La historia contemporánea del secuestro. Segunda etapa: la pacificación

          Una segunda etapa surgió en 1968 cuando resultó triunfador el candidato del partido Socialcristiano COPEI, Dr. Rafael Caldera. Al tomar juramento el 11 de Marzo de 1969 anunció como una de las principales medidas una política de pacificación centrada en dos aspectos fundamentales: en lo político, la legalización de las organizaciones partidistas proscritas por el presidente Betancourt. Este procedimiento favoreció al PCV, al MIR y al PRV. Se pacificó a los guerrilleros que así lo aceptaran y que se agruparan en sus propios medios de participación política. En lo jurídico fueron indultados los líderes de las organizaciones para que abandonaran la lucha armada.

          Paralelamente a estas acciones fueron reestructurados los organismos policiales. La Digepol fue sustituida por un cuerpo más investigativo, denominado Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP).  Sus integrantes fueron preparados en técnicas de inteligencia y en formación de redes. La DISIP fue equipada con sofisticada tecnología.

          No todas las organizaciones políticas de izquierda ni sus líderes decidieron acogerse a la política de pacificación del Gobierno. Entre finales de 1971 y 1972 el grupo Bandera Roja, comandado por Américo Silva, aunque minimizado seguía operando en las montañas de Anzoátegui y Monagas.  Formó cuadros tácticos de combate para desarrollar la guerrilla urbana. También el PRV-FALN y Punto Cero, al mando de Douglas Bravo. A principios de 1971 estas tres organizaciones se unieron en lo que se llamó el Comité de Integración Revolucionaria (CIR) y decidieron hacer una primera acción coordinada con fines propagandísticos y logísticos.

          Fue el secuestro del industrial Carlos Domínguez Chávez, conocido como el Rey de la Hojalata por sus fábricas de envases de metal. El hecho se concretó el primero de junio de 1972 en la urbanización el Paraíso. Por primera vez trabajaron juntos y coordinados la recién creada DISIP y el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, que básicamente se encargó de las pesquisas criminalísticas. Por la liberación del industrial se exigió la cantidad de cinco millones de Bolívares, para la época US $1.162.720 americanos. Luego de quince días en cautiverio y de haber pagado el rescate es liberado Domínguez. Tras cuatro meses de pesquisas, se logró la captura de todos los plagiarios quienes fueron puestos a la orden de la justicia militar.

          Varios secuestros hizo el hampa común, que muchas veces actuaba con la apariencia de ser elementos de la lucha armada. Entre ellos tenemos el de León Taurel, y casi finalizando el período presidencial el del niño Vegas Pérez, quien apareció muerto el 23 de febrero de 1973, causando una gran conmoción pública, no sólo por la muerte del niño sino porque los indiciados en el hecho pertenecían a altas esferas sociales y económicas de la sociedad. Se especulaba que este secuestro fue realizado cuando varios muchachos necesitaban dinero para la adquisición de drogas.

          En 1974, y luego de haber ganado por primera vez la presidencia Carlos Andrés Pérez, ocurrió el secuestro del industrial William Frank Niehous, uno de los más largos y complicados de la historia policial venezolana, y quizás el último perpetrado por organizaciones políticas con fines propagandísticos y financieros.

          Niehous fue capturado en su residencia, la quinta Betchirro situada en la calle Isla Larga de Prados del Este. Era un industrial norteamericano, gerente general de una empresa transnacional dedicada a la fabricación del vidrio, la Owens Illinois. Sus plagiarios estaban aún vinculados con la lucha armada, según se evidencia de los comunicados, tanto del 26 de febrero de 1976 como en del 01 de Marzo de ese mismo año, en los que sus autores se denominan Comando Revolucionario de la operación Argimiro Gabaldón.

          En estos comunicados llaman a la unión de los grupos revolucionarios y denuncian una serie de hechos de corrupción de la empresa y de altos personeros del Gobierno.

          Al intentar cobrar un anticipo del rescate, el 21 de julio de 1976, la DISIP detuvo a los ciudadanos David Nieves e Iván Padilla. Días más tarde el mismo organismo detuvo al dirigente de la Liga Socialista Jorge Rodríguez, quien murió en un calabozo luego de una fuerte golpiza. Horas después fue allanada la inmunidad parlamentaria de los diputados Salom Meza Espinoza y Fortunato Herrera, a quienes se les señaló el haber hecho diligencias para el cobro del rescate.

          Desde esa fecha se perdió el contacto con los secuestradores, hasta que el 29 de julio de 1979 dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, haciendo una investigación de abigeato, encontraron al secuestrado en una vivienda rural de un hato ganadero de nombre Dividivi de la población de Maripa, estado Bolívar. En el hallazgo murieron dos de sus captores. Quizás este sea uno de los últimos secuestros nacionales más importantes.

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