Sin pretender hacer toda una historia de los fenómenos políticos en Venezuela, es importante pasearnos por algunos de los que configuran el marco histórico más interesante de nuestra contemporaneidad, y que se inician en la era democrática luego del derrocamiento de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Estos a su vez propician el nacimiento de la guerrilla y del delito que nos ocupa: el secuestro.
Luego del derrocamiento del general Marcos Evangelista Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958, asumió el poder una junta de gobierno con participación del sector civil, la cual se empeñó en la normalización plena del país, gozando de su completo respaldo. Una de las primeras medidas fue la desarticulación del aparataje policial de la dictadura. Fue eliminada por decreto la Seguridad Nacional y fueron creados los Servicios Técnicos Criminológicos dependientes del Ministerio de Relaciones Interiores. El 20 de Febrero de 1958 con el Decreto número 48 se creó el Cuerpo Técnico de Policía Judicial dependiente del Ministerio de Justicia. Al poco tiempo, y ante la dualidad de funciones, fueron eliminados los Servicios Técnicos Criminológicos.
La Policía Judicial comenzó a funcionar en el pasaje La Bolsa frente al Capitolio, y a los cuatro meses se mudó al edificio Parque Carabobo, iniciándose en la ardua tarea de formar un cuerpo técnico de investigación criminal, tomando en cuenta por una parte que por los recuerdos de los años de la dictadura muy poca gente quería formar parte de una organización policial, y por la otra que no se podía reclutar a ex funcionarios de la extinta Seguridad Nacional.
Paralelamente y como organismo de investigación política fue creada la Dirección General de Policía (Digepol).
Dentro del contexto meramente político, para lograr un entendimiento nacional, el 31 de diciembre de 1958 los partidos AD, COPEI y URD firmaron un acuerdo tripartito conocido como el pacto de Punto Fijo, concebido para dar cuerpo a un gobierno de coalición que permitiera superar la crisis insurreccional, que ya se preparaba por el descontento reciente del PCV, excluido de toda participación política o convocatoria para la formación del futuro gobierno de coalición en 1959. Aunado a esto surgieron tensiones cuando en el seno de Acción Democrática se planteó la escogencia del candidato presidencial a finales del año 1958. La juventud de ese partido planteó la escogencia de un candidato de sectores ajenos a las agrupaciones políticas, que representara la unidad nacional nacida el 23 de enero y a la vez al Comité Ejecutivo Nacional de AD -máxima autoridad dentro del partido-. Pero la vieja guardia prácticamente impuso la candidatura de Rómulo Betancourt.
Luego de las elecciones del 7 de diciembre de 1958, ganadas por Betancourt, comenzó una situación sumamente tensa. La primera medida del nuevo Presidente fue instituir el orden constitucional de la República. Para esto convocó a una Asamblea Constituyente que redactaría el nuevo proyecto de Carta Magna que reformase la de 1947.
De este esfuerzo nació la primera Constitución democrática, promulgada el 23 de enero de 1961. La tensión con los sectores de izquierda se profundizó luego de la separación del gobierno venezolano con el de Cuba, en una posición solidaria con el Departamento de Estado, hasta el punto de participar en 1961 en el bloqueo continental a la nación caribeña, liderizado por los Estados Unidos.
El rechazo de la izquierda venezolana no se hizo esperar y la separación entre este sector de la política nacional el Gobierno se hizo insuperable.
El año 1962 marcó el inicio formal de la lucha armada en Venezuela, aunque sus desarticulados comienzos fueran un año antes, cuando se realizó el segundo congreso del comité Nacional del Partido Comunista, y se planteó la alternativa de las armas.
Aunque las primeras acciones partieron de estudiantes universitarios y de grupos radicales en los barrios, también ocurrieron dos acciones insurreccionales en las Fuerzas Armadas con un irrestricto apoyo de estos grupos izquierdistas: el Carupanazo (4 de Mayo de 1962) y el Porteñazo (2 de Junio de 1962). Ambos focos de sublevación contaron con el apoyo del Partido Comunista y del Movimiento de Izquierda Revolucionario. Como producto de las acciones señaladas durante el Tercer Congreso del Partido Comunista en 1962 se planteó una estrategia diferente en la lucha armada, y se propuso la creación del Frente de Liberación Nacional y de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Este fue el inicio de los frentes José Leonardo Chirinos en Falcón y Simón Bolívar en los estados centro occidentales. Este frente a su vez fue sustituido en 1964 por el José Antonio Páez y luego por el Argimiro Gabaldón; el frente Ezequiel Zamora, que cubría el cerro el Bachiller, y el frente Manuel Ponte Rodríguez en los estados orientales. El proceso insurreccional venezolano se agudizó el último año del período constitucional del presidente Betancourt, en 1963.
