En octubre del 2000 la Policía Municipal de Baruta vivió una primera experiencia de secuestro, y fue una clara demostración de que cuando hay voluntad de coordinar a distintos cuerpos de seguridad el resultado final puede ser exitoso.
El hecho tuvo lugar en la urbanización Bello Monte. La primera llamada la recibió la Policía Municipal de Baruta (PoliBaruta), que envió una unidad al lugar del secuestro. Inmediatamente se hizo contacto con el Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ) y la Policía Metropolitana (PM). Así, todos los cuerpos de seguridad estuvieron presentes. En ese mismo momento la Policía Municipal de Baruta conformó los anillos de seguridad. El primero se le asignó al CTPJ, el segundo a la PM y el tercero a PoliBaruta. El resultado fue exitoso, los secuestradores entregaron a los rehenes y ahora enfrentan un proceso judicial.
Pese a lo traumático que ha podido ser para esas personas que permanecieron cinco horas en situación de rehenes, se demostró que si las policías quieren trabajar coordinadamente y hay posibilidad para hacerlo se puede lograr. Esa es la gran apuesta que deben hacer todos los cuerpos de seguridad. No se puede ver a los problemas en forma aislada. La ciudad tiene que verse como una gran metrópolis en donde todas las policías puedan trabajar entre sí.
Ante esas indeseables situaciones de rehenes y de secuestro, en el municipio Baruta existe a disposición de sus habitantes un número de emergencia, el 171, conectado a un call center, con nueve operadores a cargo, a donde llegan a través de un computador todas las llamadas identificadas y con su ubicación geográfica.
Otra de las innovaciones que ha previsto la alcaldía del municipio Baruta es la colocación de botones de pánico en las casetas de vigilancia, las residencias y las casas. Los dispositivos resultarán altamente efectivos en casos de secuestro o de intromisión de un ladrón o de un delincuente en un hogar de la zona. Ante tales amenazas una persona podrá accionar el botón de pánico, a través del cual se realizará una llamada inalámbrica al centro de operaciones del municipio, que igualmente será registrada en el call center. Así se podrá identificar dónde se está produciendo la emergencia para dar una respuesta en forma inmediata.
Ya en municipios como Chacao han sido instalados esos botones de pánico, y la expectativa es que otras localidades se sumen a la iniciativa, con el fin de que la ciudadanía cuente con los medios para ser atendida.
Si bien la situación actual en el ámbito de la seguridad obliga a avanzar hacia una gran tecnificación y a mejorar el sistema de telecomunicaciones, también supone reforzar el parque automotor. Un caso dramático es el del municipio Sucre del estado Miranda, donde hay patrullas paradas porque no existen recursos para comprar gasolina. En el caso de Baruta, la Brigada Motorizada tiene apenas 16 motos para atender a una zona de nueve mil hectáreas. La renovación y el fortalecimiento del parque automotor no pueden esperar.
En igual medida, a la policía peatonal debe llegarle su gran momento, pues constituye un elemento muy eficaz en la lucha contra el delito. En la ciudad de Nueva York fue un factor determinante para el éxito obtenido.
Otro de los avances que deben ser aplicados es lo relativo a mejorar la condición socio económica del funcionario. El tema se ha planteado desde hace tiempo, y ya resulta imposible pensar que en Venezuela el policía conviva con el delincuente y que, al mismo tiempo, devengue entre 200 mil y 300 mil bolívares mensuales (aproximadamente entre 285 y 428 dólares). El funcionario policial debe ser un individuo bien pagado, con incentivos y una seguridad social que le permitan cumplir con un trabajo tan difícil para la comunidad como es la seguridad.
En Baruta se han dado pasos positivos en esa dirección, y la aspiración es a que el ejemplo sea seguido por el resto de los gobiernos locales del país.
El municipio tiene a unas 450 mil personas que son atendidas por una policía municipal de 430 agentes, lo cual es absolutamente insuficiente. En tal sentido, quizá el municipio Chacao pueda estar en una mejor situación. Sin embargo, por allí transitan más de dos millones de personas diariamente. La situación implica que además de la inversión que hay que hacer en comunicaciones y en equipamiento, se debe aumentar el número de policías. Las cifras ofrecidas por organismos internacionales señalan que debe haber cuatro policías por cada mil habitantes. Basta hacer una cuenta matemática para demostrar la insuficiencia policial que tiene la ciudad de Caracas.
Indudablemente, la participación ciudadana es importante en materia de seguridad. Existe un problema que es muy preocupante: la gran cantidad de llamadas falsas que constituye una pérdida de esfuerzos para la policía.
