Un tribunal de segunda instancia de Argentina ratificó el procesamiento del alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, dictado el pasado mayo por un juez federal en el marco de la causa que investiga escuchas telefónicas ilegales a políticos y empresarios, informaron fuentes judiciales.
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa de Macri y ratificó por unanimidad el fallo del juez Norberto Oyarbide por los delitos de «violación de secretos, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos en concurso con el de asociación ilícita», indicó el Centro de Información Judicial.
Oyarbide procesó al jefe del Gobierno porteño por considerar que fue «partícipe necesario» en una «asociación ilícita» responsable del espionaje ilegal.
El polémico caso de espionaje se destapó en octubre pasado, cuando se conocieron supuestas prácticas de escuchas ilegales a Sergio Burstein, familiar de una víctima del atentado terrorista contra la mutualista judía AMIA (ocurrido el 18 de julio de 1994) por parte del ex jefe de la Policía Metropolitana de Buenos Aires Jorge «Fino» Palacios.
El jefe del Gobierno porteño había encargado a Palacios la tarea de crear la Policía Metropolitana, en funciones en la capital argentina desde comienzos de este año.
Tanto Palacios como el antiguo agente federal Ciro James están procesados y detenidos desde fines de 2009 por «intervención indebida de las comunicaciones y falsificación ideológica de documentos públicos».
También están procesados Mariano Narodowski, ex ministro de Educación de Buenos Aires, dos ex jueces, una funcionaria judicial y cinco policías de la provincia de Misiones (nordeste).
Los investigadores del caso encontraron información sobre espionaje ilegal en ordenadores incautados en una agencia de seguridad controlada por Palacios y con la que también está supuestamente relacionado el antiguo subjefe de la Policía Metropolitana Osvaldo Chamorro, a quien Macri destituyó en noviembre.
El escándalo levantó una fuerte polémica entre el Ejecutivo porteño y el Gobierno de Cristina Fernández, que se reavivó a comienzos de abril cuando Oyarbide decidió citar a declarar a Macri por su presunta implicación en esta causa.
Macri, que había pedido que el juez federal fuese apartado de la causa por considerar que es funcional a los intereses del Gobierno, ha asegurado que todo el caso se trata de «un invento» del ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), esposo de la actual mandataria Cristina Fernández.
El alcalde de Buenos Aires se encuentra actualmente de gira por varios países de América Latina y el Caribe.
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa de Macri y ratificó por unanimidad el fallo del juez Norberto Oyarbide por los delitos de «violación de secretos, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos en concurso con el de asociación ilícita», indicó el Centro de Información Judicial.
Oyarbide procesó al jefe del Gobierno porteño por considerar que fue «partícipe necesario» en una «asociación ilícita» responsable del espionaje ilegal.
El polémico caso de espionaje se destapó en octubre pasado, cuando se conocieron supuestas prácticas de escuchas ilegales a Sergio Burstein, familiar de una víctima del atentado terrorista contra la mutualista judía AMIA (ocurrido el 18 de julio de 1994) por parte del ex jefe de la Policía Metropolitana de Buenos Aires Jorge «Fino» Palacios.
El jefe del Gobierno porteño había encargado a Palacios la tarea de crear la Policía Metropolitana, en funciones en la capital argentina desde comienzos de este año.
Tanto Palacios como el antiguo agente federal Ciro James están procesados y detenidos desde fines de 2009 por «intervención indebida de las comunicaciones y falsificación ideológica de documentos públicos».
También están procesados Mariano Narodowski, ex ministro de Educación de Buenos Aires, dos ex jueces, una funcionaria judicial y cinco policías de la provincia de Misiones (nordeste).
Los investigadores del caso encontraron información sobre espionaje ilegal en ordenadores incautados en una agencia de seguridad controlada por Palacios y con la que también está supuestamente relacionado el antiguo subjefe de la Policía Metropolitana Osvaldo Chamorro, a quien Macri destituyó en noviembre.
El escándalo levantó una fuerte polémica entre el Ejecutivo porteño y el Gobierno de Cristina Fernández, que se reavivó a comienzos de abril cuando Oyarbide decidió citar a declarar a Macri por su presunta implicación en esta causa.
Macri, que había pedido que el juez federal fuese apartado de la causa por considerar que es funcional a los intereses del Gobierno, ha asegurado que todo el caso se trata de «un invento» del ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), esposo de la actual mandataria Cristina Fernández.
El alcalde de Buenos Aires se encuentra actualmente de gira por varios países de América Latina y el Caribe.