El pandillaje es el mal recurrente en muchos de los distritos de Lima, y en otras zonas. El delito juvenil es el que predomina en las calles. Sin duda, los ciudadanos somos los ojos y oídos de nuestras zonas, tenemos una valiosa información que, si la canalizamos correctamente, las autoridades podrían realizar un trabajo más adecuado.
Los padres de familia también conocen cuándo uno de sus hijos son parte de una pandilla. El problema de presentar la denuncia es la falta de credibilidad que tiene la población en las autoridades de la seguridad pública y de justicia.
Se deben buscar los mecanismos para que esa valiosa información sea canalizada de forma correcta. La actitud hacia una cultura de seguridad preventiva, por parte de la población, es el primer paso a seguir. Identificar nuestros riesgos y vulnerabilidades, el segundo, y sin duda alguna y de acuerdo a nuestras posibilidades, el uso de equipos y sistemas pueden optimizar nuestros niveles de protección.
Los delitos de los jóvenes y adolescentes se han convertido en una preocupación para la ciudadanía. Los fines de semana el pandillaje se adueña de las calles, y hoy lo hacen con más violencia ya que vienen reemplazando de forma gradual sus armas blancas por armas de fuego.
No debemos trabajar solamente los efectos de este fenómeno, sino ir a las causas del mismo. Casi la totalidad de esa juventud está desesperanzada, ya que están fuera del sistema educativo y del mercado del trabajo, carecen en muchos casos también de un marco familiar adecuado o sus hogares son disfuncionales. Ellos se sienten excluidos socialmente, viven su día a día con carencias básicas como agua o luz, no tienen además acceso a deportes o a una sana recreación. Esto definitivamente estimula al joven a que cruce rápidamente la delgada frontera entre el bien y el mal.
Allí hay un caldo de cultivo ideal para pasar a formar parte de las llamadas pandillas juveniles, solo así podrán tener dentro de sus carencias un lugar de pertenencia. En la práctica, esa juventud vive en un “acorralamiento social”, esos son algunos de los principales factores que los hacen altamente vulnerables a ingresar a la violencia y al delito.
Lo que se escucha en varias entrevistas radiales es que la población reclama como respuesta de parte del Estado mano muy dura frente a este fenómeno. Ello es una visión que apunta a un tratamiento básicamente policial, piden que vayan presos por faltas, solicitan reducir la edad del encarcelamiento, juicios acelerados, el servicio militar obligatorio, y en general piden medidas más severas como la pena de muerte.
Para ello tendríamos que cambiar muchas cosas. Por ejemplo, realizar una profunda reforma en la policía, dotándola de recursos apropiados y empezando por ofrecerles un sueldo justo. Si a ello le sumamos que la realidad ha demostrado que el tema es mucho más complejo que tomar dichas acciones, veamos por qué en Centroamérica es donde están las pandillas juveniles más peligrosas y violentas, como las Maras. Diversos estudios han demostrado que los países como El Salvador, Guatemala y Honduras, que aplicaron la llamada mano dura, han fracasado en reducir el delito y por el contrario sus cifras de inseguridad se elevaron, y el número de pandilleros aumentó.
Entonces ¿qué hacer? Los países exitosos en seguridad ciudadana, lo han logrado gracias a una política de exclusión cero, es cierto que también tienen otras realidades. Suecia, Dinamarca, Noruega o Finlandia, teniendo incluso un menor número de policías por habitante, tienen tasas bajísimas de delitos, su éxito radica en abrir plenas oportunidades de inclusión para los jóvenes, quienes tienen garantizados la salud, educación, posibilidades de trabajo y existe como política de Estado una fuerte protección a la familia.
La fórmula es tan buena que ya el Presidente de Brasil Lula comprendió el problema y acaba de implementar un gran programa en esa dirección que lo ha llamado “Tierra de Paz”. Con ello Lula realiza una apuesta seria para enfrentar la criminalidad en las Fabelas de Río de Janeiro. La inversión es de más de 580 millones de dólares. Sin duda es un político que sabe que el costo será superado por el beneficio, el plan se dedicará a colocar servicios de salud, escuelas, deportes, oportunidades laborales, y de capacitación, desarrollo cultural, etc. Sólo con ese tipo de respuestas integrales se podrán sentar las bases para empezar a reducir las tasas de delitos y violencia.
Finalmente, deben trabajarse de forma urgente las políticas públicas a favor de esa gran masa juvenil de alto riesgo, que hoy está desesperanzada. Hay que desestimularlos a ingresar en un camino equivocado, empecemos por darles un adecuado programa de servicios sociales y de conferencias, deportes, estudios, labores, que sientan que no están solos. Que sientan la presencia de un Estado dispuesto a darles la mano y a no ignorarlos. Eso sí, si fallan, que estén seguros que no habrá impunidad y que les esperara una dura sanción.
César Ortiz Anderson
Colaborador de Segured
