Colombia vive una situación interna compleja. No solamente está siendo afectada por las incertidumbres que se generan de la crisis política e institucional del Estado, sino también por una escalada guerrillera, en una cantidad y con una violencia como no había ocurrido nunca antes, que ha sacado provecho del debilitamiento del Gobierno para atacar ciudades importantes y algunos pueblos próximos a éstas.
Esta violencia se ha extendido a los países vecinos como es el caso específico de Venezuela. La subversión colombiana inició actividades violentas contra su vecino en 1976, cuando comenzaron a registrarse el secuestro y el bandolerismo bajo la dirección del grupo guerrillero M-19 y, posteriormente, las FARC y el ELN, siendo este último el principal azote de la frontera colombo – venezolana. Desde entonces, las áreas más afectadas han sido los estados Zulia (la Sierra de Perijá, el sur del Lago de Maracaibo), Táchira y Apure.
Los incidentes de la subversión colombiana en la zona limítrofe pretenden utilizar al país como área de alivio o descanso, fomentando ataques a puestos fronterizos de la Fuerza Armada Nacional, con lo cual crean un clima de inseguridad en las zonas agrícolas y pecuarias.
Tales operaciones interfieren en las relaciones bilaterales, puesto que Venezuela y Colombia intercambian notas de protesta por violación del territorio nacional y los derechos humanos y por otros actos (la persecución en caliente y el Plan Colombia) que afectan la soberanía nacional.
La militarización de la región obligó a la creación de los Teatros de Operaciones y al incremento del presupuesto operativo de la Fuerza Armada Nacional. Pero, a su vez, la guerrilla intensificó sus ataques a los puestos fronterizos, infiltró espías en la comunidad y el comercio y reclutó a jóvenes campesinos venezolanos en sus ejércitos subversivos.
Además, mantiene firmes sus amenazas de secuestro o asesinato y extorsión a los alcaldes regionales venezolanos para sustituirlos por alcaldes simpatizantes. Igualmente, la industria petrolera vive bajo el desafío del secuestro de su personal, ataques a los equipos de contratistas, asesinatos a trabajadores y representantes sindicales, de acuerdo con las notas extorsivas emitidas por estos grupos.
