En las democracias consolidadas, las relaciones público-privadas en materia de seguridad pueden ser mucho más conflictivas en los Estados fallidos, donde no existen normas claras de actuación para ambos sectores. En todo caso describimos algunos puntos conflictivos, o “cuellos de botella”, en esta relación:
1) Conflicto entre los intereses públicos y privados. Por ejemplo, si una comunidad contrata un servicio privado debido a la inseguridad percibida, cabe preguntarse si a ese servicio le interesará mitigar esta percepción. Eso podría significar el fin del contrato.
2) Confidencialidad de la información y protección de las garantías constitucionales básicas. ¿Es posible para un grupo privado hacer inteligencia sobre particulares, lo que implica a menudo una irrupción en la vida personal?
3) Inequidad en cuanto a los beneficiarios de los servicios. El gasto privado se dirige a beneficiar directamente a las personas que lo ejecutan. Entonces, la seguridad deja de ser un bien universal, tal y como lo prevé la mayoría de los ordenamientos legales.
4) Generación de situaciones de inaccesibilidad física a sectores enteros de la ciudad, y barreras urbanas que impiden la libre circulación. Una consecuencia de este punto es que la delincuencia tiende a desplazarse a las áreas desprotegidas, incrementándose así las desigualdades en el disfrute de un derecho.
5) Zonas grises de cooperación y no cooperación entre las agencias públicas y los servicios privados de seguridad.
6) Privatización de la participación. Grupos de ciudadanos pueden ser cooptados o inducidos a actuar en determinado sentido en atención a los intereses de las corporaciones privadas que financian su actividad.