La participación en materia de seguridad ciudadana es en buena medida un reflejo de la voluntad política. El ex Subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Bogotá, Hugo Acero, señala que en el ámbito político se requiere de:
• Liderazgo.
• Seguridad es parte de su agenda.
• Capacidad de convocatoria.
• Capacidad de coordinación.
El Estado, a través de sus distintas instituciones, establece el modo y los ritmos en que se desarrolla esta participación. Igualmente, fija el conjunto de normas que las regulará. En este caso aplica el viejo principio según el cual “obras son amores”. A menudo los voceros de los gobiernos señalan que es necesario el concurso de todos los sectores para atacar la inseguridad, pero no dan los pasos para que se concrete esta sumatoria de esfuerzos.
Esto se percibe con claridad cuando analizamos las relaciones entre los distintos cuerpos de seguridad ciudadana y la vigilancia privada. La vigilancia privada debe ser vista por los gobiernos como un aliado, no como una amenaza.
Nuevamente, la experiencia colombiana tiene algunas enseñanzas. El Decreto presidencial 3222 del año 2002, sobre la creación de las redes de apoyo y solidaridad ciudadanas, constituye una de las herramientas fundamentales de la política de Seguridad Democrática.
Según esta norma, todos los servicios de vigilancia y seguridad privadas deben estar conectados de manera directa y permanente con la Policía Nacional. Esto con la finalidad de suministrar información que conduzca a la detección temprana de los delitos. Según Felipe Muñoz Gómez, ex Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, esta disposición ha logrado evitar un importante número de robos, secuestros y atentados terroristas. Para Muñoz, “lo público y lo privado nunca serán excluyentes, sino que por el contrario son complementarios, y en temas como el de la seguridad pública se vuelven estratégicos, dentro del marco de las corresponsabilidades”.27
La institución a su cargo es la encargada de vigilar por la aplicación de normas y estándares que garanticen una calidad mínima en el servicio de vigilancia privada, y busca el fomento de la industria, mediante la divulgación clara de los alcances de la acción privada, la promoción de actividades de formación y capacitación de los vigilantes y transportistas de valores, y el control a las empresas “piratas”, es decir, que no cumplen con los estándares mínimos.
Los vigilantes privados son uno de los factores fundamentales en el programa de las zonas seguras, que se aplica con éxito en la capital colombiana. Uso de recursos tecnológicos, inclusión, transparencia, participación con normas claras, etc. Estas son algunas de las claves que explican el éxito colombiano en materia de seguridad ciudadana y control de la violencia. La generación de un clima de seguridad tiene un efecto expansivo hacia otras áreas del quehacer social. Una de ellas es la económica.
Está comprobado en las encuestas de victimización que el sentimiento de inseguridad obliga a la gente a reducir sus interacciones con el entorno social. Las actividades recreativas, desarrolladas por regla general en las horas de ocio nocturno, son llevadas a su mínima expresión. El turismo, conocido en algunos países como la “industria sin chimeneas”, se deprime. En cambio, cuando hay seguridad florece el comercio. Los turnos de trabajo se prolongan. En fin, la economía se dinamiza, y por lo tanto se reducen los índices de pobreza.
En Colombia queda mucho por hacer. Pero lo fundamental es la demostración de que sí se puede controlar la violencia y llevarla a niveles tolerables, en un ambiente de respeto a las libertades. Para esto, reiteramos, es necesario contar con un liderazgo político consciente del problema y capaz de orientar en forma positiva el accionar de las instituciones. Hay que “romper el escepticismo”, afirma el ex alcalde de Bogotá, Paul Bromberg.
El ejemplo habla por sí solo. No obstante, siempre hacen falta oídos capaces de escucharlo. Esto requiere de una dosis importante de humildad y consciencia de que no se poseen todas las soluciones. En última instancia, el problema con la violencia es que por más intenciones que haya de ocultarla siempre terminará estallando en la cara de la sociedad y sus gobiernos, reflejando sus deficiencias.
Cada muerto, cada herido, con toda la carga de dolor que conlleva, representa una posibilidad de aprendizaje para el colectivo. Este proceso se prolongará en la medida en que las personas piensen que las soluciones están fuera de su alcance. La participación es necesaria en todos los ámbitos del quehacer colectivo. La seguridad es un asunto muy importante como para dejarla únicamente en manos de los gobernantes.