Este es un aspecto fundamental de la política gubernamental y se sustenta en cuatro conceptos básicos: el conflicto, el poder, la violencia y el Estado. Se trata de cuatro realidades que no pueden desconocerse. La respuesta al crimen debe ser civil, organizada y permanente.
La política criminal además debe ser dinámica, transparente, comprensible, dirigida a reducir los daños sociales y contar con la participación de los ciudadanos.
En Venezuela no hay una cultura suficientemente desarrollada de los lineamientos que abarquen desde los organismos de policía, hasta la actuación de los fiscales y los jueces, el trabajo penitenciario y la actualización de la normativa de conformidad con la nueva Carta Magna y los tratados internacionales. Por si fuera poco, no participamos de esa noción coordinadora de lo que es un sistema penal, que en Venezuela se manifiesta en la improductividad, el irrespeto a los derechos humanos y la imparcialidad; ya que actúa en forma paralela un sistema subterráneo que reniega del modelo acusatorio, no mantiene suficiente interrelación en los delitos que afectan la comunidad internacional, contribuye a la absolución de los culpables y se presenta como una verdadera “caja negra” que el gobierno no tiene tiempo ni voluntad para abrir y escuchar.
Es impensable una sociedad ajena a la ejecución de una política criminal. La democracia venezolana requiere del protagonismo de investigadores, fiscales y jueces, que actúen con verdadero profesionalismo y eficiencia.
Cualquiera puede cometer un error, pero si lo repite revelaría una confusión sobre los objetivos, ya que los integrantes del sistema penal deben trabajar en equipo, imponiendo razonadamente las soluciones técnicas por encima de la retórica política. El efectivo desbordamiento del delito comprueba la ineficiencia de los organismos llamados a capturar a los delincuentes y sancionarlos.
Definitivamente, la defensa de la población contra le hampa requiere de voluntad política, recursos presupuestarios y la ejecución de una política criminal progresista, con programas referidos a la aplicación de medidas diferenciadas según las categorías delictivas de mayor gravedad, entre las cuales destaca el secuestro y la toma de rehenes, por la especial perversidad de su perpetración, la repercusión en el núcleo familiar y efecto en los ámbitos interno e internacional según los casos.
En la década del setenta se constituyó con un grupo de investigadores, fiscales, jueces y expertos en criminalística un comando especializado capaz de actuar en áreas urbanas y rurales, para prevenir y reprimir el delito de secuestro. El órgano coordinador era el Ministerio del Interior. Se realizaban reuniones periódicas, intercambio de información, recolección de inteligencia, descartes y verificaciones, que culminaron en la elaboración del plan Caviar, destinado a la atención de todo tipo de secuestros; lo que permitió la detención y el castigo de los autores materiales e intelectuales de los delitos ocurridos en esos diez años; provocándose una natural sustitución delictiva hacia otras categorías menos riesgosas.
También debe destacarse la experiencia exitosa del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP) que previno, durante un lapso prolongado, los secuestros fronterizos, en una labor conjunta de los organismos de seguridad y las Fuerzas Armadas.
En resumen, estas experiencias demuestran que las autoridades venezolanas están en capacidad de prevenir y reprimir, tanto en las áreas urbanas como en la frontera, el secuestro y la toma de rehenes. De allí la importancia de estudiar los aspectos favorables de estos programas y las desviaciones y excesos que hayan podido cometerse.