Para septiembre de 2007, ya estaban en funcionamiento las trece cámaras que conforman la primera fase del proyecto, así como el Centro de Monitoreo Público. En la medida en que los funcionarios se han familiarizado con el manejo del sistema, la utilidad de las cámaras ha ido creciendo, así como la efectividad y la transparencia de la acción policial. La tecnología puede ser utilizada, por ejemplo, para detectar el número de una placa de automóvil. Esto permite verificar, a través de la red de comunicación policial, si el auto está solicitado por las autoridades, sin siquiera detener al conductor.
Las cámaras también permiten verificar si los procedimientos policiales se desarrollan con apego a la legalidad. Desde 2006, la Comisión Nacional para la Reforma Policial de Venezuela (Conarepol) detectó que los agentes de aplicación de la ley en todo el país a menudo se constituyen en un factor más para la generación de violencia, debido a que no cumplen con las normas mínimas establecidas en la legislación vigente y en los reglamentos internos.
Pero estos hechos se conocían solamente cuando tienen extrema gravedad, y los afectados o sus familiares acuden al Ministerio Público para denunciarlos. De resto, pasaban inadvertidos. Ahora, el desempeño policial puede ser analizado en tiempo real, desde el Centro de Monitoreo Público. Ante cualquier irregularidad, el supervisor está obligado a notificar a la superioridad. Como las imágenes quedan guardadas hasta por seis meses en una memoria, son fácilmente rescatables para efectos de control.
Del otro lado, el sistema permite descartar las denuncias infundadas, hechas por los familiares de los delincuentes para desvirtuar la acción de los funcionarios. Si bien es cierto que las imágenes son una herramienta de control administrativo, actualmente se desarrolla una discusión sobre su utilidad con fines legales.
La normativa venezolana establece que los jueces de control tienen libertad para valorar las pruebas que se presenten durante los procesos penales. Pero estos elementos de convicción deben ser recabados según principios de legalidad. La discusión intenta establecer si las imágenes captadas por una cámara son válidas, o si deben ser descartadas por considerarse una vigilancia no autorizada por un juez.