clara que prevenga, disuada, controle, reprima y sancione los delitos que afectan de manera cotidiana a la mayoría de los ciudadanos, como son el robo de automotores, de residencias, el atraco callejero y los hechos que atentan contra la vida e integridad de los ciudadanos.
En el País se ha deteriorado la seguridad ciudadana en los últimos 20 años. La criminalidad se ha duplicado y en algunos casos se ha quintuplicado, como es el caso de los homicidios comunes que pasaron de 12.199 en 1985 a más de 26.000 en el 2001 y el hurto de vehículos (automotores y motocicletas) que pasó de 4.942 a 31.774.
Con este escrito no se pretende desconocer que es prioritario y urgente profesionalizar y aumentar el pie de fuerza de las Fuerzas Armadas para enfrentar y controlar con mayor capacidad a los actores armados. Lo que se pretende es llamar la atención sobre la necesidad urgente de que el País tenga una política de Estado en materia de seguridad y convivencia.
No se puede seguir creyendo que con solo desactivar el conflicto armado, los hechos de delincuencia y violencia van a disminuir, cuando lo que podría suceder es lo contrario, en la medida en que van a quedar muchas personas armadas de los distintos grupos y con expectativas diferentes a la paz, como sucedió en El Salvador y Guatemala, donde las tasas de homicidios y criminalidad crecieron de manera desorbitada después de la firma de la paz.
Frente a esta situación de incremento de la inseguridad ciudadana se requiere una política de Estado que fortalezca y apoye a los alcaldes y gobernadores para que asuman el papel que les corresponde como autoridades de policía, con planes locales de seguridad y convivencia y que los consejos y comités de seguridad locales y regionales sesionen todos los meses, que, además de fortalecer la policía con la ayuda de los fondos locales de seguridad, promueva políticas de apoyo a organismos de justicia como la Fiscalía, así como programas y proyectos de carácter preventivo como atención a grupos vulnerables (jóvenes en riesgo de violencia y de consumo de drogas, prostitutas, indigentes y desplazados por la violencia), defensa y promoción de los derechos humanos, atención de la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil, resolución pacífica de conflictos, recuperación del espacio público, reducción de la accidentalidad, desarme de los ciudadanos y creación y fortalecimiento de los frentes y escuelas de seguridad. Todos estos programas y proyectos ya probados y con buenos resultados en distintas ciudades del País.
La definición de una política nacional y de políticas locales de seguridad ciudadana le permitirán al País, en pocos años, reducir la violencia y la delincuencia, como lo han demostrado ciudades como Medellín, Cali y Bogotá que durante los años noventa del siglo pasado lograron reducir la violencia en porcentajes importantes, hasta cuando tuvieron políticas integrales de seguridad y convivencia. En el caso de Medellín, con la Consejería Presidencial para Medellín y con la Oficina para la Convivencia de la Alcaldía logró reducir el homicidio común de 6.804 casos en 1992 a 3.046 en 1998; Cali, con el programa Desepaz, pasó de 3.149 en 1994 a 1.787 en el año 1997 y Bogotá con su política integral de seguridad y convivencia, pasó de 4.452 en 1993 a 1.993 en el 2001 (ver gráfica siguiente).
Estos resultados de las tres ciudades más grandes del País muestran dos cosas muy importantes. La primera, que se requiere que los alcaldes y gobernadores asuman el manejo de la seguridad y la convivencia con políticas integrales que involucren no sólo acciones coercitivas sino también acciones preventivas, como lo hicieron en años anteriores Cali y Medellín y como lo sigue haciendo Bogotá. La segunda, que si el País le apuesta a la seguridad ciudadana con las características anteriormente enunciadas, se podría asegurar que tendrá una reducción importante en materia de violencia, en la medida en que estas políticas incidirían sobre la mayor proporción de la violencia, que corresponde a delincuencia y a problemas de intolerancia que representan más del 80% de los homicidios comunes.
Finalmente, respecto al aumento del pie de fuerza de la de la Policía Nacional en varios miles, 50.000 o 100.000, propuesto por los candidatos, es necesario llamar la atención sobre los siguientes puntos:
-El pie de fuerza de la Policía Nacional ha crecido de manera casi sostenida desde 1958. Desde este año hasta 1996, el personal uniformado se cuadruplicó, al pasar de 19.484 efectivos a 86.396. No obstante, todo indica que este proceso de crecimiento se ha llevado a cabo sin un criterio claramente definido. Un caso significativo fue el incremento ocurrido entre 1985 ? 1994 en cerca de 30 mil policías, el cual se dio principalmente al nivel de agentes, sin que se diera un aumento similar en los cuadros de mando. Se generó así una falta de control y de manejo, el cual se identificó con posterioridad como uno de los causantes de los problemas de corrupción que se hicieron críticos en esos años.
-Debe existir, por parte del gobierno nacional, un plan de incorporación del nuevo personal, para más de cinco años, en la medida en que no se cuenta con la infraestructura educativa, ni con los recursos para incorporar un número grande de policías en un corto periodo.
-No se debe desmejorar o reducir el tiempo de capacitación de los nuevos policías (tres años para oficiales y uno para patrulleros), por lograr un aumento rápido del pie de fuerza. La formación debe mantener o inclusive mejorar los estándares de calidad que ha logrado la Policía Nacional
-Cualquiera que sea el número de policías, éstos deben dedicarse a la seguridad y convivencia ciudadana en las grandes ciudades y cubriendo los municipios que hoy no tiene presencia. Esto no solo garantiza mayor seguridad para los ciudadanos comunes y corrientes, sino que su presencia adecuada en todos los municipios, disuade a la guerrilla y a los paramilitares de tomas y acciones terroristas.
-Finalmente, si en un primer momento el problema de recursos financieros y de infraestructura dificulta el aumento del pie de fuerza de la policía dedicada a la vigilancia, es necesario racionalizar los servicios especiales de seguridad, como escoltas, vigilantes de Embajadas e instituciones estatales, contraguerrillas, antinarcóticos, de carreteras, de aduanas, aeroportuaria, etc.
Cabe anotar que esta especialización ha tenido varias implicaciones, principalmente desfavorables para la seguridad ciudadana. El personal utilizado en estos servicios es sacado de la vigilancia en la calle, hace que los miembros de estos grupos solo atiendan los problemas de su especialidad y no otros, que su acción solo se restrinja a la reacción como grupos de asalto y no a la prevención, y que el personal policial cuando regresa a prestar servicios en materia de seguridad y convivencia ciudadana tengan que ser reeducados para cumplir esta función, ya que no responden adecuadamente a los requerimientos de control ciudadano y de vigilancia callejera.
También se podría pensar en sacar al personal uniformado de las labores administrativas, para que sea personal civil no uniformado el que asuma estas tareas. Por solo citar un ejemplo disponible, el 4% de los uniformados que tiene el País (3.602), se encuentra concentrado en la Dirección Nacional. Contrario a ésto el personal civil que hace parte de la policía ha disminuido. En años anteriores llegó a representar el 11% del total del personal y actualmente sólo representa el 5.4%.
Con estas propuestas no solo el País logrará garantizar la seguridad de todos los ciudadanos frente a cualquier hecho que atente en contra de su integridad vida y bienes, sino que una de las maneras más efectivas para enfrentar el accionar guerrillero y paramilitar en las ciudades es con políticas integrales de seguridad y convivencia, que tengan una amplia participación comunitaria.
Por Hugo Acero Velásquez
Subsecretario de Asuntos de Convivencia y Seguridad Ciudadana
Extraído del portal www.semana.com
