Estados Unidos afirmó que Venezuela «tiene la obligación de investigar» las denuncias de Colombia sobre la presencia de unos 1.500 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional en ese país que, según el Departamento de Estado, «deben ser tomadas muy en serio».
Un portavoz del Departamento de Estado recordó que las pruebas mostradas el jueves por Bogotá en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) incluyeron fotografías, mapas y vídeos que «presuntamente» prueban la presencia en Venezuela de las FARC.
Por ello, la portavoz de la Oficina del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Virginia Staab, afirmó hoy «que las acusaciones de Colombia deben ser tomadas muy en serio».
«Venezuela tiene la obligación para con Colombia como para con la comunidad internacional de investigar completamente esta información y de actuar para prevenir que grupos terroristas usen su territorio soberano», recalcó.
Staab reiteró hoy que «romper los lazos y suspender la comunicación no es, desde nuestro punto de vista, una manera constructiva de lograr este objetivo».
Colombia denunció el jueves en la OEA que en Venezuela se refugian y viven unos 1.500 guerrilleros en lo que históricamente han sido 87 campamentos en territorio del país vecino.
Bogotá tiene constancia comprobada y confirmada de cinco campamentos -cuatro de las FARC (Bolivariano, Berta, Santrich y Ernesto) y uno del ELN (de Carlos Marín Guarín, alias «Pablito»)- en los estados venezolanos de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas.
El Gobierno de Álvaro Uribe tiene además constancia de entre 20 y 39 campamentos más pero sobre ellos no dispone de información tan precisa.
A raíz de la denuncia pública de Colombia en la OEA, la cual fue negada tajantemente por Venezuela, Caracas rompió las relaciones diplomáticas con su país vecino.
El Departamento de Estado recordó que Colombia pidió en la OEA una serie de medidas de seguimiento, entre ellas el cumplimiento de Venezuela de sus obligaciones, el desmantelamiento inmediato de los campamentos y la detención de las partes culpables.
Bogotá también pidió al organismo regional que cree una comisión internacional que verifique «in situ», y en un plazo de 30 días, los campamentos y la presencia de guerrilleros en Venezuela.
«El diálogo constructivo y la cooperación con respeto mutuo son principios básicos del Sistema Interamericano. Como tal, respaldamos las propuestas de Colombia y estamos preparados para asistir a la OEA en acciones que puedan ayudar a avanzar en un diálogo mejorado entre Venezuela y Colombia», señaló Staab.
Ya el pasado 16 de julio, después de conocerse la denuncia pública de Bogotá, EE UU recordó a Caracas su obligación de impedir que grupos terroristas operen en su país.
Entonces, el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, indicó que algunos de los datos aportados por Colombia no sorprenden demasiado, puesto que el supuesto apoyo de Caracas a la guerrilla de las FARC preocupa desde hace tiempo a ese país y también a EE UU.
«Llevamos preocupados por esto desde hace algún tiempo y es una de las razones por las que, desde 2006, Venezuela figura como país que no coopera plenamente en la lucha antiterrorista», dijo entonces Crowley.
Un portavoz del Departamento de Estado recordó que las pruebas mostradas el jueves por Bogotá en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) incluyeron fotografías, mapas y vídeos que «presuntamente» prueban la presencia en Venezuela de las FARC.
Por ello, la portavoz de la Oficina del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Virginia Staab, afirmó hoy «que las acusaciones de Colombia deben ser tomadas muy en serio».
«Venezuela tiene la obligación para con Colombia como para con la comunidad internacional de investigar completamente esta información y de actuar para prevenir que grupos terroristas usen su territorio soberano», recalcó.
Staab reiteró hoy que «romper los lazos y suspender la comunicación no es, desde nuestro punto de vista, una manera constructiva de lograr este objetivo».
Colombia denunció el jueves en la OEA que en Venezuela se refugian y viven unos 1.500 guerrilleros en lo que históricamente han sido 87 campamentos en territorio del país vecino.
Bogotá tiene constancia comprobada y confirmada de cinco campamentos -cuatro de las FARC (Bolivariano, Berta, Santrich y Ernesto) y uno del ELN (de Carlos Marín Guarín, alias «Pablito»)- en los estados venezolanos de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas.
El Gobierno de Álvaro Uribe tiene además constancia de entre 20 y 39 campamentos más pero sobre ellos no dispone de información tan precisa.
A raíz de la denuncia pública de Colombia en la OEA, la cual fue negada tajantemente por Venezuela, Caracas rompió las relaciones diplomáticas con su país vecino.
El Departamento de Estado recordó que Colombia pidió en la OEA una serie de medidas de seguimiento, entre ellas el cumplimiento de Venezuela de sus obligaciones, el desmantelamiento inmediato de los campamentos y la detención de las partes culpables.
Bogotá también pidió al organismo regional que cree una comisión internacional que verifique «in situ», y en un plazo de 30 días, los campamentos y la presencia de guerrilleros en Venezuela.
«El diálogo constructivo y la cooperación con respeto mutuo son principios básicos del Sistema Interamericano. Como tal, respaldamos las propuestas de Colombia y estamos preparados para asistir a la OEA en acciones que puedan ayudar a avanzar en un diálogo mejorado entre Venezuela y Colombia», señaló Staab.
Ya el pasado 16 de julio, después de conocerse la denuncia pública de Bogotá, EE UU recordó a Caracas su obligación de impedir que grupos terroristas operen en su país.
Entonces, el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, indicó que algunos de los datos aportados por Colombia no sorprenden demasiado, puesto que el supuesto apoyo de Caracas a la guerrilla de las FARC preocupa desde hace tiempo a ese país y también a EE UU.
«Llevamos preocupados por esto desde hace algún tiempo y es una de las razones por las que, desde 2006, Venezuela figura como país que no coopera plenamente en la lucha antiterrorista», dijo entonces Crowley.