La seguridad ciudadana se ha convertido en un asunto prominente en la agenda de la consolidación democrática y el desarrollo de América Latina. Impone elevados costos económicos y se introduce en la vida política. El artículo analiza las múltiples causas de la violencia social, que debe ser analizada desde una perspectiva holística. Se examinan los incentivos a la violencia que supone la impunidad generalizada que es consecuencia de la debilidad de las fuerzas de orden público y el sistema judicial. La seguridad, como bien público, es responsabilidad primaria del Estado, pero también compete a las autoridades locales y la sociedad civil. Una estrategia global frente a la violencia requiere del fortalecimiento del Estado de derecho, la reforma del sistema judicial y de la policía, de las prisiones, mayores esfuerzos en la prevención, y mayor participación de la sociedad civil.
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