En las informaciones que presentaremos trataremos de hacer las apreciaciones que nos permitan lograr un seguimiento de lo que ha sido el secuestro, y en especial el fronterizo, en estos últimos años.
Los datos, obtenidos de diversas fuentes, nos han sido suministrados advirtiéndonos que, siendo referentes al delito del secuestro, resulta muy difícil evitar que algunas de ellos carezcan de la exactitud que desearíamos ofrecer. Hemos tratado de poner nuestro mayor énfasis en las cantidades, en la autoría, en el lugar y en las fechas, de manera que podamos agruparlas para facilitar el análisis de la evolución del secuestro en nuestro país.
Con respecto a los lugares, muchas veces sólo hemos podido conocer el estado en que ocurrió, dato insuficiente pero que con la ayuda de la fecha podemos ordenar cronológicamente junto a los que se realizaron en esa misma región.
Para los propósitos de nuestro libro, los nombres y apellidos de los secuestrados no tienen una utilidad inmediata, no obstante los hemos incluido en los anexos, pues en cierto modo pueden servir de confirmación de la veracidad de los otros datos. Cada uno de los personaje incluidos en esa lista es un desafortunado testigo de la gravedad individual del problema. Pero aun en sus nombres puede que en algunos casos haya cierta inexactitud.
De todas maneras, estos pequeños detalles, aun si los llegáramos a despreciar, no desvirtuarían los señalamientos que en función de las cifras hemos obtenido sobre la magnitud del problema. Repetimos que, aun aisladamente, un secuestro plantea todo un drama a la víctima, a su familia y a las autoridades que lo combaten, de modo que resultaría absurdo calificarlo de simple detalle. Pero el conjunto de ellos, precisados en el espacio y en el tiempo, causa un impacto mayor y puede ayudarnos a entender la importancia de reducir esta amenaza a su mínima expresión.
La ausencia de denuncias, a la que nos referiremos más adelante, es otra de las razones de la imprecisión. Es una de las dificultades que, por razones muy humanas y comprensibles, ponen a la víctima a veces en contra de nuestros esfuerzos.
Observemos el gráfico 1. Si dividimos este lapso de 50 años en dos etapas, en la primera de 35 años -desde 1950 a 1985- nos encontramos que hubo un total de 33 secuestros, con un promedio de 1 secuestro anual. (ver gráfico 1 )
En la segunda etapa de 15 años -desde 1986 hasta diciembre del 2000, ocurrieron 482 secuestros, elevando el promedio anual a 32 casos. Aunque entre 1986 y 1990 ningún año superó los 20 secuestros anuales. Según el mismo gráfico 1, a partir de 1991 se superó el promedio de secuestros anuales.
Ocurrieron 33 secuestros en la primera etapa, equivalentes al 5,5% del total de los casos de ambas etapas (515 casos). Los 482 secuestros que sucedieron en la segunda etapa, equivalen al 93,6%.del total.
Cuantitativamente, esta primera etapa pareciera menos importante, pero cuando se trata de secuestros, repetimos, uno es suficiente para causar graves angustias. La primera etapa fue un indicativo de la amenaza que se cernía sobre nuestro país. La segunda etapa, pone en evidencia que no supimos interpretar la aparición de estos secuestros, aparentemente aislados, como graves señales de algo que hemos debido atacar a tiempo, en vez de permitir que llegáramos a la situación actual.
Este gráfico ( No. 2 ) nos muestra la forma como se ha presentado la autoría, es decir, los grupos a los que se atribuye la participación en los secuestros. Allí observamos que al ELN se lo responsabiliza de 154 (37% del total), a las FARC de 124 secuestros, (29 % del total), al EPL de 53 (12 %) y tenemos además al hampa común con 68 secuestros (16 %) y al hampa organizada con 22 secuestros (5 %). Los grupos subversivos totalizan 331 y el hampa en general 90 casos.
El delito del secuestro, en cuanto a su registro, por razones distintas tiene una similitud a la violación. El número de violaciones conocido es inferior a la cantidad real de estos delitos. En la mayoría de los casos, la víctima siente vergüenza de que se sepa lo ocurrido. En el caso del secuestro, no se trata de vergüenza sino de miedo a varias circunstancias como son: a)las represalias de los secuestradores, si al denunciarlos se les causa algún problema; b)miedo a la suerte de la familia por las mismas razones; c) miedo a las autoridades que, al intervenir en situaciones tan delicadas, puedan cometer algún error fatal; y d) miedo a que la denuncia pueda entorpecer las gestiones que la familia pueda estar haciendo para su liberación, etc.
Al analizar el gráfico 3, sobre la distribución de los secuestros por estados, observamos que 77% (370 secuestros) ocurre en las regiones fronterizas. El resto, 112, (un 23 %) son casos que han ocurrido en otras partes.
