La industria petrolera nacional ha sufrido en los últimos cinco años los embates directos de la guerrilla colombiana que opera en la frontera entre el departamento del Arauca en Colombia y el estado Apure en Venezuela. Inicialmente para amenazar a la industria petrolera la guerrilla colombiana utilizaba el método extorsivo de enviar una amenaza escrita de causar daños a la propiedad como por ejemplo volar el oleoducto o las plantas de recolección y bombeo de Guafita o La Victoria o de secuestrar a sus trabajadores para tratar de doblegar a la industria en el pago de dinero, estos esfuerzos no le rindieron ningún beneficio a la guerrilla debido a la postura inflexible de Petróleos de Venezuela S.A. de respetar la política del estado de no negociar con grupos subversivos.
Otros riesgos y amenazas producidos por la guerrilla en las zonas fronterizas en contra de la industria petrolera son el contrabando de combustible, atentados a las instalaciones con incendio, robo de aeronaves, secuestro de la tripulación, daños a la propiedad declarada objetivo militar.
El sector conexo petrolero de la zona fronteriza no se ha escapado de estas agresiones contra su personal y sus bienes. En ocasiones empresas de este sector han sido atacadas por negarse a cancelar los montos correspondientes al boleteo. El boleteo es igual a la vacuna, solo que es aplicada al comercio. Este sector no recibe con la misma intensidad la protección del estado que recibe la industria petrolera nacional; en consecuencia, sufren el efecto de la extorsión y la vacuna para poder operar en la zona. Esta situación que afecta al sector petrolero conexo también afecta indirectamente los costos de los trabajos y servicios que le prestan a la industria petrolera, en el sentido que estos costos no auditados son transferidos a Petróleos de Venezuela S.A.
Desde el inicio de sus actividades petroleras en las zonas fronterizas, Petróleos de Venezuela ha mantenido sus objetivos bien claros con respecto a las amenazas recibidas de parte de la guerrilla colombiana. La industria petrolera siempre ha mantenido que su misión en el área es la de producir petróleo, no la de negociar con grupos subversivos y mucho menos dejarse extorsionar o negociar directamente la liberación de trabajadores secuestrados. El estado de indefensión que existe en la frontera, obligó a Petróleos de Venezuela a solicitar y obtener apoyo de las Fuerzas Armadas Nacionales y a mantener activos sus programas de inversión social para asegurar el respaldo de las autoridades y del pueblo en el desempeño de sus actividades de exploración y producción petrolera.
El efecto más significativo que la subversión ha tenido en la industria petrolera es que la ha obligado a modificar los procedimientos de trabajo y operación, y hacer inversiones cuantiosas en seguridad y protección de su personal e instalaciones. Los costos relacionados con la seguridad de instalaciones se han incrementado y el costo de los trabajos efectuados por las empresas contratistas del sector conexo petrolero refleja incuestionablemente un sobreprecio cuya única explicación lógica seria reflejar el pago de vacuna que hacen a la guerrilla para poder operar tranquilamente en la zona. Otro efecto importante es la puesta en marcha de una serie de medidas de prevención entre las cuales se resaltan:
1.- Militarización de los campos de producción.
2.- Adiestramiento continuo del personal de operaciones de producción.
3.- Incrementar las medidas de protección física en las instalaciones fronterizas con tecnología de protección que permita una alerta temprana.
4.- Mantener una red de información en la zona que permita conocer anticipadamente cualquier posible acción de secuestro.
5.- Mantener activo el programa de inversión social en las zonas fronterizas de producción.
6.- Hacer cumplir todos los procedimientos establecidos para la protección de personas y bienes como por ejemplo:
*Salida al campo de producción solamente con órdenes de trabajo.
*Acompañamiento con escoltar militar y vehículo blindado.
7.- Mantener actualizados los planes de contingencia para casos de secuestro.
Las acciones de la guerrilla sobre la industria petrolera además de los efectos antes citados tienen unas consecuencias económicas en mayor o menor grado dependiendo de donde ocurran dichas acciones.
1.- Afectan la economía de las empresas petroleras y por ende la balanza comercial del país al desviar fondos excesivos en reponer las pérdidas sufridas.
2.- Elevan los costos de operación en todas las actividades petroleras.
3.- La incertidumbre en la entrega del crudo afecta el costo del barril. Por ejemplo, hay poco almacenaje para contingencia en caso de falla en la producción. Esta condición afecta la carga de entrega a las refinerías y puede generar importaciones de crudo para compensar el faltante.
4.- Encarecen los costos de los proyectos de todo el sector petrolero haciéndolos menos rentables comparándolos con el resto de las áreas de operación en Venezuela o de otros países.
5.- Las amenazas y acciones criminales de la guerrilla ocasionan retrasos en los proyectos y los encarecen. Por ejemplo, la destrucción de maquinarias de las empresas contratistas que se niegan a pagar extorsión generan retrasos en su culminación y aumento de costos en obras y proyectos.
Estas acciones de la guerrilla tienen implicaciones hasta ahora de índole social, debido a que impiden o retrasan el desarrollo de las regiones productoras de petróleos al recibir menos regalías de inversión. Afectan la estabilidad política y social de la zona al generarse situaciones difíciles de ingobernabilidad.
Estas acciones criminales de la guerrilla obligan a desviar grandes cantidades de dinero de sectores prioritarios y rentables como lo son el sector social, educativo, industrial, para atender la seguridad y protección del sector petrolero especialmente en el mantenimiento de la fuerza publica. Afortunadamente en Venezuela no hemos sido víctimas al menos recientemente de voladuras de oleoductos o refinerías. Estas acciones causarían un gran desperdicio de recursos no renovables y causaría grandes daños ecológicos que tomaría mucho tiempo recuperar. En caso de ocurrir, contribuirían a deteriorar la imagen de Venezuela ante la comunidad internacional dificultando aún mas la llegada de capital extranjero.
Finalmente, y no menos importante, es la violación continua de los derechos humanos de los trabajadores del sector petrolero que han sido o pueden ser secuestrados en cualquier momento.