El Gobierno es responsable por la seguridad de los ciudadanos. "Vicente Brito"

La situación del secuestro en Venezuela es sumamente preocupante, ante la ineficiencia del Gobierno y de los entes del Estado para garantizarle al ciudadano la paz y la seguridad personal. Por lo tanto, debe ser combatida de una manera agresiva y muy determinada, lo cual obliga a modificar el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y las leyes necesarias en materia jurídica para dar penas mayores por secuestro, elevándolas hasta los 50 años.

En el caso de la zona fronteriza debe aplicarse el Código Militar, porque aquellos hechos en los que se determine que ese tipo de delito está vinculado a agentes externos deben ser considerados como agresiones a la soberanía venezolana. Además, ameritan sanciones ejemplarizantes.

Por ello el combate al secuestro, así como la sanción a sus responsables, tiene que estar fundamentado en una acción directa y bien dinámica.

Esos irresponsables que han venido desde Colombia -llámense guerrilla, paramilitares o cualquier movimiento simplemente hamponil- tienen que ser vistos como agresores contra el país, y la Fuerza Armada venezolana debe responder con vigor. No en una forma expectante sino contundentemente. Es una agresión contra Venezuela y su soberanía y debe ser combatida de la manera como realmente se le hace frente a una violación del territorio. Igual tiene que suceder con el secuestro express y la extorsión o vacuna. El Gobierno es responsable por la seguridad de los ciudadanos, quienes expresan su angustia al respecto.

El sector que representa Fedecámaras se siente amenazado. Cuando secuestran a un ganadero, a un empresario, a cualquier persona vinculada al área productiva para extorsionarla y obtener dinero por esta vía criminal, se está afectando al sector empresarial venezolano. Tales modalidades inciden en la complicada situación actual de paralización de inversiones y de alta desconfianza por la cual atraviesa el país.

El secuestro no es solamente una nueva realidad para el país. Se ha convertido en una pesadilla para los venezolanos. Ya en la frontera hay una angustia colectiva, que alcanzó a las regiones central y oriental. La situación requiere de una acción contundente, el Gobierno tiene que dar una respuesta inmediata.

El gobierno venezolano ha tenido un descalabro muy preocupante en materia de seguridad. Llama a la reflexión lo que ha sucedido en estos dos últimos años en cuanto se refiere al incremento de la inseguridad y de los atracos, los crímenes impunes y un Código Orgánico Procesal Penal perverso. Es una situación en la que nadie asume su responsabilidad. Inclusive, es notoria la forma preocupante como algunos jueces y fiscales han puesto a delincuentes en la calle, quienes luego siguen cometiendo asesinatos y delitos.

Se debe analizar la situación, y entenderse que en la medida en que sean realizados foros como el que en esta oportunidad realizó la Cámara Económica Venezolano-Israelí –CEVI- se puede evaluar técnicamente y de una manera concreta la situación de la seguridad del país, la cual en este momento es muy preocupante.

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