El estado más amenazado del país es Apure, con 150 secuestros; equivalente al 41%; luego el estado Táchira con 94 secuestros, equivalente al 25%; Zulia con 78 secuestros (21%), y Barinas con 48 casos, equivalente al 13% del total de secuestros registrados en estos cuatro estados (ver gráfico 3 ).
Los 112 secuestros restantes equivalentes al 23% se han cometido en los 14 estados restantes. Además, notarán que aunque Barinas no es estrictamente fronterizo, geográficamente está tan imbricado entre los estados Apure y Táchira, que se involucra en su misma suerte.
El estado más afectado por los secuestros es Apure, aunque en 1978, 1980 y 1992 no se registraron casos. Sin embargo, en 1999 se reportaron 33, cantidad no superada en ningún estado venezolano ( ver gráfico 4 ).
En el Táchira, desde 1983 hasta 1989 se registraron cuatro secuestros pero a partir de 1990 hasta 1997 el promedio fue de10 casos anuales. Luego de un marcado descenso en 1998 y 1999 se produjo un nuevo incremento. El año con mayor cantidad de secuestros fue 1996 con 16 casos (ver gráfico 5)
La situación del estado Zulia es parecida a la del Táchira, ya que desde 1981 a 1990 se registraron 3 secuestros. No obstante, a partir de 1991, el promedio se elevó a 7 anuales. El peor año fue 1993 con 13 secuestros (ver gráfico 6 ).
En Barinas no fueron reportados secuestros durante 1982 y 1989, luego se presentaron 5 casos entre 1990 y 1991, ninguno en 1992, pero a partir de 1993 la cifra creció moderadamente hasta 1995. Desde 1996 hasta la actualidad se establece un promedio de 7 casos anuales. En este estado, el año con mayor número de casos fue 1996 con 9 (ver gráfico 7 ) .
Un análisis de estas cifras en los años y en los estados, en un trabajo más a fondo, podría ofrecer resultados interesantes, al asociar sus variaciones con otro tipo de circunstancias por las que nuestro país atravesaba en los años abarcados en este estudio.
El interés de estas consideraciones es doble, al haber circunstancias que influyen en el número de secuestros. Del mismo modo, el aumento o disminución de los secuestros ejerce influencia en el desarrollo de otras actividades. El terrorismo afecta a la economía de una zona, y produce consecuencias como:
a.- el éxodo de personas que van a buscar un ambiente de trabajo con menores riesgos,
b.- el abandono de fincas productivas cuyos dueños aterrorizados venden a precios irrisorios,
c.-la desmoralización que produce vivir en ese medio y
d.-el pago vejatorio de vacunas precisamente a quienes crean esta situación.
El narcotráfico, interesado en adquirir propiedades en estas zonas, las obtendrá a mejor precio. Aunque quien trabaja con dinero mal adquirido generalmente ofrece precios más altos, con tal de alejar a los propietarios nacionales y ocupar las áreas adecuadas para futuras siembras de las plantas que constituyen su materia prima, o establecer instalaciones para facilitar el procesamiento, transporte y almacenamiento de sus productos.
A la larga, nuestro territorio será habitado por guerrilleros y narcotraficantes extranjeros. La población fronteriza, conformada por venezolanos y colombianos dedicados a la agricultura y la ganadería, se encuentra en medio de territorios donde las guerrillas y los organismos oficiales alternan su hostigamiento en busca de información. Por miedo a asumir actitudes hostiles, los pobladores engañan o complacen a los unos o a los otros, según se pueda, más por instinto de conservación que por convencimiento ideológico o política.
Esta situación es sumamente dañina para la economía, que basa sus actividades en el factor confianza. A la larga, quienes allí viven, o mejor dicho sobreviven, son aquellos que no tienen cómo irse, que están tercamente aferrados a sus tierras, o aquellos que tienen cuentas pendientes del otro lado de la franja limítrofe.
Ni en los cálculos de los guerrilleros, ni en los de los traficantes de drogas, a juzgar por las masacres, tienen valor las angustias, las penalidades, la suerte y las vidas de estos seres humanos.
Por todos estos trabajadores, compatriotas o extranjeros, que luchan en este ambiente de terror, debemos mejorar nuestra capacidad de defensa para devolverles la paz a la que tienen tanto derecho.
Recordar lo que el Libertador dijo el 26 de octubre de 1826: “Primero el suelo nativo que nada: él ha formado con sus elementos nuestro ser; nuestra vida no es otra cosa que la esencia de nuestro pobre país; allí se encuentran los testigos de nuestro nacimiento, los creadores de nuestra existencia y los que nos han dado alma por la educación, los sepulcros de nuestros padres yacen allí y nos reclaman seguridad y reposo, todo nos recuerda un deber.”