1) Colaboraciones: proyectos conjuntos entre los sectores públicos y privados, basados en una clara asignación de tareas para cada parte. Ninguno de los componentes compromete su identidad. Se usa la figura del “asociado”, en los que se busca producir un valor agregado, ya sea a través de la producción de un bien superior al mismo costo que el anterior, reemplazable, o mediante la producción de un bien equivalente al anterior, pero a un costo más bajo. Por ejemplo, proyectos de construcción de viviendas con alta tecnología incorporada, llave en mano, que propicia sistemas de alerta temprana, televigilancia, control de acceso, etc., desde el momento en que se ejecuta el proyecto.
2) Contratos: el sector público compra un servicio en su contraparte, o viceversa. Puede ser una asesoría o un bien, dependiendo de la necesidad concreta.
3) Iniciativas privadas: se expresan generalmente a través del diseño y lanzamiento de productos “resistentes al crimen”, que para entrar en pleno funcionamiento requieren del concurso de funcionarios públicos o de la utilización de bases de datos a las que solamente tienen acceso los agentes de los cuerpos de seguridad ciudadana. Esto sucede, por ejemplo, en la incorporación de circuitos integrados a los automóviles, para la ubicación rápida en casos de robo.
4) Organizaciones híbridas: representantes de los sectores públicos y privados se unen con la finalidad de alcanzar un objetivo común. Esto ocurre generalmente mediante la figura de las fundaciones. En el llamado Manifiesto de Zaragoza, el Foro Europeo de Seguridad Urbana proclamó lo siguiente, en relación con la colaboración entre los sectores público y privado: “La implicación del sector privado en el área de la seguridad es cada vez más visible. Las empresas de seguridad privada desempeñan un papel cada vez más importante en cuanto al desarrollo de estrategias locales, regionales y europeas como la creación de barrios más seguros, los graves problemas de crimen transfronterizo o la reducción de riesgos de amenaza terrorista”.
El modelo más idóneo de colaboración entre la seguridad pública y la privada, es aquel que propicia la integración funcional de ambas, es decir, la puesta a disposición del ciudadano en general, de los recursos humanos y los medios materiales que, con carácter público o privado, son puestos a disposición del servicio público general de la seguridad ciudadana34.
La relación entre la seguridad pública y la privada es entendible, siempre y cuando exista entre ellas un enlace de confianza recíproca y transparencia. Una de las líneas estratégicas es precisamente impulsar la cooperación con el sector de la seguridad privada. Para ello, entre otras medidas, se insta a los jefes de policía a intensificar los contactos con los diferentes sectores, y por otro, se procura que los responsables de las unidades regionalesy locales de seguridad privada, recibieran la formación y actualización oportunas.
Las empresas de seguridad están obligadas a informarle a las fuerzas y cuerpos de seguridad las actuaciones que conozcan para que, éstas últimas, puedan actuar en la prevención del delito y persecución del delincuente. Con la mutua colaboración entre la seguridad pública y la privada, se pueden lograr conseguir mejores índices de seguridad ciudadana.
La seguridad privada contribuye, en gran medida, a sortear el clima de inseguridad que en un momento dado puede percibir el ciudadano. Por tanto, desde ese prisma, juega un importantísimo papel complementario de la seguridad pública.
Lo ideal es buscar espacios comunes de cooperación entre la seguridad privada y los cuerpos de seguridad del Estado. Los recursos que aportan ambos sectores, deben ser aprovechados al máximo en beneficio del bienestar de la ciudadanía. Se deben establecer protocolos de actuación y cooperación entre los ámbitos público y privado de la seguridad que regulen esa relación y fijen unos criterios de actuación claros y ajustados a la realidad de la seguridad del país.