Al finalizar ese año se realizaron elecciones generales. Resultó ganador el Dr. Raúl Leoni de Acción Democrática. Este período se caracterizó por más divisiones dentro de lo que se llamó el gobierno de ancha base. La más importante, al final del lapso, por la lucha entre los candidatos Luis Beltrán Prieto Figueroa y Gonzalo Barrios.
Ya comenzaba a vislumbrarse la pacificación del país. En el año 1964 fue promulgada la Ley de Conmutación de Penas, que perseguía facilitar la reincorporación tanto del Movimiento Izquierdista Revolucionario como del Partido Comunista al juego democrático.
En esta etapa de nacimiento y consolidación del sistema político, la guerrilla venezolana actuó con el franco apoyo del gobierno de Cuba, que envió recursos financieros, armas y pertrechos de guerra, hecho que se evidencia no solo por la presencia de combatientes cubanos en nuestro país sino por el desembarco de armas y de personal de combate en las costas de Chichiriviche y Machurucuto. Fuera de las acciones de guerra de guerrillas, del combate con el ejército regular y de acciones de terrorismo urbano recurrieron al secuestro de medios de comunicación y de personas, aunque con fines netamente propagandísticos y desestabilizadores. No para lograr recursos financieros, pues éstos provenían en primer lugar de otras incursiones delictivas, y principalmente de la ayuda exterior.
Entre los secuestros famosos figura el ocurrido a finales de 1961, cuando un avión DC-6B de Avensa que partía del aeropuerto internacional de Maiquetía con destino a Maracaibo fue obligado a sobrevolar la ciudad de Caracas para arrojar panfletos. Esto se conoció como la operación Lina Gouverneur. El aparato aterrizó en Curazao, donde se logró la captura de todos los participantes.
En 1963 fueron secuestrados el carguero Anzoátegui y el futbolista Alfredo Di Stefano del equipo Real Madrid. Ambas acciones fueron ejecutadas por un comando de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional en la operación Julián Grimau, que liderizó el comandante guerrillero Máximo Canales junto con Rómulo Niño.
Di Stefano fue puesto en libertad a los tres días en las adyacencias de la embajada de España. Ya finalizando 1963 fue secuestrado el coronel James Chenault, sub jefe de la misión militar norteamericana en Venezuela, en la entrada de su residencia. Fue puesto en libertad luego de nueve días de cautiverio. En esos mismos días fue secuestrado un avión Convair de Avensa. Su piloto fue obligado a sobrevolar Ciudad Bolívar para lanzar panfletos subversivos. Esto se conoció como la operación Padre de la Patria. Todos los participantes fueron detenidos cuando aterrizaron en Trinidad.
Al finalizar el gobierno del presidente Leoni, en Marzo de 1967, ocurrió el secuestro y asesinato del presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y hermano del Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Iribarren Borges. A los pocos días murieron los autores de este hecho al enfrentarse a una comisión de la DIGEPOL en un rancho de Petare los ciudadanos Luis Vera Betancourt y el Loco Fabricio Ojeda.
Es importante destacar que el hampa común se aprovechó de esta situación y realizó algunas incursiones en este tipo de delito, como fue el secuestro de las hijas del conocido animador de televisión Renny Ottolina, en 1969, a quien le solicitaron la cantidad de US $ 120.000.
En los secuestros políticos de esta primera etapa democrática no se requirió ningún rescate económico. Sus autores perseguían evidentes fines propagandísticos y desestabilizadores. Por esto, desde el plano eminentemente jurídico-penal no se les puede denominar como secuestros. En nuestro Código Penal este es un delito contra la propiedad y se materializa con el cobro del rescate.
Los organismos de investigación criminal y de seguridad del Estado recién nacían, y por ende poseían muy poca tecnificación. Se investigaba en la mayoría de los casos sobre la base de fuertes interrogatorios. La captura de los autores o el desmantelamiento de las organizaciones ocurría siempre por una delación. En el esclarecimiento de estos hechos tuvo muy poca participación el Cuerpo de Investigaciones Criminales, pues de ello se encargaban tanto la DIGEPOL como el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFA). A pesar de todo esto, la actividad del secuestro no fue muy extendida en esta primera etapa democrática. Quizás uno de los factores que más contribuyó a esto fue que jamás quedaron impunes.