Los gobiernos locales comparten su defensa de las policías municipales. Con todos los errores que presentan, se han convertido en las grandes defensoras de la comunidad, de todos y cada uno de los ciudadanos. Por el contrario, los alcaldes rechazan la transformación de la Policía Metropolitana en un cuerpo de seguridad nacional. La propuesta ha ido tomando mayor fuerza y ha planteado una especie de conflicto.
Igualmente, se prevé un seguro fracaso al desligar la solución del problema de inseguridad del propio ciudadano, quien está muy sensibilizado con la situación actual.
Los alcaldes recomiendan ver con sumo cuidado la creación de la Policía Nacional con rango constitucional. Basta la experiencia de otros países donde existen organismos similares, que a la larga han resultado absolutamente represivos y en nada han solucionado la inseguridad. El mejor ejemplo de ello es Colombia, y sólo hay que ver las noticias para saber en qué condiciones funciona la seguridad en ese país.
En el caso venezolano, lo ideal es trabajar con base en la coordinación de todas las policías locales y su fortalecimiento. Mientras que la función de la Policía Nacional debe estar dirigida para los asuntos de orden nacional, como lo concerniente a drogas y a aduanas. La Policía Nacional no puede concentrarse en la seguridad del día a día, lo cual cubren perfectamente las policías municipales. Sobre esto hay ejemplos muy exitosos en otros países.
Las policías municipales no son bandas al servicio de un gobernante de turno. Las policías locales deben ser policías ciudadanas, cívicas y sobre todo preventivas. Muestra de ello se puede conseguir en el municipio Baruta, donde sus funcionarios ayudan a un anciano a cruzar la calle. Ese es un ejemplo de que la policía se ha convertido en una gran herramienta para los habitantes de la zona donde prestan sus servicios.
En la segunda mitad del año 2000, la alcaldía del municipio Baruta realizó diversos contactos con diferentes cuerpos de seguridad extranjeros para buscar mecanismos alternativos en el combate contra la inseguridad. Hubo reuniones con personas que estuvieron relacionadas con la policía de Nueva York y con especialistas en la materia provenientes del Reino Unido, algunos de ellos vinculados al Scotland Yard. Los primeros dieron a conocer su exitosa experiencia para reducir el crimen, mientras que los otros ofrecieron planteamientos bastante razonables, que bien pudieran aplicarse en la realidad venezolana.
La alcaldía de Baruta diseñó un plan de seguridad bajo el lema de la “cero tolerancia”, con la policía volcada a la calle para sancionar, aplicando el peso de la ley, a los delitos por más pequeños que sean. No se trata de llevar preso al que se come el semáforo, al que orina en la calle o al que bota basura. Pero el delincuente, y lo saben los expertos en materia de seguridad y todos los miembros de la policía, comete delitos todo el tiempo, a toda hora. Quizá resulte más fácil agarrar a un delincuente irrespetando un semáforo que robando un banco, porque lamentablemente en esta ciudad la policía llega después del hecho. A finales del 2000 hubo experiencias exitosas, como en Chacao donde frustraron el robo de un banco, pero cuántos otros fueron atracados en esos mismos momentos. Por eso se habla en Baruta de la “cero tolerancia”.
La “cero tolerancia” empieza por darle mayor formación al funcionario policial para que pueda tener conocimiento cabal de cuál es la ley y de qué establecen las ordenanzas.
La expectativa es que las situaciones de rehenes y de secuestros no sean las características en Caracas, como sucede en otras ciudades.
Al respecto, debe haber una reforma a las leyes penales venezolanas para que el secuestro sea castigado con todo el peso, para que el delincuente sienta que un delito de ese tipo es sancionado severamente. Dada la gravedad del hecho, hay que considerar el problema psicológico que significa ser tomado como rehén, más aún cuando han ocurrido situaciones en las cuales fueron involucrados menores de edad por causa de algunos delincuentes.
Hay que dejar muy claro que lo primero es que se cumpla la ley con toda la rigidez y la fuerza del caso. Para eso existen las leyes. Si no la ley seguirá siendo letra muerta, para la burla de todos y cada uno de los delincuentes.
La pena de muerte ha sido otro tema en discusión. La experiencia señala que en los países donde se ha practicado no ha habido ningún avance. No es, en resumidas cuentas, la solución al problema de la inseguridad que hay en Caracas y en toda Venezuela.
Lo que no puede seguir pasando es que cada fin de semana los homicidios pasen de cien en todo el ámbito nacional. Eso sí debe ser motivo de preocupación. Es tiempo de dejar atrás tanto discurso y tanta palabrería para ponerse a trabajar, pues es lo que en general está esperando el venezolano.